Todo parece indicar que el caso luminarias, que apunta a presuntas coimas de Itelecom a funcionarios públicos de Chillán, Iquique y Negrete, todos formalizados por el Ministerio Público, es mucho más ámplio y dichas comunas no son más que una acotada representación de una gran red de sobornos que estaría operando en el país.

Así al menos lo plantea un artículo de La Tercera, diario que divulgó parte de la investigación del Ministerio Público, en el que asegura que dos de los principales directivos de la empresa bajo investigación, los ingenieros Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones, y Ricardo Rodríguez, director comercial, declararon a la fiscalía una complejo modus operandi que considera una serie de operadores políticos, alcaldes y funcionarios municipales y del Ministerio de Energía, quienes supuestamente recibieron sobornos orientados a asegurar proyectos en municipalidades a lo largo de todo Chile.

Incluso, de acuerdo a la estimación del director de Administración y Finanzas de la firma, Leonardo Bustos, en octubre Itelecom pagó la relevante cifra de $1.659 millones en sobornos.

La compañía es una sociedad que tiene en Marcelo Lefort a su fundador y representante legal con 80% de la empresa; a Rodríguez, con 10%; Bustos, con 5%; y Marlon Jardel, director de Operaciones, con 5%.

Rodríguez, Bustos y Guerra, formalizados por la fiscalía, se encuentran con arresto domiciliario total, luego de que el Ministerio Público asumiera que, en función de las diligencias materializadas, están involucrados en el caso. Lefort, en cambio, sólo ha declarado respecto de los casos judicializados y desde mayo de 2020 está en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.

El primero en entregar nuevos antecedentes a la fiscalía fue Guerra. Lo hizo en agosto último acompañado de su abogado ante la fiscal Paulina Valdebenito y dos comisarios de la PDI.

Respecto de la manera cómo se operó en la Municipalidad de San Joaquín, aseguró que “se pagó para conseguir adjudicaciones. El pago lo efectuó Marcelo Lefort. Él comentó que a quien se pagó para favorecer a Itelecom era al alcalde de apellido Echeverría. Ricardo Rodríguez también sabía que se pagó en San Joaquín. Que yo sepa, no hubo gestor”.

Sergio Echeverría: "Estas declaraciones son de una falsedad absoluta"

Al ser consultado por el medio citado, el alcalde Sergio Echeverría (PS) negó todo vínculo. “Desconozco estas declaraciones que hace este señor, a quien no conozco, por lo demás. Son de una falsedad absoluta: jamás he recibido ningún tipo de sobornos de esta empresa. Ellos tienen contrato desde abril de 2018 con la municipalidad, pero me sorprende esta acusación. Niego cualquier irregularidad y esta persona tendrá que hacerse cargo de sus palabras", planteó.

Pese a lo anterior, anunció su disposición a cooperar con el esclarecimiento de los hechos. "Desde ya me abro a colaborar en lo que sea con la fiscalía”, dijo, al tiempo que quiso aclarar que “Contraloría, incluso, revisó este contrato y no detectó irregularidad”.

En Puerto Natales, aseguró Guerra, Cristián Ureta, un gestor de Itelecom, ofreció un pago al alcalde de esa ciudad, Fernando Paredes (UDI). “Ureta se consiguió las bases con el alcalde y nosotros se las comentamos para una primera licitación que después se bajó. Ya habíamos presentado la oferta y recibí un llamado del alcalde, posterior a eso adjudicamos. El contrato se firmó, pero no se ejecutó ningún pago al alcalde. Se canceló de mutuo acuerdo entre la municipalidad y la empresa. Como no hubo pago al alcalde para acreditar el ofrecimiento que Ureta le hizo y el alcalde aceptó, deben existir pantallazos que Ureta nos mandaba por Signal”, ilustró.

"Eso no es así, de hecho, esa licitación nunca partió el contrato. Ellos pidieron desistir y ahora estamos licitando de nuevo el proyecto", se defendió el jefe comunal aludido.

"Ese proyecto fue visado por el gobierno regional y fue hecho por Ministerio de Energía y la municipalidad sólo lo licitó", dijo luego, negando toda actividad al margen de la ley con la compañía involucrada.

El 29 de octubre, en tanto, Ricardo Rodríguez declaró en compañía de su abogado Gonzalo de la Cerda en un testimonio en el que detalló los supuestos pagos a Paredes. “Supe que Cristián Ureta también ofreció sus servicios en la Municipalidad de Puerto Natales a Marcelo Lefort con el fin de gestionar esta licitación y Marcelo me contó que había pagos comprometidos directamente por el alcalde Fernando Paredes Mansilla. Desconozco los montos”, sostuvo en la oportunidad.

Paralelamente, recordó que a mediados de 2019, Lefort recibió en una oficina de Itelecom en Santiago al alcalde junto con Cristián Ureta. “Yo solo estuve brevemente al inicio de esa reunión, básicamente saludando al alcalde y luego me fui. Como salieron a la luz irregularidades en Chillán e Iquique, ese proyecto que se había ganado, luego se revocó y por lo mismo ignoro si es que se verificaron los pagos, pero era evidente que en este caso el alcalde estaba involucrado”, planteó Rodríguez.

