Ecoconstituyentes | Sara Larraín: “La gestión de los bienes comunes debe ser pública”

Ecoconstituyentes | Sara Larraín: “La gestión de los bienes comunes debe ser pública”

Por: Luciano Badal | 06.04.2021
Sara Larraín Ruiz-Tagle es ecologista y activista ambiental con 40 años de trayectoria, ex candidata presidencial (1999) y directora de Chile Sustentable. Ha participado en el diseño de políticas públicas ambientales y hoy se postula a la Convención Constitucional por el Distrito 11, conformado por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura; en el cupo independiente del Partido por la Democracia (PPD). Los principales ejes de su candidatura para la Nueva Constitución son garantizar los derechos humanos y el bien común, proteger la Naturaleza, descentralizar el poder y desconcentrar la administración del Estado.

Desde Bienes Comunes de El Desconcierto, conversamos con candidatos y candidatas constituyentes de diferentes sectores políticos y sociales con propuestas que buscan incluir al medioambiente como uno de los ejes centrales en sus programas.

A continuación, compartimos reflexiones, lineamientos y posturas de Sara Larraín Ruiz-Tagle, candidata independiente en la Lista del Apruebo del pacto Unidad Constituyente conformada por el PPD, PS, PR, DC, PRO y Ciudadanos.

Desde 2008 has participado en el diseño de políticas públicas, las últimas han sido la Ley de Promoción de la Eficiencia Energética (2017-2020), la Mesa para el retiro o reconversión de Termoeléctricas a Carbón (2018-2019) y la Reforma al Código de Aguas (2011-2010). En general, ¿Cómo evalúas las políticas ambientales durante los últimos 30 años en Chile?

Se avanzó en una institucionalidad básica como evaluación ambiental de proyectos, normas, planes de descontaminación, un ministerio, una superintendencia y tribunales ambientales. Pero dicha evaluación no asegura la prevención de impactos, puesto que las normas son laxas de más bajo estándar de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Además, los planes de descontaminación no se cumplen o se hacen a medias, y por ello, muchos chilenos viven en Zonas de Sacrificio.

Junto a esto, el ministerio está bajo control de un comité de ministros del sector productivo, la Superintendencia no tiene recursos adecuados para fiscalizar, y para acudir al tribunal ambiental hay que tener dinero para abogados, informes para probar el daño y pagar peritos. O sea, difícil acceso a la justicia ambiental. Todo esto ha generado un estancamiento de la política y el empeoramiento de la situación ambiental.

Nos encontramos en medio de la crisis de la representatividad, propia de los partidos políticos que han administrado el Estado durante la postdictadura, por lo tanto, también las políticas ambientales que tienen al país en un punto crítico de depredación de la Naturaleza. ¿Por qué pese a ello decidiste ir en un cupo de independiente otorgado por el PPD, piensas que existe una independencia material y verdadera?

Porque fui partidaria de que los partidos, los independientes y los movimientos de oposición que logramos el 78% del Apruebo, deberían ir juntos para lograr el 78% de representantes en la Convención Constituyente, y así poder aprobar por 2/3 las transformaciones sociales, ambientales y políticas que requiere el nuevo pacto social que queremos.

Logramos esa unidad en algunas candidaturas a alcaldías, como en el caso de Sara Campos en la Reina donde yo vivo, pero fracasamos en ir unidos a la Constituyente. Fue complejo y doloroso, ya que en la oposición vamos todos divididos y es comprensible que así haya ocurrido. Hay muchos resentimientos, con fundamento, entre los sectores políticos y entre la ciudadanía y los partidos políticos. Pero hay que mirar para adelante y esforzarse por la unidad programática y en la incidencia del proceso constituyente, de lo contrario no vamos a ganar muchas transformaciones, o avanzaremos muy poco.

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¿Cuáles son los principales ejes de tu candidatura que debiesen plasmarse en una Nueva Constitución?

