Escrito por Manuel Riesco / El Clarin “Si se aportó una miseria ¿porque se pide al sistema que de más que una miseria?”, declaró recientemente uno de los apologistas de las AFP. La verdad es que las cotizaciones y subsidios fiscales aportados al sistema de AFP, en conjunto triplican el monto de las pensiones pagadas por éste. Así lo demuestra un estudio de CENDA, que analiza este sistema, establecido el año 1981 por Pinochet. Tres décadas más tarde y a dos del término la dictadura, todos los trabajadores y trabajadoras chilenas continúan forzados a afiliarse a las AFP, como sistema único de pensiones contributivas. Éste se apropia, mes a mes, de un gran excedente en dinero efectivo, el que ha venido canalizando, en su mayor parte, hacia los propios administradores del sistema y los mercados financieros. Al mismo tiempo, paga pensiones muy bajas. ¿Hasta cuando? El año 2012, el Estado pagó directamente el doble de pensiones que el sistema privado, incluyendo las que perciben tres de cada cuatro adultos mayores; aparte de las pensiones militares. Financió el 80 por ciento del monto de las pensiones civiles: el total de las que paga directamente y más de dos tercios de las que paga el sistema privado. Es decir, en Chile, el Estado carga con casi todas las pensiones, pero todas las cotizaciones se desvían a las AFP. El estudio comprueba que ese año, las cotizaciones más que duplicaron el monto de las pensiones pagadas por las AFP y compañías de seguros, y el Estado aportó adicionalmente, subsidios equivalentes a dos tercios de éstas. El flujo mensual aportado al sistema, menos los beneficios pagados por éste, dejan así un enorme excedente en dinero efectivo. En su mayor parte, éste se transfiere de inmediato a los mayores grupos económicos que operan en Chile, incluidos los propietarios de las AFP, o se exporta a los mercados financieros internacionales. A la pasada, las AFP y compañías de seguros, se embolsan comisiones y primas netas, cuyo monto acumulado se aproxima al total de las pensiones pagadas; dichos cargos equivalen a más de uno de cada tres pesos cotizados desde su creación. Los montos de las pensiones son inciertos, dependiendo de las veleidades de los mercados financieros internacionales, que en los últimos seis años han generado más pérdidas que ganancias al fondo de pensiones. Se reducen periódicamente, al aumentar la esperanza de vida de los afiliados y no representan sino una parte menor de los últimos ingresos en actividad. Ello fue reconocido por la reforma de la Presidenta Bachelet, que estableció un esquema paralelo de pensiones solidarias, de cargo fiscal, para cubrir a quienes no recibían pensión alguna y suplementar las pensiones más bajas. Los aportes previsionales solidarios (APS), conjuntamente con las anteriores garantías estatales de pensión mínima (GEMP), suplementan actualmente a la mitad de las pensiones pagadas por el sistema privado. Estos subsidios incrementan el monto del conjunto de las pensiones privadas, en más de una sexta parte. Adicionalmente, dicho monto se ha incrementado en más de una quinta parte, al contabilizar los “bonos de reconocimiento”, entregados por el Estado a quiénes se cambiaron desde el antiguo sistema. De este modo, los montos de las pensiones privadas se incrementan, en promedio, en más de un tercio, al contabilizar estos aportes fiscales. En el caso de aquella mitad de las pensiones que reciben APS o GEMP, la contabilización de los aportes referidos las incrementan en un 73 por ciento. El aporte fiscal en dinero efectivo, representa una proporción todavía mayor del monto de las pensiones pagadas por el sistema de AFP: dos tercios el año 2012 y tres cuartos desde 1982. Sin embargo, su incidencia sobre el monto de las pensiones pagadas se reduce, debido a que el Estado traspasa cada año el monto íntegro de los bonos de reconocimiento de las personas que cumplen su edad legal de jubilación, pero las AFP imputan solo una pequeña parte de dicho monto a las pensiones pagadas cada año. Aquellos que quedaron al margen del sistema solidario, es decir, quienes reciben pensiones superiores a los 266.000 pesos mensuales, reciben asimismo pensiones muy reducidas. De este modo, en los hechos, los trabajadores de ingresos medios se han quedado sin pensiones. Ello afecta de modo aún más severo a los funcionarios del Estado, a quiénes se cotizó durante años por menos de sus ingresos totales. Todas las mujeres son discriminadas, puesto que son el único grupo al que se aplica una tabla diferenciada en función de su mayor expectativa de vida, la que resulta en pensiones significativamente inferiores a los hombres que han acumulado el mismo fondo al jubilar. Ello es reconocido hoy día de manera unánime. Por este motivo, las pensiones han vuelto al centro del debate público. Todos los candidatos presidenciales y parlamentarios se refieren al problema de las bajas pensiones y proponen alternativas de solución. Sin embargo, hasta el momento, las propuestas con mayor presencia en los medios proponen más de lo mismo: aumentar las cotizaciones o mejorar la competitividad del sistema creando una AFP estatal, aumentar los subsidios públicos o, derechamente, reducir aún más los derechos previsionales de los chilenos y especialmente las chilenas, elevando su edad de jubilación. Por otro lado, las principales organizaciones sociales, encabezadas por la CUT han levantado la exigencia de terminar con las AFP y reconstruir un sistema público basado en el mecanismo de reparto. Este trabajo argumenta que ese camino no sólo es factible, sino que constituye la única manera de mejorar sustancialmente las pensiones de hoy. Al terminar con el sistema de AFP, el Estado recuperará las cotizaciones y subsidios que hoy se apropian las AFP, que el año 2012 sumaron 5,8 billones de pesos. Ello que le permitiría pagar todas las pensiones del sistema incluidos todos los subsidios a las mismas, a un costo de 1,1 billones de pesos anuales. Exceptuando, desde luego, las pensiones vitalicias que hoy pagan y deberán continuar pagando las compañías de seguros, puesto que se han apropiado del fondo completo de sus afiliados. Quedaría así un excedente de 4,7 billones de pesos por año, equivalente a unos nueve mil cuatrocientos millones de dólares anuales. Ello permitirá duplicar las pensiones que paga el sistema privatizado, incluidos los subsidios, a un costo de 2,3 billones de pesos anuales. De este modo, se equipararán con las del antiguo sistema público para trayectorias laborales similares. Quedará todavía un excedente de más de un 2,4 billones de pesos anuales, que permitiría mejorar otras pensiones y ahorrar para el futuro. Todo ello sin aumentar las cotizaciones ni tocar el fondo de pensiones. Precisamente por estos motivos, Polonia, Hungría, Bolivia y Argentina han terminado con los símiles parciales del sistema de AFP que habían implementado en décadas pasadas. Al igual que ocurrió en todos esos países, seguramente habrán muchas críticas al hecho que el Estado asuma nuevamente las pensiones de sus ciudadanos, pero nadie, ni una sola voz, se levantará en defensa de las AFP.