A un año del histórico triunfo de Totoral sobre Termoeléctrica Castilla:

Frente a la ceguera energética de los gobiernos, las luces comunitarias

Lucio Cuenca B

Director Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

Hoy 28 de agosto se cumple un año del fallo de la Corte Suprema que revocó los permisos ambientales de la Central Castilla, reconociendo que el Estado había operado de manera ilegal y arbitraria, arriesgando la vida de Totoral y las caletas vecinas, para posibilitar la inversión de Eike Batista, entonces séptima fortuna del mundo.

Sin duda esta sentencia marcó un punto de inflexión en la institucionalidad ambiental chilena: se falló por primera vez de manera preventiva, se acusó el modo perverso en que se aprueban los proyectos para burlar el espíritu de la ley, y se entendió que en Chile aún hay gente, y muchísima, que tiene valores antes que precio.

Sin embargo, paradójicamente, los políticos de todas las bancadas, parecen no escuchar nada, y han seguido operando para buscar nuevos resquicios que posibiliten el modelo de país extractivista que las comunidades no están dispuestas a sostener más, repitiendo hasta el cansancio que la energía es un tema crucial porque sino no podremos alcanzar “el desarrollo”… su desarrollo.

En esta línea se inscriben medidas como la no aplicación de la consulta indígena y de la ley de resguardo de áreas protegidas para la Ley de Concesiones que requiere Hidroaysen; o también, el acuerdo reservado en el tema energético que hace una semana sostuvo la Alianza con la Nueva Mayoría, para que el gobierno de Piñera de la impresión de cumplimiento programático, y el gobierno que venga, se dote de mecanismos para prevenir la conflictividad social.

Uno de los gestores de este acuerdo es Marcelo Tokman (PPD), ex ministro de energía de la presidenta Bachelet, responsable del oficio ordinario N° 14, crucial en el Caso Castilla, pues en él se manifestaba la disconformidad de la cartera a la calificación técnica de “industria contaminante” de la Seremi de Salud de la Región de Atacama, Pilar Merino, para la termoeléctrica más grande de América Latina. Este oficio fue el que respaldó la calificación de “industria molesta” que permitió la aprobación de Castilla y que después la Corte sancionó como ilegal. De hecho, Tokman, una vez publicado el fallo del máximo tribunal de justicia, manifestó su apoyo a la Ministra Benitez que escandalosamente declaró que el fallo del poder judicial era “erróneo”. Tokman fue también uno de los convocados a la reunión del Crowne Plaza en septiembre del 2012 en que, con participación del sector energético y minero y los ministerios de Medio Ambiente, Segpres, Minería y Energía, se definieron mecanismos para evitar la “judicialización” futura de nuevos proyectos energéticos, o sea, para blindar el modelo extractivista ante la vulneración criminal de derechos que trae consigo.

Tokman fue también el ideólogo de los fast tracker en proyectos emblemáticos del sector energético, práctica que luego decantó en el Comité de Agilización de Inversiones (CAI) que, en el caso Castilla, luego del Informe de Contraloría del 5 de septiembre de 2011, se develó que no asesoraba, sino que presionaba a los organismos del Estado para que viabilizaran los proyectos, excediéndose a todas luces de sus funciones.

Es interesante a un año del histórico triunfo de la comunidad de Totoral y a menos de un mes de revocado el permiso ambiental de Punta Alcalde de Endesa, ver el modo de operar de los grupos económicos y de los políticos afines, para protegerse del creciente despertar comunitario. En vez de despertar también, optan por cerrar más fuerte los ojos, y todo hace pensar que seguirán arguyendo “judicialización” cuando las comunidades no estén dispuestas a dejarse ejecutar por el poder ejecutivo, y exijan a la justicia que escuche lo que políticos y autoridades locales se niegan a escuchar: queremos otro Chile, uno en donde podamos vivir.