1: Garantizará los derechos humanos y el bien común: derechos a la vida, salud, educación, vivienda y seguridad social; acceso universal al agua, saneamiento y energía limpia. Incluirá altos estándares de derechos de mujeres, niñ@s, adolescentes, indígenas y migrantes, coherentes con los tratados internacionales ratificados. Abolirá sesgos de género, garantizará los derechos sexuales y reproductivos, y valorará y remunerará los trabajos del “cuidado”. Garantizará el derecho a ser protegidos por instituciones de alto nivel ético, garantes de derechos humanos y probidad (redefinirá el orden público y la función de protección) Reconocimiento constitucional y participación política de los pueblos indígena.

2: Protegerá la naturaleza y sus ciclos vitales; glaciares y cuencas:

Garantizará vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado e incluirá deberes para avanzar hacia un desarrollo económico post extractivista. Establecerá los bienes comunes no apropiables como el agua, glaciares, minerales, cuencas, borde costero, mar y especies marinas. Limitará la propiedad del patrimonio ambiental y establecerá la función social y ecológica de los bienes y el derecho de las generaciones futuras.

3: Descentralizará el poder y desconcentrará la administración del Estado, el cual tendrá una función social y solidaria. Establecerá un sistema fiscal social y territorialmente equitativo y con gravámenes ambientales. Incluirá mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular de ley, los plebiscitos locales, regionales y nacionales y la revocación de mandatos. Incluirá el Cambio climático, la escasez hídrica, la corrupción y el narcotráfico como amenazas a la seguridad.

Al 2020, 136 comunas fueron declaradas bajo sequía y 6 regiones del norte y centro del país se encuentran bajo decreto de emergencia agrícola y escasez hídrica. En una entrevista mencionas la necesidad de “establecer que el agua es una bien natural propiedad de todos los habitantes de la nación”. Con este fin ¿piensas que es necesario derogar el actual Código de Aguas, por qué sí o por qué no?

Si es necesario, derogar el actual Codigo de Aguas. Pero mientras se redacta la Nueva Constitución que establecera el agua como Derecho Humano y como bien publico de todos los chilenos, (inapropiable e inenbargable), no se deberia seguir aplicando el actual Código, sino aplicar la reforma al Código que hoy (después de 10 años de tramitación) está en la Comisión de Constitucion del Senado, y que establece el derecho humano, la propiedad pública y los usos prioritarios domésticos, economias de subsistencia y protección de las fuentes. No podemos aguantar ni un año más con la regulación actual, que nos tiene en una crisis hídrica, social, ambiental y política por la privatización de este bien común, esencial para la vida y la dignidad.

¿Qué tipo de administración y gestión debiesen tener las cuencas y sus aguas, en todos sus estados?

La gestión de las cuencas y del agua debiera ser una gestión integrada, desde la cabecera de cuenca hasta la desembocadura. La gobernanza debe ser pública y comunitaria, con participación de todas las organizaciones y autoridades de cada cuenca, desde asociaciones de agua potable rural, campesinos y regantes, hasta organizaciones ambientales, de turismo, alcaldes, cientificos, etc. Su rol gestión ecológica y democrática de la cuenca y el agua. Los glaciares deben quedar bajo estatus de protección absoluta en todo el país.

¿Qué rol debiese tener el Estado y las comunidades en la gestión de los bienes comunes?

La gestión de los bienes comunes debe ser pública. Ello implica participación del Estado y de los ciudadanos. Al Estado no le dio el ancho para resguardar el bien común, ni el interés público, y el estallido social expresó esta crisis del rol del Estado muy claramente. Por ello, no debemos aceptar nunca más que sólo el Estado administre lo público, pues vamos a fracasar. Lo público no se puede confundir con lo estatal, y la única garantía de resguardar lo público y el bien común en tiempos de la globalización y la desigualdad, es recuperar el poder de los pueblos para determinar las prioridades públicas y coadministrar lo público.

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¿Consideras que el reconocimiento de la plurinacionalidad podría ser un aporte en la conservación, restauración y preservación de los ecosistemas?

