Sorprende que el Presidente Boric no se haya interesado en sostener su gobierno en las organizaciones sociales (algunas identitarias) que se rebelaron el 18-O y que fueron el fundamento de su triunfo electoral. Ha optado, en cambio, por centrar su actividad política en la acción parlamentaria, dónde su minoría es manifiesta. Así las cosas, en vez de actuar a la ofensiva, se ha visto obligado a retroceder en varias de sus ideas y propuestas, que lo destacaban cuando era diputado, las que se incorporaron a su propio programa de gobierno.

No es fácil gobernar en los tiempos que corren. En todo el mundo el poder económico se ha concentrado en una minoría oligárquica, que controla los destinos de las sociedades, captura políticos y hegemoniza los medios de comunicación. Así las cosas, la democracia retrocede.

Chile ha sido un paradigma de esta nueva realidad. El término de la dictadura, en vez de democratizar el país, favoreció una brutal concentración del poder económico, político y de los medios de comunicación.

El neoliberalismo, instalado por la dictadura, no se modificó durante los gobiernos de la Concertación ni con los dos gobiernos de Piñera. El crecimiento con reducción de la pobreza, valorados ad nausean por el gran empresariado y la clase política tradicional, ha resultado completamente insatisfactorio para responder a las demandas de la sociedad chilena. Durante los 30 años de transición los avances culturales, y algunas reformas políticas a la Constitución de 1980, no sirvieron para debilitar los privilegios de la minoría oligárquica ni para democratizar realmente la sociedad.

Las esperanzas de democratización económica y política renacieron con las movilizaciones estudiantiles del 2006, y sobre todo a partir de 2011, las que tuvieron su culminación en las protestas del 18-O de 2019. Estas últimas impactaron al conjunto de la sociedad chilena y abrieron camino a variadas reivindicaciones sociales e identitarias, que desafiaban el orden establecido: libertades para las mujeres y diversidades sexuales; protección del medioambiente; educación, salud y previsión igual para todos; derechos de los pueblos originarios; descentralización del poder territorial; acceso justo a la vivienda, entre otros.

La lucha política de hoy, en Chile y el mundo, trasciende la contradicción de clases. Esta sigue vigente, pero no aparece con la fuerza que tuvo en el siglo XX. La reducción cuantitativa de la clase obrera, el crecimiento del sector servicios y el aumento del trabajo informal hacen más compleja la estrategia de transformación, el enfrentamiento al orden establecido. El referente de los cambios ya no son sólo los trabajadores. Ello hace más difícil construir una base social y política estable para desafiar el orden conservador.

En nuestro país, luego de la rebelión del 18-O, las demandas de diversos sectores sociales, agobiados por el sistema de injusticias, se trasladaron al ámbito político. Por una parte, a regañadientes de la derecha, se impuso un proceso constitucional para instalar nuevas reglas del juego que superaran el neoliberalismo dominante en la sociedad chilena. Las movilizaciones fueron enfáticas en su cuestionamiento a los 30 años de la transición y demandaron iniciar un nuevo ciclo político.

Por otra parte, paralelamente se avanzó en un proceso electoral que culminó exitosamente con el triunfo presidencial de Gabriel Boric, quien representaba no sólo a las demandas estudiantiles de 2011 sino se convirtió en un aliado de las organizaciones sociales e identitarias, que exigían respuesta a sus demandas en el país. Ello quedó expresado en gran parte en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad (AD).

A pesar del muy buen resultado del Presidente Boric en la segunda vuelta electoral, AD no consiguió una fuerza parlamentaria significativa. Incluso, el apoyo del denominado “socialismo democrático” resulta insuficiente para alcanzar una mayoría, tanto en el Cámara de Diputados como en el Senado. Así las cosas, la derecha, el poder económico y sus medios de comunicación (incluidas las redes sociales) han sido implacables en el cuestionamiento a las iniciativas impulsadas por el gobierno. Adicionalmente, el 4 de septiembre, con la derrota de la propuesta de nueva Constitución, los ataques al gobierno se intensificaron.

En esas condiciones, resulta sorprendente, incluso paradójico, que el gobierno y los partidos de AD no hayan realizado esfuerzos por convocar, y articular, a todas las organizaciones sociales e identitarias que se rebelaron el 18-O, las que fueron claras en rechazar el modelo neoliberal y en apoyar un gobierno de transformaciones. El acoso de la derecha y los poderes fácticos sólo puede ser enfrentado con la movilización social.  

El Presidente Boric, al reducir su accionar al ámbito parlamentario y a la política tradicional, se ha visto obligado a retroceder en lo que fue su cuestionamiento a los 30 años, baluarte de las luchas estudiantiles y también símbolo de la insurgencia del 18-O. Su repliegue lo llevó a señalar que “Chile no parte el 2019 ni el año 2011”; pero no se puede olvidar que precisamente el eje de las movilizaciones, durante esos dos hitos de rebeldía, fue el rechazo a los 30 años de un modelo de privilegios para una minoría y de injusticias para la mayoría. Y ello pavimentó el triunfo electoral de Boric. Renunciar a la crítica de los 30 años ha sido un error.

Un repliegue similar a la rebeldía original se percibió cuando el Presidente inauguró el monumento a Patricio Aylwin, destacando su famosa tesis de “la medida de lo posible”. Pero no se puede olvidar que esa tesis representa la controvertida política de la Concertación, que condujo al acuerdo con la derecha, militares y grandes empresarios, y que precisamente legitimó el modelo impuesto por la dictadura. La “medida de lo posible” disgusta al movimiento social y a la izquierda transformadora.

Tanto la autocrítica sobre los 30 años, como destacar (o interpretar) “la medida de lo posible” de Aylwin han generado molestia y perplejidad de gran parte de los sectores políticos y sociales que apoyan el gobierno actual. Así las cosas, mientras el campo popular se debilita, la derecha y los fácticos suben sus apuestas y encuentran nuevos flancos de enfrentamiento al gobierno. La política internacional ha sido uno de ellos, con brutales ataques al subsecretario de la Cancillería, José Miguel Ahumada, y, más recientemente, en el asunto de los indultos, con una acusación constitucional contra la Ministra de Justicia, que a la derecha no le basta siquiera que haya salido del gobierno. La odiosidad de la oposición es grande y sus ataques no se detendrán.

Para superar la debilidad del gobierno, y enfrentar con éxito los ataques de la derecha, el Presidente Boric no tiene más alternativa que apelar a las organizaciones sociales, con las cuales debería ratificar su compromiso programático de avanzar en las transformaciones que ofreció al país.