María Luisa Oettinger está inubicable. Desde la muerte de Lucía Hiriart, su amiga y compañera de ruta en Cema Chile, la justicia la busca desesperadamente para notificarla en calidad de testigo para acudir a la apertura de testamento de la esposa de Augusto Pinochet, fallecida en diciembre de 2021. Tres veces al menos han intentado notificarla. Ayer, fecha estipulada para la lectura del documento, la audiencia nuevamente tuvo que ser suspendida por la misma la causa.

La solicitud de apertura, presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras la muerte de Hiriart y aprobada por el 16º Juzgado Civil de Santiago, busca citar a una audiencia al notario Humberto Quezada Moreno, junto a los testigos de la ex Primera Dama: Julia Hormazábal Espinoza, Jorge Aguilera Ribera y la desaparecida María Luisa Oettinger, todos ex integrantes de la disuelta CEMA Chile, presidida por Lucía Hiriart desde 1974 a 2016.

El Consejo de Defensa del Estado, organismo que busca recuperar parte del millonario botín obtenido de manera ilícita por el dictador -perjuicio estimado en US$ 17,8 millones-, puso una demanda por “provecho de dolo ajeno” dirigida en contra de los 16 miembros de la sucesión de Pinochet. La apertura del testamento, en el fondo, buscaría saber si algunos de los descendientes aparece en el documento y si éstos estarían dispuestos a “aceptar o repudiar” la herencia.

En lo inmediato, sin embargo, esto no va ser posible mientras la justicia no dé con el paradero de María Luisa Oettinger. El testamento, hasta entonces, seguirá resguardado en una bóveda del Banco de Chile.

Solicitud a la PDI

La han buscado por cielo, mar y tierra. En agosto en Vitacura, en septiembre en Chicureo y en octubre en Conchalí. En todas las oportunidades los funcionarios destacan que los vecinos no la conocen y, en el caso de la propiedad ubicada en Colina, que nadie los habría atendido pues se trataba de un recinto privado sin “ninguna forma de comunicación desde el exterior”.

Es por esto que el 24 de noviembre, el 16º Juzgado Civil de Santiago solicitó a través de un oficio a la jefatura de extranjería y policía internacional de la PDI, informar a la brevedad si es que María Luisa Oettinger Arrate registra salida del territorio nacional. En caso de ser efectivo, agrega el documento, se solicita especificar destino, fecha de salida y eventual regreso.

Oettinger es un nombre familiar en el círculo del exdictador. Esposa del general (R) Sergio Moreno -ex asesor de Pinochet-, amiga íntima de Lucía y estrecha colaboradora de la ex Primera Dama en CEMA Chile. Su nombre saltó a la palestra cuando se destaparon los millonarios traspasos entre CEMA Chile y una fundación espejo, Apoyo Social, creada en 1983 como una organización sin fines de lucro. En ambos organismos Oettinger era vicepresidenta.

Según un acta de CEMA Chile de abril de 2013, Hiriart y Oettinger habrían encabezado una reunión del directorio de la fundación Apoyo Social, donde se leyó una carta enviada 6 días antes por la misma Oettinger, en su calidad de vicepresidenta nacional de la Fundación CEMA.

La misiva informaba sobre la “difícil situación económica y financiera” por la que atravesaba el organismo, solicitando recursos a la Fundación de Apoyo Social y ofreciendo como garantía un inmueble de la Fundación CEMA Chile” ubicado en la calle Francisco Bilbao, en Providencia.

El directorio de Apoyo Social de manera unánime aprobó otorgar un préstamo por 165 millones. Cuatro meses después la ONG vende su sede en Bilbao 1045, ubicada casi al lado del inmueble dejado en garantía.

Al año siguiente, CEMA saldó la deuda por el préstamo entregado por Apoyo Social. Según un documento de “Dación de pago”, fechado en junio de 2014, el organismo reconoce dos deudas con la ONG. Una por “mutuo hipotecario” de $175 millones y otro “por concepto de préstamos” equivalente a $185 millones. En el documento CEMA formaliza la entrega del inmueble de Bilbao, tasado en $545 millones, a Apoyo Social, y ésta restituye a CEMA la diferencia de 162 millones.

Negocio redondo.

Inmobiliaria CEMA

En 2018 el CDE solicitó la retención y la prohibición de celebrar actos y contratos respecto a una serie de bienes y cuentas bancarias de los herederos de la familia Pinochet Hiriart. La demanda civil incluye a hijos y hasta nietos del dictador.

La solicitud tiene su origen en el Caso Riggs. “Un millonario despojo del patrimonio público sin precedentes, aprovechándose de los cargos y poder que ostentaba para generar un lucro ilícito y clandestino”, según lo retrató el CDE en su escrito.

Cuentas en el extranjero bajo nombres falsos fueron parte de los antecedentes que destaparon el fraude fiscal. El CDE busca que los herederos restituyan un valor total de USD $16.244.768,74.

