¿Por qué se habla de un fin a Sename? Ya sabemos que Sename ha sido una institución creada en dictadura que institucionalizó, desde el espíritu neoliberal y a nivel nacional, a niños y niñas bajo vulneraciones y abandono. Este servicio contempló el reforzamiento de oferentes privados como instituciones colaboradoras que aportaran eficiencia, las cuales recibirían incentivo económico por niño atendido bajo el sistema de subvención, que se estableció en el año 1980 para instituciones   de atención de protección no ambulatoria; misma lógica que se instala en el sistema educativo. Por ende, desde esta política se fue acrecentado la existencia de centros privados de atención, y el tiempo estadía de niños, niñas internados.

La nueva institucionalidad, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia busca cambiar la estructura del servicio Sename actual, dividiendo la atención en un servicio de protección a la niñez y adolescencia, éste traspasado al Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio de Responsabilidad Adolescente y de Reinserción Juvenil, al Ministerio de Justicia. Esta nueva estructura es la que ha reforzado la idea en el actual gobierno en plantear que pone “Fin al Sename”. Al respecto Sebastián Piñera, a partir de esta nueva institucionalidad, señala que “estamos haciendo todos los esfuerzos para poder devolverles a esos niños el cariño, la alegría y la dignidad”, anuncio que fue refutado por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señalando la ausencia de un sistema de garantía de derechos y que la lógica del nuevo organismo de protección “continúa con un sistema de subvenciones, propio de una visión tutelar y caritativa”. Esta crítica, compartida de hecho, es la que ha sido señalada por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en que plantea que Chile sigue el enfoque de derechos adoptando una visión asistencial. Situación que conlleva a diversas problemáticas planteada luego del informe de la ONU del año 2018.

El complejo escenario de la niñez, conocido en los últimos años, marcó presencia en las manifestaciones populares desde octubre de 2019, por el derecho a una vida digna, con amplia y fuerte crítica al servicio en un “No más Sename”. La vida en dignidad reclamada en las calles tiene una mayor connotación en el “No más Sename”, movimiento ciudadano que reclama derechos y es más que cambiar de institucionalidad. Lo que se busca es que no se vulnere los derechos de niños y niñas; que no por una condición de pobreza, como muchos casos, deban ser desvinculados de sus familias. La crítica es la falta de sintonía de políticas públicas con escasa atención a las necesidades materiales de existencia, en resguardo a los derechos humanos de las familias, que hoy han sufrido abandono. La exigencia es una nueva sociedad donde no existan diferencias en educación, salud y trabajo que pauperizan a las familias, dejándolas en extrema situación de riesgo para sus hijos e hijas. Al respecto, la ONU en 1989 ya señalaba en la Convención de los Derechos del Niño: “El derecho a que sus padres reciban la asistencia necesaria para que puedan desempeñar de la mejor manera sus roles parentales”.

Este mismo organismo en 2018 realizó, a partir de una denuncia, un informe del Comité de los Derechos del Niño sobre el proceder del servicio, entregando dentro de sus recomendaciones que exista una protección integral de derechos para los niños y niñas, que puedan acceder a políticas públicas de calidad que busquen prever ingresar a una protección más especializada. La deuda actual con ellos está en privarlos de una institucionalización, para que no sean separados de sus familias, las que debiesen contar con herramientas para una crianza sólida, respetuosa y con apoyo para brindar educación y salud; y que de esa forma vivan en ambientes favorables para su desarrollo y crecimiento.

Los mejores programas de protección son los que promueven la no separación de las familias, así lo refuerza informe de Unicef (2014). Por ende, el sistema de protección a la familia debe ser especial para los procesos de crianza y ahí se falla, en que ésta no se logra abarcar en los territorios. Esta carencia conduce a derivar muchas veces en programas cerrados, situación que conlleva a niños y niñas a ser separados de entornos familiares, cercanos sociales y educativos. Pensar un sistema de protección es buscar todos los esfuerzos por acompañar a las familias, en resguardo a la niñez a nivel territorial. En este campo de acción, los centros educativos, colectivos y redes comunitarias asignan un gran valor en escuchar a la niñez, en construir, crear espacios participativos y educativos en derechos humanos; que, al parecer, adolecen de ser prioridad de las políticas públicas actuales y se presentan como un atributo a potenciar y ampliar en el contexto de la nueva Carta Fundamental para nuestro país.

En este sentido, y respecto al nuevo Servicio de Responsabilidad Adolescente, el anuncio gubernamental en esta nueva estructura estatal considera la condición “de vulnerabilidad en la que se encuentran también los adolescentes infractores de ley que busca “medidas de acción inclusivas, que garanticen oportunidades de desarrollo y una educación que transforme sus vidas”. Si bien es lo que resulta pertinente realizar, es por sobre todo prioritario que jóvenes reciban dichas garantías en su entorno familiar, comunitario local, no desde el encierro, el cual se debe prevenir. Y esto porque el anuncio gubernamental de la nueva institucionalidad hace hincapié en atender a adolescentes que “han tenido problema con la justicia”, siendo que el problema real es la injusticia que se les ha presentado a los jóvenes. ¿Pero de dónde viene el problema? Esto nos invita analizar la sociedad que se ha construido en el Chile neoliberal, bajo coordenadas exitistas, individualistas, de selección y discriminación, que han generado un gran problema: la injusticia y falta de oportunidades en la que viven hoy muchos jóvenes.

El énfasis que nos exige la nueva institucionalidad en materia de protección y de responsabilidad adolescente es una ley que cree un sistema de garantías derechos que refuerce la idea de niño y niña sujetos de derechos con capacidades para ejercerlos y un rol más presente del Estado en su protección. Sin esta ley, en nada podemos asegurar que se esté colocando fin a un sistema de protección y justicia juvenil nefasto, que reproduce vulneraciones a los derechos humanos de la niñez.