En las recientes elecciones en Chile, Emilia Nuyado Ancapichún, se convirtió la primera mujer hulliche en llegar al Congreso de Chile. Oriunda de la zona rural costera de la comuna de San Pablo en la Región de Los Lagos, esta Consejera Conadi (2004 a la actualidad) y concejal de la misma comuna (2012-2016), fue elegida con 8.142 votos (6,26%) en el distrito 25 de la Región de Los Lagos.

La opinión pública también destacó el triunfo del DC, Francisco Huenchumilla, como “el primer senador mapuche”. No obstante, en el pasado otros hombres pertenecientes a pueblos indígenas ya habían logrado espacios importantes de representación dentro del estado: entre 1924 y 1973, ocho hombres mapuche fueron electos como representantes en la Cámara Baja, destacando Francisco Melivilu, Manuel Manquilef y Rosendo Huenuman entre los más conocidos, y uno de ellos —Venancio Coñuepan—además fue Ministro de estado.

En este escenario, el desafío de Emilia en la esfera política es mayor, pues implica representar no solo a los pueblos indígenas y al pueblo mapuche en particular, avanzando en el reconocimiento constitucional, la defensa de los territorios, el derecho al autogobierno, el mejoramiento de los procesos de consulta y el diseño de políticas públicas culturalmente pertinentes; sino también a todas las mujeres indígenas rurales y sus necesidades específicas, para incidir positivamente en la superación de la situación de exclusión, invisibilización y desventaja que éstas enfrentan actualmente.

Para comprender qué implica la representación de las mujeres indígenas rurales, hay que partir de la situación socio-económica y política que los pueblos indígenas que viven actualmente en Chile, la que está históricamente fundada en la ocupación y despojo territorial, y la falta de reconocimiento político como sujetos de derecho; elementos que se traducen concretamente en una brecha estructural entre indígenas y no indígenas. Según la Cepal, la gran mayoría de los indicadores económicos, sociales, políticos y de cumplimiento de derechos, muestran que los pueblos indígenas están en situación de desventaja en relación al resto de la población.

Ahora, al analizar la composición interna de esta brecha, se puede observar que ésta tiene una expresión territorial, étnica y, además, de género diferenciada: según diversos estudios de RIMISP, esta brecha aumenta para las mujeres indígenas en relación a los hombres indígenas, para las personas indígenas que viven en zonas rurales versus los que viven en zonas urbanas, y para las personas pertenecientes al pueblo mapuche en comparación a los otros pueblos indígenas presentes en Chile. Dicho en forma simple, una mujer mapuche rural tiene mayores probabilidades de ser discriminada y excluida que un hombre indígena urbano perteneciente a otro pueblo originario.

Basta con algunos ejemplos para comprender la magnitud de esta brecha. Las mujeres indígenas rurales poseen una especialización en el manejo de ciertos recursos naturales vitales para la sobrevivencia de sus pueblos, por lo que a pesar de que el cambio climático y la degradación ambiental afectan a hombres y mujeres indígenas y no indígenas, ciertos procesos de deterioro y contaminación ambiental afectan mayormente a las mujeres indígenas rurales, erosionando sus funciones tradicionales y desencadenando procesos que derivan en una mayor precariedad y pobreza para las mismas. Para participar en política, las mujeres indígenas deben enfrentar una doble discriminación y exclusión: discriminación étnica por su condición de indígenas, y la de género, expresada en las cargas de trabajo doméstico y distribución de roles culturales en los ámbitos privado y público, que obstaculizan su participación plena en las estructuras de toma de decisiones, tanto a nivel de sus comunidades, como en el ámbito político local, regional y nacional.

Es en este contexto que hay que felicitar la elección de Emilia Nuyado como diputada: no solo porque avanza en la constitución de un Congreso que represente verdaderamente la diversidad interna del país; sino también, porque permite relevar en la agenda legislativa, las problemáticas específicas de las mujeres indígenas rurales para participar plenamente de la vida social, política, económica y cultural del país. El desafío es grande, pero sin duda, el trabajo de Emilia en el parlamento, y de las mujeres y comunidades indígenas en cada uno de sus territorios, nos permitirán avanzar hacia una sociedad más justa y fraterna, donde el principal activo para el desarrollo sean el reconocimiento y valoración de nuestra enorme diversidad.