A seis meses de que acabe el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera, cuyo programa de gobierno presentaba como prioridad el “hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo”, mediante distintas medidas, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos instala a la “delincuencia” como el primer problema al cual los chilenos quieren que el Estado le busque solución.

Incluso, y de acuerdo con un informe publicado el 8 de septiembre por la Fiscalía Nacional, Chile se enfrenta por primera vez a la amenaza de la instalación de carteles internacionales de droga. Días después del documento, se descubrió una banda proveniente de China dedicada al narcotráfico que lleva cinco años en el país, y con características de la “mafia china”, según la Policía de Investigaciones (PDI).

Frente a este escenario, Eduardo Vergara, director de la Fundación Chile 21 y experto en seguridad, sentencia que “la seguridad, que fue la gran promesa de Sebastián Piñera, se transformó en su principal fracaso”. En conversación con El Desconcierto, Vergara analiza la situación en la que se encuentra el país en materias de orden y seguridad pública, los desaciertos de la gestión del empresario, y cómo “el gobierno instaló una lógica de populismo de mano dura, y de populismo penal, que lo llevó a hacer seguridad pública por medio de pautas de prensa y estrategias comunicacionales, dejando de lado la acción”.

-¿Cómo ve la gestión de Sebastián Piñera en materias de seguridad y orden público?

Lamentablemente, uno de los tantos legados que nos dejará el Presidente Piñera en este país es que vamos a vivir en un país más inseguro. Las cifras que el gobierno intenta celebrar tienen que ver con casos policiales, que claramente la presencia y acción policial ha aumentado durante la pandemia, incluso con la presencia militar. No olvidemos que el Estado de Excepción, y la excepcionalidad constitucional en general, que ha permitido el toque de queda, se ha transformado para Sebastián Piñera, en un tanque de oxígeno para poder gobernar en la seguridad, y hay elementos que son dramáticos.

Por ejemplo, el aumento de homicidios en un 20% durante el año 2020, de un 80% ese mismo año en algunos territorios del sur de la Región Metropolitana, la presencia más directa de carteles de droga internacionales en nuestro país, el aumento de los hechos de violencia, particularmente en territorios donde históricamente hemos tenido violencia, como son las periferias, los márgenes de las ciudades, como también en la Macrozona sur, particularmente en La Araucanía. También un fenómeno relacionado a las armas, que habla de aumento significativo, no solamente en la adquisición de armas por parte de personas de forma legal, sino que particularmente de forma ilegal. La seguridad, que fue la gran promesa de Sebastián Piñera, se transformó en su principal fracaso.

-¿Qué cree que explica el avance de la delincuencia en el país?

Hay diferentes razones. Yo diría primero que el gobierno instaló una lógica de populismo de mano dura, y de populismo penal, que lo llevó a hacer seguridad pública por medio de pautas de prensa y estrategias comunicacionales, dejando de lado la acción. El mejor ejemplo fue que, antes del estallido social, el gobierno anunciaba en la Plaza de Armas de Santiago operativos masivos, 24 horas antes de que se iban a tomar el lugar, no solamente buscando generar una sensación comunicacional de que se estaba haciendo algo, sino que además alertando a los delincuentes que iban a ir a buscarlos.

Lamentablemente los operativos después de ser anunciados, ocurrían igual, y las detenciones y la acción policial ocurría igual. Lo que vimos fue que, tras la orden de tener detenidos y de controlar personas, a quienes se les controlaba y a quienes se les detenía era, particularmente, a los eslabones desechables de las criminalidad organizada, delincuentes menores, y terminamos con efectividades tremendamente bajas en la tasa de relación delito-detención, que no superaron el 2%, controles preventivos de identidades, que demostraron no solamente ser ineficientes, sino que desproporcionales en ciertos territorios, y también inefectivos.

Esta lógica, lamentablemente, se profundiza durante el estallido social, donde el Ministerio del Interior da instrucciones a que la represión y el control de marchas y demostraciones se transformaran en un mecanismo político, para demostrar que el Estado estaba presente, tratando de forma diferente a, por ejemplo, las marchas del Rechazo versus las marchas del Apruebo, a los camioneros que se tomaron y paralizaron Chile, versus los manifestantes. Entonces este abuso de la fuerza policial para proteger el orden político terminó por consolidar un enfoque populista, pero por sobre todo mediático.