Entre las cuentas bancarias incluidas en el listado que el CDE presentó al tribunal en 2018 figuran activos bancarios en el Banco de Chile por cerca de US$ 4 millones, además de US$ 1 millón más en el Banco Estado. En el Bank Boston (hoy Banco Itaú), en tanto, se listaron tres activos por un total de más de 124 millones de pesos.

Los bienes inmuebles sobre los que se pidió congelar cualquier tipo de acto o contrato son 20, entre ellos tres departamentos Iquique, otro en Viña del Mar, en Valparaíso y dos más en Vitacura, todos con sus respectivos estacionamientos y bodegas. Además, una parcela en Quillota, una propiedad en San José de Maipo y un fundo en las cercanías del Lago Ranco, en la Región de Los Ríos. El CDE agregó también una camioneta Ford Ranger XLT, un vehículo suburbano 4x4 marca BWM y un sedán Chevrolet Optra, todos a nombre de Augusto Pinochet Ugarte.

Con el fallecimiento de Lucía Hiriart a fines de 2021, los dardos del organismo estatal apuntaron en paralelo al testamento que dejó la viuda de Pinochet. Cercanos a la familia sostienen que no tienen claridad sobre el contenido del documento de la herencia, pero sospechan que los bienes que el testamento revelará ya están incluidos en las retenciones que impuso el CDE. “A menos que hayan sorpresas”, agregan.

Los antecedentes sobre el patrimonio de Hiriart apuntan a otra arista de las platas de la familia Pinochet: los traspasos gratuitos de propiedades estatales a CEMA Chile. Entre 1977 y 1989 el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió 135 inmuebles de propiedad fiscal a CEMA Chile. Así, la fundación se convirtió en una verdadera empresa inmobiliaria, desde donde se enajenaron propiedades en beneficio privado.

“CEMA había devenido en una entidad inmobiliaria privada con fines de lucro”, dice Víctor Osorio, exministro de Bienes Nacionales durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien a fines de 2015 solicitó al CDE que abriera una causa por estos hechos.

Las indagatorias dieron cuenta que Bienes Nacionales no fue la única entidad que traspasó activos a CEMA. “Logramos acreditar bienes fiscales que habían sido transferidos gratuitamente desde el Ministerio a CEMA, más bienes de origen estatal que les fueron transferidos desde municipalidades y Serviu. Deben haber sido por lo menos unas 220 propiedades”, explica Osorio.

El CDE impulsó la reapertura de la arista CEMA Chile del Caso Riggs y pidió la disolución de la fundación. La investigación se abrió y se designó un ministro en visita. En paralelo, CEMA cerró un acuerdo en 2018 para devolver las propiedades fiscales que todavía estaban en su poder.

“En este acuerdo uno puede ver las cifras de bienes fiscales que nosotros logramos acreditar que fueron transferidos a CEMA, versus la cantidad de bienes que devolvieron. Deben haber vendido cerca de un centenar de bienes fiscales cuyo avalúo es enorme. Estamos hablando de miles de millones”, retrata Osorio.

—Evidentemente uno podría inferir que una parte de ese patrimonio fueron puestos en este testamento, sobre el cual se ha hecho tanta controversia.

El exministro cuestiona que si esos bienes fiscales “no fueron ocupados en las labores sociales de CEMA Chile, ¿a dónde fue a parar ese dinero? No tengo respuestas para eso, porque lamentablemente cuando CEMA Chile devuelve los bienes fiscales que estaban en su poder, el ministro en visita decidió cerrar la investigación sin acreditar el ilícito ni responsables”.

En 2019, el ministro Guillermo de la Barra sobreseyó el caso y cerró la investigación por malversación de caudales públicos y apropiación indebida sin procesados. “El CDE insólitamente no apeló y, por supuesto, el ministerio de Bienes Nacionales, en el marco del gobierno de Piñera tampoco hizo nada”, critica Osorio.

A principios de noviembre de este año, la justicia declaró la disolución de CEMA Chile y canceló su personalidad jurídica. En las reuniones de directorio de los últimos años, los temas de discusión eran sobre ventas y arriendos de inmuebles, como si se tratara de una empresa inmobiliaria. La resolución del tribunal reveló que hasta 2015 los activos de CEMA Chile superaban los $5.600 millones.

—Hay una percepción de la opinión pública sobre la batalla que dimos contra CEMA Chile. Se piensa que terminamos derribando a esa entidad y recuperando los bienes que habían usurpado. Y eso es parcialmente cierto. Es evidente que hay una cantidad enorme de bienes de origen fiscal que fueron enajenados.

Mientras todavía no se fija una nueva fecha para la apertura de testamento de Lucía Hiriart, la búsqueda por María Luisa Oettinger continúa. La causa por la herencia de Pinochet, en tanto, está cerca de terminar su etapa probatoria y se alista para quedar en condiciones de dictar sentencia.

De no encontrar a Oettinger, la alternativa que da el Código de Procedimiento Civil es la notificación por aviso a través de la prensa, pero los procesos son lentos y son varios los factores que influyen para que un tribunal acceda a esto, por lo que no sería previsible en el corto plazo.

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