El aliado que Martín Arrau dejó en el MOP y que supervisará el Embalse Punilla, donde el ministro posee derechos de agua

El rol de Salgado y su cercanía con el ministro Martín Arrau

Uno de los primeros cuestionamientos que se le hizo al ministro Martín Arrau en su llegada al MOP fue el posible conflicto de interés que tendría debido a los derechos de agua otorgados y en tramitación que benefician a una de sus sociedades.

En particular, el entonces ministro de Obras Públicas se inhabilitó de la toma de decisiones respecto al proyecto del Embalse Punilla, mismo lugar donde Arrau mantiene concesiones de agua.

No obstante, en el ministerio aún figura un funcionario muy cercano al ministro. Se trata de Salvador Salgado, ingeniero civil agrícola, con quien compartieron desde antes de que Arrau se desempeñara como intendente.

El ingeniero ejerce como asesor del director nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), bajo modalidad a contrata con un grado 2, por lo que su remuneración, según lo establecido por la DIPRES, sería de aproximadamente $6,3 millones brutos. En abril, recibió $9,6 millones brutos, lo que puede explicarse por el pago proporcional correspondiente al mes de marzo.

La DOH es una de las divisiones más estratégicas del MOP en materia de agua, puesto que se encarga de diseñar, ejecutar y supervisar la infraestructura hidráulica en Chile. En ese sentido, su rol es administrar gran parte de las obras que permiten usar, conducir y almacenar el recurso hídrico.

Bajo ese mismo marco, la DOH puede diseñar embalses, como sería el caso de La Punilla. Asimismo, tiene la facultad de supervisar técnicamente las obras, tarea a cargo de la figura de los inspectores fiscales. Según una fuente al interior del servicio en la región de Ñuble, bajo la actual administración se han movido las piezas en beneficio de ciertos proyectos.

En la región de Ñuble, el director de la DOH es Alfredo Ávila, quien se desempeñó en el mismo cargo durante el periodo en que Martín Arrau era intendente.

La trastienda del Embalse La Punilla y la voz del asesor

La construcción del proyecto Embalse La Punilla era una de las iniciativas más grandes del sur de Chile, debido a que buscaba transformar la disponibilidad de agua en la cuenca del río Ñuble y expandir fuertemente la agricultura de riego en la región.

En 2016, se delegó la ejecución de las obras a la concesionaria italiana Astaldi. Sin embargo, la relación entre la empresa y el ministerio se tensionó luego de que la firma acusara a la cartera de entregar un diseño con errores relevantes asociados, principalmente, al almacenamiento del proyecto.

Producto de aquello, en 2019, la empresa solicitó una compensación de US$170 millones, monto que fue rechazado por el Panel Técnico de Concesiones, aunque este reconoció que existieron problemas técnicos y que, probablemente, sí se necesitaban obras adicionales para lograr la capacidad requerida.

En julio del mismo año, Salgado sostuvo una reunión con Arrau cuando este ejercía como intendente de la región. La descripción del encuentro, según Infolobby, solo detalla "Embalse la Punilla".

Las acciones de Salgado no terminaron ahí. Bajo su rol de gerente en la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, emplazó al MOP por la “falta de convicción” para tomar decisiones importantes. Sumado a lo anterior, exigió que la cartera debía apoyar financieramente el desarrollo de una obra adicional para alcanzar el volumen proyectado.

Lo anterior, pese a que la propia firma italiana sostenía que era “técnicamente inviable construir obras adicionales”, puesto que requeriría ingresar la totalidad del proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental.

La actuación de la CNR y su papel para destrabar el proyecto

La Comisión Nacional de Riego (CNR) y la DOH son dos instituciones que mantienen una estrecha relación. Por una parte, la CNR cumple la función de definir políticas de riego, financiar proyectos y priorizar la inversión privada en obras de la misma materia, especialmente mediante la Ley de Fomento al Riego. En cambio, la DOH ejecuta esas directrices, además de diseñar y revisar técnicamente las obras.

