En el 2019, 47.000 familias vivían en campamentos en Chile. Hoy, el número supera las 81.000, representando un aumento del 73% según el Catastro de campamentos elaborado por TECHO Chile. Un 92% de estas familias no cuenta con acceso regular al agua potable. Esta situación se suma a la crisis hídrica que tiene a casi un tercio de las comunas del país con decretos de escasez hídrica.

Así, cada vez más familias en Chile dependen de la gestión de sus gobiernos locales para abastecerse de agua potable. Gestión que muchas veces es insuficiente para entregar siquiera el mínimo de litros por persona recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto adquiere otra gravedad en contexto de pandemia, donde la disponibilidad de agua para lavarse las manos define la capacidad de una persona para cuidarse del contagio.

“El municipio siempre es la primera puerta que un vecino urbano o rural toca ante una necesidad tan básica como el agua. Esto ha creado una estructura de respuesta en la que los municipios tienen que responder, con o sin medios detrás. Pero sin la estructura presupuestaria y los recursos necesarios, esto se vuelve un gran desafío”, resume María Yelena Chávez, secretaria técnica de la comisión de recursos hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

Similar reflexión hace Josefina Correa, directora política de Greenpeace. “En Chile son otros los organismos que han gestionado el agua y la han gestionado mal. Resulta paradójico que la jurisprudencia entregue la obligación de proveer de agua a los gobiernos locales, que no pueden reasignar el agua que se necesita en su territorio. Los gobiernos locales, sin importar su color político, han visto de cerca la falta de agua y cómo los fondos del municipio se van persistentemente en un modelo de gestión que está mal administrado y que es inequitativo en sus bases”, analiza.

El precio de proveer agua potable

Una de las principales preocupaciones, tanto para los municipios como para quienes la reciben, es la calidad del agua que se entrega. “Es una preocupación constante de los municipios si el agua que se está transportando en camiones aljibe es realmente agua potable. Para garantizarlo sería necesario sacar muestras. Hoy en día uno cierra los ojos y confía en que, si está comprando agua potable, eso es lo que se entrega a la población. No siempre lo sabemos”, explica María Yelena.

“Lo siguiente es la merma económica que significa transportar agua a razón de lo que está exigiendo actualmente la Corte Suprema en varios fallos ya, que son 100 litros de agua por persona por día. Estos costos van en desmedro de los recursos que tienen sobre todo los municipios rurales, que subsisten a partir del fondo común municipal”, apunta la secretaria.

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María Yelena explica las diferencias de precio a las que se deben enfrentar a la hora de prestar este servicio, donde comprar agua para reparto es más caro en zonas rurales que urbanas, pero incluso varía de precio dentro de una misma comuna. Las diferencias injustificadas de precios por un mismo servicio de entrega de agua, fueron ampliamente reportadas por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), ya en el 2017.

“Hoy en día nosotros generamos informes ALFA para que la ONEMI destine recursos que ayuden en el abastecimiento de agua cuando se trata de zonas con escasez hídrica. Esto está bien como paliativo, pero tiene que haber una política de estado que incorpore recursos fiscales de forma clara y directa para resolver estructural y gradualmente el problema de abastecimiento”, reclama Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua.

Sin vivienda y sin agua

Bajo estas circunstancias, el servicio presenta fallas y muchas familias han denunciado la intermitencia en la llegada de los camiones, que pasan cada una o dos veces por semana en algunos lugares, variando según las condiciones climáticas y la dificultad de acceso al lugar, como indica Pía Palacios, directora de estudios territoriales de TECHO Chile.

Esta situación se vive por ejemplo en los campamentos, que han aumentado de forma exponencial durante los últimos años, y que en su mayoría no cuentan con un acceso a la red pública a través de medidor propio.

Un 38% de los campamentos accede al agua mediante pinchazos a la red, los que también son irregulares y pueden generar pérdida de agua en las interconexiones, y problemas de calidad. El 30% de los campamentos accede al agua a través de camiones aljibe, sobre todo en la zona norte del país y en los sectores rurales.

