El miércoles 26 de mayo los diputados de Renovación Nacional Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen presentaron un proyecto de modificación del artículo 19 Nº 11, inciso tercero de la Constitución Política de la República de Chile, consistente en añadir la frase: “Asimismo, se prohíbe en la educación parvularia, básica y media el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje dentro de la enseñanza oficial reconocida por el Estado” (acá el documento completo: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=14600&prmTIPO=INICIATIVA). Con ello, pretenden prohibir por ley el uso de lenguaje inclusivo de género en la educación chilena. Más allá del desacuerdo político de fondo que tengo con este proyecto (me parece que representa un estertor patético del conservadurismo reaccionario) y de su futilidad (pretende intervenir en un texto constitucional que ya apesta a gladiolos), me parece grave y a la vez irrisorio que diputados de la República presenten un proyecto tan supinamente ignorante de los avances de las ciencias del lenguaje. ¿Acaso no tienen presupuesto para hacerse asesorar? ¿Dónde quedó el deseo de “políticas basadas en evidencia”?

La idea misma de “desnaturalizar el lenguaje” no tiene sentido: el lenguaje es una práctica social cuya “naturaleza” (si existe tal cosa) no está dada de antemano, sino que constantemente se recrea y negocia en la interacción social. No hay tal cosa como “reglas que no se pueden quebrantar” en asuntos de lenguaje; el lenguaje siempre cambia y nunca es realmente idéntico a sí mismo. Por otra parte, pretender que la “naturaleza” del lenguaje la determine la Real Academia Española es simplemente desconocer lo que el momento político actual del país ha revelado descarnadamente: las élites ya no pueden arrogarse la definición de lo legítimo.

El proyecto de estos diputados debiera irse al tacho de la basura además porque, como, irónicamente, ellos mismos afirman, citando a la RAE: “los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores”. Si lo mismo vale para los intentos de frenar los cambios lingüísticos, ¿para qué perder el tiempo legislando al respecto?