Cabe mencionar que la cónyuge de Salgado, María de los Ángeles, cumple funciones en la CNR Ñuble, desempeñándose como integrante de las comisiones evaluadoras de licitaciones públicas. En 2018, participó del equipo de Martín Arrau en el diseño de la Estrategia de Desarrollo Regional.

En 2025, el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego dio luz verde a la DOH para retomar el proceso de construcción del embalse Nueva La Punilla, cuya inversión asciende a $415 mil millones. Hoy, es el mismo organismo que asesora Salvador Salgado el que deberá ejecutar la megaobra que por años defendió. Se proyecta que los trabajos comiencen este año.

Sobre las credenciales que sostuvieron su contratación en el MOP, desde la DOH respondieron a El Desconcierto que "Salvador Salgado es Ingeniero Civil Agrícola con estudios de Doctorado en Recursos Hídricos y Energía para la Agricultura en la Universidad de Concepción, con especialización en Hidrología ambiental, Investigación aplicada y Eficiencia energética agrícola".

A lo mismo agregaron que "fue contratado por la Dirección de Obras Hidráulicas en consideración a su experiencia técnica en materias de recursos hídricos, gestión de infraestructura hidráulica y conocimiento de la realidad territorial".

Respecto a las labores de Salgado en la división, comentan que estas se orientan a labores de asesorías generales, supervisión y apoyo técnico dentro del ámbito de competencia de la DOH, "sin facultades resolutivas ni injerencia en procesos de evaluación, adjudicación o definición de proyectos específicos que pudieran generan beneficios para terceros ".

De la misma forma, la DOH explicó que dentro del ámbito de funciones y asesoría que actualmente desarrolla Salgado, "no existen materias, decisiones o acciones que puedan implicar un beneficio para la Junta de Vigilancia del Río Ñuble".

"El señor Salgado, al momento de su contratación, suscribió una declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 19880, donde da cuenta, a su superior jerárquico de los vínculos laborales que tuvo con anterioridad y por tanto, estos son conocidos por esta institución ", afirmaron desde la DOH.

suscribió una declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 19880, donde da cuenta, a su superior jerárquico de los vínculos laborales que tuvo con anterioridad y por tanto, estos son conocidos por esta institución suscribió una declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 19880, donde da cuenta, a su superior jerárquico de los vínculos laborales que tuvo con anterioridad y por tanto, estos son conocidos por esta institución

Finalmente sostuvieron que "como DOH mantenemos estándares de probidad y resguardo institucional, evitando que cualquier posible conflicto de interés derivados de relaciones laborales previas y vínculos familiares, puedan afectar el correcto funcionamiento del servicio".

Su participación en la reforma al Código de Aguas

Tanto Salgado como el nuevo ministro de Seguridad Pública formaron parte de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, gremio que Arrau presidió hasta 2018, previo a su llegada al gobierno de Sebastián Piñera. En ese mismo periodo, Salgado ejercía como vicepresidente del colectivo.

Juntos participaron en diversas reuniones de lobby por el proyecto Embalse La Punilla —misma iniciativa por la que Arrau se inhabilitó, y una de las más defendidas por la Junta y el propio Salgado— y también por la reforma al Código de Aguas.

La modificación, que finalmente se aplicó en 2022, enfrentó dos posturas respecto al uso de ese recurso: el “agua como bien económico” versus el “agua como bien público”. En esa línea, se planteaba que el acceso al agua potable y al saneamiento debía ser prioridad antes que su uso en agricultura o minería. Para ello, la reforma sostenía que el Estado tenía el deber de administrarla considerando el interés público y la sostenibilidad.

En aquella discusión, la Junta de Vigilancia Río Ñuble fue crítica de la reforma, argumentando que el diagnóstico del gobierno de la época era “sesgado”, porque —según ellos— el problema del agua potable rural debía resolverse con inversión pública y no modificando el Código de Aguas. Además, cuestionaban limitar la perpetuidad de los derechos, su caducidad por no uso y el fortalecimiento de las facultades estatales. El vocero de esas ideas fue el hoy ministro Martín Arrau.