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Lo segundo, es que frente a una crisis tan relevante como es la crisis que está todavía viviendo Carabineros de Chile, y lamentablemente ahora también, por el nivel de cuestionamientos, la Policía de Investigaciones, el gobierno, a pesar de contar con el apoyo transversal de académicos y actores políticos para reformar de la forma que se necesitaba reformar a Carabineros de Chile, optó por hacer cambios cosméticos, por maquillar una modernización de reforma, y tomó la decisión de no hacer los cambios necesarios, empujando particularmente a Carabineros de Chile al borde del precipicio.

Lo tercero, es un factor que no necesariamente está relacionado con la seguridad directamente, sino que tiene que ver con el manejo económico y de protección social. Durante la pandemia, el Estado se expandió para controlar, para monitorear a la ciudadanía, pero se contrajo en proteger a las poblaciones más vulnerables. Lo que ahí sucedió es que un espacio importante de los territorios vieron al Estado ausente, pero también vieron que se ponían a disposición de quien quisiera llegar y tomárselo. Lo que sucedió es que cada centímetro que el Estado se contrajo, fue un centímetro sobre el cual avanzó el crimen organizado y el narcotráfico, y la situación que hoy día vemos lamentablemente habla de un fenómeno en expansión, mientras que el Estado se ha transformado en una realidad en contracción.

-Y frente a la llegada del crimen organizado internacional al país, ¿la gestión de Sebastián Piñera hace que el país esté preparado para enfrentarse a esta situación?

Sebastián Piñera no solamente nos entregará un país más inseguro, un país con más temor, sino que también un país con instituciones y políticas de seguridad más débiles, que harán más difícil enfrentar particularmente los fenómenos transnacionales que se caracterizan por estar siempre a uno o dos, o hasta 10 pasos más adelante que el Estado.

Por sobre todo, la realidad hoy en día habla de un debilitamiento del Estado en su conjunto, ya sea por la credibilidad desde la ciudadanía, por la legitimidad que tienen nuestras policías, por la poca y la baja evaluación que la ciudadanía da a instituciones tan importantes para la democracia, como el Congreso, el gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía y las policías. Todo estos elementos se conjugan para que además, el Presidente Piñera no solamente nos entregue un país más inseguro, un país con más temor, un país más débil frente a las amenazas internacionales, sino que también un país que se enmarca en un Estado con menos legitimidad.

-¿Qué tipo de medidas, o postura en general, recomendaría a un próximo gobierno?

El país está en un punto de inflexión. Muchos de los síntomas que estamos viendo en el país son elementos que evidencian un momento que ya han vivido muchos países en América Latina. Urge que el Estado en su conjunto, particularmente los gobiernos, tomen una decisión de hacer un cambio y un giro radical en el enfoque de la seguridad. Lo que Chile necesita es un nuevo sistema de seguridad que parte de una decisión política de hacer cambios radicales y reformas necesarias.

No solamente a nuestras policías, sino que también a nuestra Ley de Drogas, y nuestra política de drogas en general, a tener un sistema de inteligencia acorde a las demandas nacionales, a que la legislación deje de poner el foco sobre la presa fácil, y la persecución de los eslabones débiles, y de una vez por toda vaya sobre los líderes de las organizaciones criminales, y quienes se encuentran en las puntas de la pirámide. Pasa también porque la institucionalidad de seguridad tenga como foco la protección de las personas, y cambiemos la obsesión de la protección de la propiedad privada sobre la integridad y la seguridad de las personas.

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Pero esto, al ser tan diverso y tan profundo, lo que requiere es un liderazgo que pueda encabezar estos cambios empujando cambios profundos desde los diferentes poderes del Estado, y particularmente que una vez por todas veamos un gobierno y un Ministerio del Interior que asuma que es el primer responsable de la seguridad y es el primer responsable de proteger a las personas. Creo que, lamentablemente, lo que hemos visto es que nada va a ocurrir durante este gobierno, de la misma forma en que tiró a la basura la oportunidad de reformar a las policías, y de la misma forma que empujó un paquete de medidas de populismo penal en el Congreso, que la evidencia muestra que no sirven para nada.

La posta de la seguridad ciudadana, la responsabilidad de hacer un cambio radical en nuestro sistema de seguridad, recaerá sobre la nueva presidencia de la República que se inicia el próximo año. Lamentablemente hoy no hay esperanza, pero sí la esperanza está depositada en quienes lleguen a gobernar Chile, que tendrán no solamente esta responsabilidad, sino que la responsabilidad política y el imperativo ético de hacer un cambio y un giro radical, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, y seguir haciendo lo mismo es una irresponsabilidad.

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