Agua para la agricultura familiar

El agua potable es un servicio básico, y según un estudio de la fundación Amulén, la falta de acceso al agua potable está estrechamente relacionada con la pobreza. Esto adquiere un peso mayor en las zonas rurales, donde no solo la higiene básica del hogar está en juego, sino las formas de vida y sustento de las personas.

“El municipio debe priorizar el consumo humano. Eso deja de lado la agricultura familiar campesina. No podemos llevar agua para los animales y las chacras. Esto genera una brecha porque en la vida rural estas cosas son claves para la movilidad y el sustento de las familias”, lamenta María Yelena.

“Los pequeños campesinos y ganaderos están perdiendo todo su patrimonio por la sequía y las heladas. Desde la última sequía, solo queda un 20 o 25% de la masa ganadera que existía en la comuna. Nosotros a duras penas pudimos abastecerles con algo de forraje. No solo se debe garantizar el consumo humano sino priorizar la pequeña ganadería y agricultura. Si no, vamos a tener grandes masas de campesinos completamente empobrecidos, buscando trabajo en el país”, advierte el alcalde de La Ligua.

Hacia una nueva forma de pensar el agua

El modelo de agua que rige hoy en el país, se pensó en una época donde la situación hídrica era radicalmente distinta. Para muchos, nuevos tiempos necesitan nuevas perspectivas, ordenamientos e institucionalidad.

“Lo que debe hacerse en chile es una reasignación de derechos de agua entendiendo la gravedad del escenario actual. Desde una perspectiva de seguridad hídrica para quienes habitamos este territorio, es urgente que los cambios estructurales pasen por manejar las cuencas de forma integrada, proteger los ecosistemas hídricos, revisar los modelos de gestión del agua e incorporar a los usuarios como partícipes de las decisiones.”, resume Josefina Correa.

Para el senador por Valparaíso, Ignacio Latorre, se requiere una institucionalidad coordinada y con otra perspectiva. “Falta una institucionalidad del agua donde exista una coordinación entre el MOP, las instituciones relacionadas al agua, intendencias y municipios junto a las comunidades. Esto requiere recursos adicionales con los que los municipios hoy en día no cuentan. Chile necesita una nueva institucionalidad que proteja el agua, que la considere como un derecho humano y un bien natural común a proteger priorizando el uso humano y también los usos productivos, pero con una lógica de sostenibilidad ecológica”, comenta.

El agua en un nuevo escenario político

Tanto en las elecciones municipales como constituyentes, se impusieron personas que buscan reformar la manera en que se distribuye el agua en el país. Es el caso de Rodrigo Mundaca, electo por amplia mayoría como gobernador de la región de Valparaíso. “Esperamos que el nuevo gobernador pueda ser un tremendo aporte ya que tiene una mirada crítica sobre la usurpación el agua. Como tal, va a poder sensibilizar a nivel central y sumar esfuerzos para abordar el problema”, afirma Rodrigo Sánchez.

La representatividad de nuevas voces en distintos cargos abre una posibilidad para abordajes integrales. “En el acceso inmediato juega un rol importante el municipio, pero también debe trabajar el gobierno regional, relevando el tema a nivel central. A largo plazo se debe pensar en el derecho a una vivienda digna, donde cobra importancia el proceso constituyente, reflexiona Camila Nieto, concejala electa por Valparaíso, quien ha trabajado de cerca con comunidades que viven en los campamentos de la región.

El proceso constituyente es además una oportunidad para consagrar el derecho al agua. “Hemos promovido iniciativas legales como penalizar la extracción ilegal de agua, o promover que el presidente de la república, que tiene la facultad en un estado de excepción constitucional por la pandemia, limite la propiedad privada y priorice el consumo humano. Son medidas de emergencia y se requiere de un abordaje estructural que empieza por garantizar el acceso al agua como un derecho humano. Ese yo creo que va a ser una de las grandes conquistas del proceso constituyente”, concluye Ignacio Latorre.

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