Un reportaje que publicó Ciper durante las últimas horas, da cuenta de una serie de hechos alusivos a una investigación realizada a agentes del Ejército por espiar a la jueza Romy Rutherford. En este sentido, se apunta a un hombre de chaqueta oscura, cuya imagen aparece en un video que acompaña el reportaje  donde se lo identifica como César Neira Medina, sargento primero que presta servicios para la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Las imágenes fueron captadas en septiembre de 2019.

Neira se encontraba junto a otra persona que no ha sido aún identificada en la esquina de las calles Morandé con Compañía, justamente frente a la oficina de la ministra de la Corte de Apelaciones, Romy Rutherford, quien investiga millonarios fraudes en el Ejército.

Respecto de la grabación, esta se encuentra en poder del Ministerio Público, donde se están llevando a cabo indagatorias en el contexto de una denuncia por eventual espionaje contra la jueza.

El encuentro casual que terminó en denuncia

Días previo a este registro, el sargento Neira se encontró con un antiguo camarada que lo habría reconocido. Se trataba del ex sargento segundo Juan Pablo Díaz, quien también había prestado servicios para Inteligencia.

En este contexto, Díaz le consultó directamente a Neira qué hacía en ese lugar. "Vigilando a los arrepentidos", fue su respuesta. Díaz, en rigor, era uno de estos últimos y habría sido blanco de la denominada "Operación Topógrafo", consistente en interceptaciones telefónicas realizadas por el Ejército a quienes denunciaron hechos de corrupción castrense. Por eso, en la ocasión, Díaz iba a declarar a la oficina de Rutherford, algo que aparentemente Neira desconocía.

El ex sargento segundo admitió que al constatar que el despacho de la magistrada era vigilado por la DINE para identificar a quienes iban a declarar, le avisó de inmediato a su abogado, Cristián Cruz. Fue entonces cuando organizó la grabación de César Neira y su acompañante, mientras se mantenían haciendo un punto fijo en el lugar. Ambos agentes, comentó, fueron vistos en ese mismo lugar durante varios días de agosto y septiembre de 2019.

Ministerio Público inicia investigación

El abogado Cruz dijo que las imágenes, junto a una declaración de su representado fueron entregadas el 3 de febrero último a la jueza.

Pese a que la magistrado no emitió declaraciones en el contexto de este reportaje, desde el Poder Judicial informaron a Ciper que envió los antecedentes a la Fiscalía. Mientras, en el Ministerio Público confirmaron que se nombró al fiscal Jaime Retamal, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para que liderara esta investigación.

El responsable del reportaje citado ubicó al sargento Neira Medina en su domicilio de La Reina, constatando que se trata de la misma persona del registro audiovisual. Neira admitió ser funcionario activo del Ejército y dijo no estar al tanto de la denuncia que lo involucra, al mismo tiempo que aseguró haber sido llamado a declarar estos hechos.

Paralelamente, la institución castrense informó que a septiembre de 2019, Neira estaba destinado al Regimiento N° 1 de Inteligencia “Soberanía”, afirmación que mantienen hasta hoy.

Ya había antecedentes de espionaje militar

Esta no es la primera vez que se tienen antecedentes respecto de un operativo de espionaje militar a la oficina de Rutherford. El 5 de enero, La Tercera publicó un artículo en el que detalla que el 28 de agosto último, Carabineros intentó controlar a dos sujetos en actitud sospechosa frente a la ventana del despacho de la magistrada. Ambos escaparon corriendo, pero se logró detener a uno de ellos, quien resultó ser Aníbal Simón Fernández Gajardo, funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Tras el control de detención la jueza contactó al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. El jefe de la DINE, general Pedro Varela Sabando, concurrió a dar explicaciones a la magistrada, mientras desde el Poder Judicial informaron al diario de circulación nacional que la ministra notificó de los hechos  al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.

La explicación que entonces dio la institución castrense al diario fue que los funcionarios de la DINE “realizaban labores de seguridad a los efectivos de la institución que se encontraban cumpliendo diligencias en dichos tribunales, producto de algunas amenazas que se habían recibido a través de redes sociales”.

