El papel de Sernapesca y las muertes de ballenas en la pesquería de kril Antártico

En relación a la restante información requerida, Sernapesca respondió de manera general sobre procedimientos administrativos, medidas de conservación internacionales, y reportes presentados por Chile ante la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Sin embargo, negó el acceso a la información sobre la denuncia penal del caso, el informe técnico asociado, y las actas de fiscalización. Sernapesca argumentó que la divulgación de antecedentes podría afectar la investigación penal en curso.

También denegó la solicitud de acceder al contenido del Dispositivo de Registro de Imágenes (DRI), donde está registrada la secuencia completa del enmallamiento del ejemplar de ballena jorobada ocurrido en 2025. Para justificar la reserva de esta información clave, Sernapesca aplicó de manera errónea la resolución exenta N° DN-1139/2026, y el artículo 64 J de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).

Esto porque el primer inciso del artículo 64 J aplica la reserva sólo a aquellas imágenes que se encuentran en bruto, mientras que el segundo inciso señala expresamente que una vez certificada esta información mediante el informe de revisión del dispositivo de imágenes -efectuado por Sernapesca- la información pierde su carácter reservado y se convierte en instrumento público.

Con este alambicado accionar burocrático, el ente fiscalizador estaría evitando el escrutinio público sobre lo sucedido a bordo del barco factoría en 2025. Sernapesca tampoco confirmó o desmintió si el factoría Antarctic Endeavour posee un plan de mitigación para implementar durante la pesquería de krill antártico.

Frente a este opaco accionar de Sernapesca, las organizaciones de conservación marina Centro Ecoceanos y Centro de Conservación Cetacea presentaron un recurso de amparo el pasado 24 de abril ante el Consejo para la Transparencia, para que ordene al ente estatal entregar la información solicitada de libre disposición.

Para enfrentar este nuevo ciclo de asalto empresarial a los territorios costeros y oceánicos, asociado a la sobreexplotación de la biodiversidad marina y a una creciente mortalidad de especies protegidas por la legislación nacional e internacional, es imprescindible que la sociedad civil defienda su derecho constitucional de monitorear la gestión de la Dirección Nacional de Sernapesca, y demandar el acceso a los documentos y datos en poder de este organismos del Estado, utilizando la Ley N° 20.285 de Transparencia (2009), cuyo objetivo es fortalecer la democracia y el control social.

Por ello, las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atenta a la resolución del Consejo para la Transparencia, pues su decisión será clave para fortalecer o debilitar el derecho al acceso a la información pública.