El asedio político y económico a la protección ambiental

Esta lógica comenzó a consolidarse en el gobierno anterior mediante la Ley de Permisos Sectoriales, la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, la promoción acelerada de proyectos de hidrógeno verde —incluso beneficiados con numerosos subsidios— y la profundización de la extracción de litio y cobre.

En segundo lugar, se posiciona el discurso de la emergencia y la reconstrucción impulsado por el gobierno actual, que eleva la ofensiva contra el medio ambiente. En este contexto, se retiraron 43 decretos ambientales, entre ellos el que actualizaba la norma para termoeléctricas, fundamental para las zonas de sacrificio, ya que elevaba el estándar ambiental.

Paralelamente, se instaló de forma irónica la idea de que las obras o proyectos son paralizados por “una ranita” o “unos ratones”, o que “cualquier cosa es un humedal”, banalizando la importancia de los ecosistemas que sostienen nuestra vida y dividiendo artificialmente entre quienes quieren progreso y quienes supuestamente se oponen a todo.

Tras el retiro de estos decretos, se avanzó además con el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social (Boletín 18216-05), iniciativa que iniciará su segundo trámite legislativo en el Senado durante el mes de junio. Este proyecto contiene diversos artículos que debilitan el resguardo de las personas y los ecosistemas. Entre ellos, modifica la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, permitiendo que iniciativas ya aprobadas realicen cambios sin necesidad de una nueva evaluación, siempre que la autoridad estime que dichos cambios no generan impactos relevantes.

Asimismo, se elimina la posibilidad de reclamar contra la Resolución de Calificación Ambiental ante tribunales ambientales, restringiendo el acceso de la ciudadanía a la justicia ambiental. A ello se suma la creación de una vía expedita para aprobar proyectos a solicitud del proponente y la incorporación de mecanismos que obligarían al Estado a devolver gastos incurridos por las empresas en caso de que una RCA otorgada posteriormente sea anulada.

Las propuestas aprobadas responden a una lógica de profundización del desmantelamiento del resguardo ambiental construido durante décadas. Esto expone a la ciudadanía a graves consecuencias sociales, culturales, económicas y sanitarias, además de generar incertidumbre jurídica para las comunidades que deben soportar las cargas ambientales y enfrentar el empobrecimiento derivado de la crisis climática, ecológica y de contaminación que atraviesa el país.

Ir en contra de la naturaleza es construir un futuro con pies de barro. La humanidad ya ha sobrepasado el umbral de 1,5 °C considerado relativamente seguro para enfrentar la crisis climática y, aunque estas crisis sean negadas o minimizadas, continúan desarrollándose sobre nuestras cabezas. Inundaciones, incendios, enfermedades, olas de calor y pobreza serán cada vez más frecuentes, profundizando una crisis social de la cual podríamos tardar décadas en salir, afectando incluso la seguridad y la paz social.

De aprobarse las modificaciones propuestas en el proyecto de ley de reconstrucción, las consecuencias serán profundas. La riqueza natural de nuestro país podría quedar reducida a retratos de naturaleza muerta, donde fotografías, cuadros y pinturas nos recuerden lo que alguna vez fuimos y la abundancia que tuvimos.

Se les arrebataría así a las nuevas generaciones la posibilidad de conocer y disfrutar en vivo esos paisajes, heredándoles, en cambio, un medio ambiente enfermo. Sobre las élites que hoy gobiernan recaerá entonces la responsabilidad histórica de haber negado y deteriorado los bienes comunes que durante siglos inspiraron a pintores, escritores y artistas de nuestro país.