Liliana Suárez Navas, una investigadora española, ha reflexionado sobre los hilos que anudan de maneras evidentes, aunque poco problematizadas, los abordajes políticos de las migraciones con el destino de nuestras democracias. En un libro titulado La lucha de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía, escribe que el hecho que puedan vivir en nuestras sociedades personas privadas “del reconocimiento legal de su mera existencia”, como es el caso de los migrantes indocumentados, “implica reconocer, de alguna forma, que algunas de las más vergonzantes limitaciones de la ciudadanía ateniense siguen vigentes en la era de los derechos humanos”.

Sólo desde ese reconocimiento, y desde la lógica estadocéntrica y nacionalista en la que nos han instruido nuestros sistemas educativos desde pequeños, es que se puede entender que a muy pocos haya inquietado que se llame a las personas migrantes irregulares a un empadronamiento biométrico sin otra explicación que se trata de una medida para “conocer las identidades y antecedentes penales de quienes ya ingresaron al país”, como afirmó el Presidente en la Cuenta Pública reciente, sumándose a un concierto de voces que contribuyen, voluntaria o involuntariamente, a la criminalización de las personas migrantes, en especial las de ciertos orígenes, o con ciertas características.

En efecto, la Resolución Exenta Nº 25.425 del Servicio Nacional de Migraciones (SerMig), del 31 de mayo pasado, dispone “el proceso de Empadronamiento Biométrico para registrar e identificar a las personas extranjeras que hayan ingresado al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio y se encuentren en el territorio nacional de manera irregular”, y lo hace sin explicar claramente el destino que tendrán esos datos, excepto un amplio y difuso propósito de evaluar, diseñar y ejecutar políticas públicas en materia migratoria.

El Consejo de la Sociedad Civil del SerMig ha expresado su preocupación por los riesgos que esta medida pueda tener para la migración forzada, por poner sólo un ejemplo de los peligros potenciales de una medida como esta. La posibilidad de que estos datos aporten elementos para medidas de expulsión, en momentos en que se ha extremado el tono xenófobo de la opinión pública sobre el tema migratorio, no suena descabellada.

Pero los riesgos para la democracia que implica la ausencia de argumentos claros y explícitos en el caso de medidas como estas no son menores, sólo quizás más abstractos. Silvana Santi, investigadora argentina, ha estudiado en los últimos años los vínculos de la biometría con los controles migratorios. En ese marco, se ha preguntado por la relación entre la construcción de escenarios de inseguridad y la introyección de la mirada biométrica al control de las poblaciones y sus movimientos.

No hay que hacer mucho esfuerzo para trasladar esa pregunta a un escenario nacional en el que la agenda pública de los últimos meses ha sido cooptada por temas de seguridad, a la par que se produjo un avance de la ultraderecha en el panorama político chileno. En esa agenda maniquea, el sujeto construido como depositario de todos los males ligados a la inseguridad ha sido el migrante -otra vez, cierto tipo de migrante-, en un enlace tan efectivo como arbitrario, porque siempre es más fácil que la culpa de todos los males la tengan “los otros”, “los de afuera”.

Pensando desde este escenario, a muchos les parece una obviedad esta medida de empadronamiento, y esta columna seguramente será leída como un absurdo. En esa “lógica”, a casi nadie le ha preocupado el avance de estas formas de control biopolítico sin siquiera plantearse la necesidad de dar razones del destino de esa información, porque se asume que las personas en quienes recae, por esa discriminación fundamental que instituye el Estado, no son consideradas ciudadanos de pleno derecho.

Así, amparados en nuestros prejuicios nacionales y nacionalistas, se nos cuelan peligros tan evidentes para las democracias como estas herramientas protagónicas de las sociedades de control de las que habló Giles Deleuze.