Existe consenso de que nuestro país vive una emergencia habitacional de gran magnitud. El último catastro de campamentos de TECHO-Chile en 2021 alertó un crecimiento cercano al 74% de los hogares en asentamientos precarios en apenas dos años, superando las 81 mil familias. Luego, un estudio reciente del Centro de Políticas Públicas UC y Déficit Cero estimó el déficit habitacional en 641 mil familias, entre hogares allegados, hacinados, en situación de calle o viviendas irrecuperables y familias en campamentos. Desde hace décadas que los hogares del país no presentaban tantas dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada.

Ahora bien, esta emergencia no afecta a toda la población ni a todo el territorio por igual. Así, por ejemplo, en las regiones del norte, los pueblos originarios y los hogares migrantes presentan mayores dificultades en el acceso a la vivienda. Sin embargo, la necesidad de contar con una vivienda que se adecúe a las necesidades de los hogares, y que además esté integrada en términos sociales y urbanos, tiene un rostro que no ha sido lo suficientemente relevado: el de las mujeres jefas de hogar, quienes constituyen la mayor proporción del déficit habitacional. Parte importante de ello se explica por el allegamiento: muchos hogares monoparentales liderados por mujeres deben apoyarse habitacionalmente en sus familiares. A menor nivel de ingresos del hogar allegado, es mayor la probabilidad de que presente jefatura femenina: así se intersectan la vulnerabilidad socioeconómica y habitacional. De acuerdo al Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO-Chile, cuando las mujeres son las sostenedoras principales del hogar aumentan en cerca de un año y medio más los años de ahorro necesarios para obtener una vivienda propia.

Los campamentos replican esta tendencia. El catastro MINVU de 2019 indicó que el 55,3% de los hogares presentan jefatura femenina y más de un tercio de ellos corresponden a madres solteras. Lo mismo con el hacinamiento: un tercio de las mujeres en 2017 residían en hogares con dos núcleos, lo que revela la imposibilidad de independizarse de otros miembros de su familia extendida.

La manera en cómo las mujeres viven la exclusión urbana y habitacional está fuertemente relacionada con la construcción social del género. Frente a esta exclusión, la organización comunitaria constituye una respuesta al abandono del Estado y a la desprotección que enfrentan estos hogares, y en esto las mujeres han cumplido un rol clave; por lo mismo, no es casualidad su preponderancia en los comités de vivienda y dirigencias sociales. En contextos de pobreza y exclusión social, el rol de las mujeres responde al trabajo de cuidados que se desarrolla en dos escalas: tanto en los barrios (en forma de dirigencia de organizaciones comunitarias) como en los hogares (crianza y cuidado al interior de las viviendas).

En el camino hacia un déficit habitacional cero hay varios desafíos que hay que tener en cuenta. Entre ellos resulta fundamental que quienes trabajamos por esto comprendamos que no se trata sólo de construir viviendas nuevas, sino que estas deben cumplir con ser adecuadas en términos económicos, sociales, culturales y territoriales, y también desde el punto de vista de su acceso equitativo en términos de género.

En definitiva, nuestra política debe no sólo reconocer este vínculo, sino reformular los criterios de selección de los actuales programas, priorizando aquellos hogares vulnerables con prevalencia de mujeres jefas de hogar ofreciendo soluciones coherentes y adecuadas a las necesidades y particularidades de los hogares.

No podremos resolver esta emergencia si no es con una política pública habitacional con una real y efectiva perspectiva de género que incorpore en sus estrategias y planes la pluralidad de experiencias y categorías que se intersectan a la de “ser” mujer en contextos de exclusión.