Claramente. En todos los países la conservación de la biodiversidad es muy superior en los territorios indígenas o administrados por pueblos indígenas, porque correctamente se consideran parte de la biósfera, a la cual cuidan para proteger la vida. Las culturas occidentales colonialistas, materialistas y extractivistas, son las que han causado la crisis múltiple que hoy enfrentamos, desde el cambio climático, hasta la desertificación, la extinción masiva de especies y el Covid 19. La era del hoy llamado Antropoceno, antropocentrista muestra nuestra disfuncionalidad para la mantención de la biósfera de la que somos parte.

En tus propuestas señalas: La protección de la Naturaleza que constituye nuestro patrimonio ambiental y nuestro sustento, permitirá asegurar a todos los chilenos y chilenas, ‘vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado’ y avanzar hacia un desarrollo nacional post extractivista”. Y A la vez mencionas que se “Establecerá el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en un Estado Plurinacional. La autodeterminación territorial de las comunidades de pueblos indígenas y su plena participación política con escaños reservados”. ¿Consideras posible la convivencia de un desarrollo post extractivista con comunidades en autodeterminación, que consideran que la explotación extractivista de sus territorios no es compatible con la vida y la reproducción de su cultura?

No sólo lo considero posible, sino absolutamente necesario e imprescindible. La cultura occidental materialista y extractivista nos lleva a la destrucción de la vida. La falacia de las soluciones tecnológicas para la destrucción de la naturaleza ha quedado en evidencia pública y científica. Los pueblos indígenas y su cultura están más cerca de la evidencia científica que las élites políticas y los economistas. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático hace una década viene diciendo que los gobiernos deben proteger la naturaleza y la estabilidad de los ecosistemas, empoderar a las comunidades locales para la conservación de la naturaleza y la administración ecológica, incluidos la producción agroecológica.

Hoy, los gobiernos y los inversionistas están haciendo lo contrario: destruyendo los ecosistemas y las economías locales, empobreciendo a la gente y los territorios. Esto es ética y políticamente inaceptable. La única salida es la democratización profunda: devolver el poder a la gente. El fracaso de las negociaciones de los gobiernos para revertir el cambio climático es otro ejemplo claro al respecto.

¿Qué opinas del blindaje que le han querido dar a la inversión extranjera durante el proceso constituyente?

Esa es una muestra brutal del abuso que se ha perpetuado por tantas décadas, y que es intolerable. Que el gobierno haya puesto “suma urgencia” nuevamente para la votación del TPP 11, que profundiza los derechos del inversionista extranjero, los derechos de propiedad intelectual sobre cosas tan críticas como los medicamentos y que prohibe a los Estados priorizar a proveedores nacionales para las compras o  servicios públicos, es una aberración y un insulto a las demandas expresadas por los chilenos en el estallido social, que justamente claman por un estado social y solidario y condiciones para la igualdad y la dignidad.

Por último, de ser electa como convencional. ¿Estás de acuerdo o en contra de modificar el quórum de 2/3 y revisar el art. 135 del proyecto de reforma constitucional que resguarda los acuerdos internacionales vigentes, incluso los tratados de libre comercio y por qué?

Estoy absolutamente a favor de modificar los 2/3, que considero abusivo como mecanismo para llegar a acuerdos legítimos y representativos. Los 2/3 implican una condición que favorece a las minorías en contra de las mayorías, y distorsiona la democracia representativa, por tanto, distorsiona la soberanía popular.

Considero que en el proceso constituyente sí se deben revisar los Acuerdos Multilaterales Vigentes que obstaculicen los principios, deberes, derechos y formas de gobernanza que acuerde la Convención Constitucional. ¿Cuál sería el problema? Si los Acuerdos no son candados o calabozos para someter a la sociedad a reglas injustas o antidemocráticas que perjudican el bien común.

Hay sectores que rasgan vestiduras ante esta alternativa, pero no dijeron nada cuando Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris, siendo que ese país es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero después de China. No aceptaremos los dobles estándares, el proceso constituyente revisara todo lo que tenga que revisar. Aquí lo único inamovible son los derechos humanos, la protección de la naturaleza y la democracia.

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