Carabineros y el multimillonario escándalo por la compra de teléfonos de estándar militar

Aquí emerge una pregunta esencial, ¿en qué momento una institución armada normalizó que una oficial vinculada a procesos tecnológicos sensibles aceptara viajes, invitaciones y beneficios de empresas que competían por contratos multimillonarios con el Estado?

El sociólogo Cornelius Castoriadis advertía que las instituciones no se corrompen únicamente por la existencia de individuos deshonestos, sino que también cuando las propias estructuras comienzan a tolerar prácticas que degradan silenciosamente sus valores fundacionales.

Luego surgen otras interpelaciones, ¿dónde estuvieron los controles de probidad? ¿Qué rol jugaron los superiores jerárquicos? ¿Quién autorizó? ¿Quién sabía? ¿Quién miró hacia otro lado?

El episodio ocurre después de una década marcada por una crisis de legitimidad de la institución: Pacogate, montajes, abusos policiales, fraudes institucionales, etc. Cada nuevo escándalo no aparece en un vacío; se acumula sobre una ciudadanía ya profundamente desconfiada. Y lo más grave es que el discurso institucional de Carabineros suele construirse sobre conceptos como honor, disciplina y patriotismo.

En paralelo, la situación escaló al Tribunal de Contratación Pública luego de que TIC Services demandara a Carabineros acusando actuaciones ilegales y arbitrarias en la adjudicación. La empresa sostiene que la Dirección de Logística descartó su oferta alegando una supuesta menor vigencia de cobertura, pese a que —afirman— ofrecían mayores garantías para el Fisco.

Más delicada aún es la acusación respecto a los requisitos técnicos. Según la demanda presentada por la abogada Ingrid Pizarro, Sonda S.A. habría incumplido una exigencia clave de la licitación: los equipos debían contar con tecnología eSIM y no con tarjetas SIM físicas. Sin embargo, TIC Services sostiene que los teléfonos adjudicados poseían precisamente simcard física.

Si aquello llegara a acreditarse, el problema dejaría de ser únicamente ético para transformarse en una posible adulteración de las reglas del proceso licitatorio para favorecer a un actor determinado. Estos actos recuerdan al filósofo Jean Baudrillard, quien sostenía que las sociedades modernas mantienen intacta la apariencia de legalidad mientras su contenido moral está vacío.

Hay, además, una persistente incapacidad del Estado para blindar sus instituciones frente a las redes de influencia entre altos funcionarios y grandes proveedores privados. Y cuando esa incapacidad afecta a la policía, el deterioro institucional deja de ser un detalle administrativo para transformarse en un problema institucional de primera magnitud.