Adicionalmente, comentó que también le pagaron al alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala (PS), quien va por la reelección. “Una vez que se había adjudicado la empresa, nos llamó el alcalde y Lefort nos dijo que viajáramos con Pedro Guerra. Nos recibió el alcalde Alejandro Huala y nos señala que tiene un problema, porque Ureta no le había entregado $8 millones por el proyecto (...). Le pagamos al alcalde en otro viaje con Pedro, $8 millones en efectivo en una caja corrugada de vino, el dinero nos lo pasó Lefort. Le pagamos en un restaurante en el centro en el segundo piso, que tenía un privado. Llevamos el dinero en la caja de vino porque así lo sugirió Lefort”, detalló.

“Los antecedentes que esté recopilando en esta etapa la fiscalía forman parte de un proceso indagatorio en donde la Municipalidad de Coyhaique, que no ha sido requerida en esta fase, no tiene conocimiento de los detalles recabados por el Ministerio Público”, aseguraron desde la entidad al medio de circulación nacional.

Los profesionales transparentaron además, pagos en que estaría involucrada una abogada de la Municipalidad de San Miguel, “de confianza del alcalde” por $100 millones; $10 millones mediante un intermediario de nombre David Encina, vinculado a la Municipalidad de Nueva Imperial, además de supuestas coimas de Guerra al director de Secpla de Tiltil, Gabriel Segovia.

Los que operaban como "gestores" de los supuestos sobornos

Los directivos aseguraron que para hablar de coimas apelaban a la aplicación de mensajería Signal, en la que se comunicaban con varios gestores. “Estimo que en 2017 la empresa empezó a pagar sobornos. Marcelo (Lefort) me mencionó que se pagaba a gestores intermediarios que usaban este dinero para pagarles a funcionarios municipales o a otros intermediarios. Gestores son las personas que conocían a funcionarios municipales y que podían ayudar a Itelecom a adjudicar licitación”, detalló Guerra.

Uno de ellos, es Cristián Ureta, actualmente formalizado por la fiscalía y, de acuerdo a Guerra, fue gestor en Iquique y Putaendo.

Según su testimonio, Ureta también emitía facturas a Itelecom para sacar desde la empresa los dineros para pagar las coimas. “Fue el mismo Ureta quien me comentó en la época de la licitación de Iquique que Lefort le recomendó crear una empresa de instalación de luminarias para trabajar con nosotros (...). Se instaló en Puente Alto y Putaendo”, sostuvo.

Adicionalmente, dijo que Ureta solicitó que se le cancelaran los trabajos que hizo en Puente Alto “porque necesitaba dinero para pagar Putaendo, yo entendía que era para pagar los sobornos (...). Para saber cuánto se pagó a Ureta por Puente Alto, abultadamente, habría que recibir la orden de pago”.

Rodríguez también contó más antecedentes sobre el caso de Puente Alto e involucró a más gestores: “En 2018, el amigo personal de Marcelo Lefort, Víctor Amado, apodado ‘el flaco’, junto a Álvaro Lavín, que es pariente de Joaquín Lavín y asesor de la Municipalidad de Providencia, en coordinación con Lefort, se contactaron con el administrador municipal de Puente Alto llamado Christian Gore para gestionar la adjudicación de esa licitación, lo que efectivamente ocurrió”.

Pablo Zalaquett también aparece mencionado entre los contactados

En el listado de los aludidos siguen apareciendo nombres. De hecho, de acuerdo a este mismo testimonio, fue Lavín quien contactó a Gore. “Imagino que Lavín tiene que haber recibido algo de los $350 millones. Amado le dijo a Lefort: ‘si quieres trabajar en Puente Alto, el punto de contacto es Álvaro Lavín’. Los $350 millones se pagaban en cuotas, la primera desde la fecha de la firma del contrato”, dijo Rodríguez. Y agregó posteriormente que él pensaba que esos pagos estaban vinculados a las facturas de GLH, una empresa de un amigo de Lefort, George Latrille.

“Lo que afirma el imputado es absolutamente falso, sin otra justificación sino que lograr un tratamiento ventajoso al momento de ser formalizado y negociar cautelares personales de baja intensidad. No conozco al ejecutivo de Itelecom. Nunca he participado en conversaciones con alguna persona en la Municipalidad de Puente Alto relativo a las licitaciones de ese municipio. Es primera noticia que tengo sobre una declaración de ese tenor, por lo que estudiaré junto con mis abogados la forma de enfrentar esa infamia”, se defendió el acusado.

Un conocido en el círculo político también contactado por Lefort fue el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Así al menos lo aseguró Rodríguez. “Lefort me invitó a una reunión con Pablo Zalaquett en el café Starbucks que está abajo del Hotel W y fui testigo de cómo Pablo Zalaquett señaló que podía ayudar con una asesoría a cambio de $100 millones. Este señor señaló que era muy amigo de los hermanos Alessandri, del senador y del alcalde, pero luego esto no resultó. Zalaquett se retractó, según me dijo Lefort”, dijo.

Y tampoco se quedaron con la licitación. Desde el entorno de Zalaquett admitieron la cita, pero negaron cualquier conversación sobre dinero o negocios ilegales. Según la versión del ex jefe comunal, él asistió a la reunión, pero nunca se habló de dinero o de algún acuerdo “oscuro”.