El ex sargento segundo Juan Pablo Díaz, desestima esta versión. “Si los agentes hubieran estado haciendo una vigilancia y protegiendo a los que van a declarar, no tenían por qué haber arrancado. Se hubiesen identificado, bajo perfil, y no hubiese pasado nada. Pero arrancaron. Eso significa que no estaban haciendo seguridad”, dijo.

Como consecuencia del reportaje de La Tercera, Díaz se convence de traspasar todos los antecedentes del caso a Rutherford.

Una cultura instalada en la institución castrense

El abogado Cristián Cruz confirmó que el fiscal Jaime Retamal ya tiene la denuncia en su poder, el registro audiovisual y una declaración del testigo de Díaz, donde identifica a uno de los individuos grabados como el funcionario de la DINE César Neira Medina.

Este episodio, agrega, es parte de una seguidilla de hechos consolidados como una cultura instalada en el Ejército para intentar poner atajo a las investigaciones de los mandos castrenses.

Quien lo representa agrega que la grabación apunta a “labores que nos parecen clara e inequívocamente de espionaje a las afueras del tribunal”. Para Cruz, de hecho, esta no puede ser una decisión aislada de un sargento ni obedecer a un hecho puntual, ya que los antecedentes que maneja revelan que los agentes fueron vistos en distintas ocasiones en las mismas funciones.

Por su parte, Díaz considera que esto no tiene relación con el ámbito de la seguridad nacional, sustento legal que permite gestiones de esta categoría. "Esto es simplemente para que los generales sepan lo que está pasando, quién va a declarar a la oficina de la ministra. Y una medida de amedrentamiento con respecto a los que están citados ahí, para que sepan que los están vigilando", aseguró.

Las indagatorias de Rutherford

El trabajo de Rutherford considera una serie de investigaciones que involucran a oficiales que ocupan o han ocupado los más altos cargos en el escalafón militar. La indagatoria sobre gastos irregulares por concepto de viajes al extranjero, incluso considera la gestión del actual comandante en jefe, general Martínez. Adicionalmente, la jueza ha sometido a procesamientos a los ex comandantes en jefe, Humberto Oviedo (2014-2018) y Juan Miguel Fuente-Alba, por causas vinculadas a malversación de caudales públicos.

El espionaje es una práctica a la que también se han visto afectos el ex sargento Juan Pablo Díaz Pino, el capitán Rafael Harvey, el ex teniente Carlos Farías Ramírez y el cabo primero Sergio Tudesca Órdenes, el año 2017. Y justamente todos ellos son denunciantes o testigos de casos de corrupción en unidades militares.

“El Ejército, a través de su Dirección de Inteligencia, ordenó espiar a cuatro denunciantes de corrupción dentro de la institución y a un periodista (Mauricio Weibel, autor de "Traición a la Patria", donde desclasifica detalles del fraude cometido en el Ejército con millonarios recursos de la Ley Reservada del Cobre). Los siguieron, fueron operaciones de escuchas telefónicas e internet. Todos fuimos perseguidos por haber denunciado”, asegura al respecto Juan Pablo Díaz.

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El Ejército, por su parte, respondió que esta operativa de la DINE es regulada y fiscalizada por el Poder Judicial y que la integridad de sus actuaciones estaban autorizadas por un ministro de corte, como lo establece la Ley de Inteligencia. La institución montó estas escuchas porque intuía que se habían filtrado documentos de la Ley Reservada del Cobre, considerados secreto militar.

Díaz ingresó a la nómina de espiados en la llamada Operación Topógrafo porque en el año 2011, cuando estaba destinado en el Regimiento Logístico N° 3 “Limache”, denunció al jefe de esa unidad, coronel Marcelo Iturriaga Molina, por salir a beber con proveedores con los que cerraba tratos de abastecimiento, además de usar recursos fiscales y personal público para propósito personales.

Entre los proveedores mencionados se encontraba Raúl Fuentes Quintanilla, empresario formalizado por cobrar millonarias facturas falsas en el contexto del caso “Milicogate”, cuyas empresas seguían prestando servicios a Carabineros hasta el año pasado.

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