La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres emitió un duro comunicado criticando la decisión del Gobierno de nominar a Ángel Valencia como Fiscal Nacional, por su rol como defensor en causas que dicen relación a abuso sexual, secuestro de mujeres, entre otras.

La organización —de la cual fue parte la ministra de la Mujer, Antonia Orellana— alertó que la nominación de Valencia “puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas”.

Asimismo, la Red reafirmó su “desconfianza respecto de su carrera como defensor privado de agresores, abusadores sexuales, violadores y secuestradores de mujeres y niñas, desacreditando a las denunciantes en favor de su argumentación. Además, ha sido defensor de personas vinculadas a los poderes políticos y económicos”.

En esa línea, el escrito agrega: “Insistimos en que una vida libre de violencia machista es un factor clave para que exista algo de justicia en Chile. Es imprescindible que el gobierno y el Senado lo consideren en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público”.

“Si el Senado ratifica esta decisión, será cómplice de las advertencias ya planteadas”, sentencia el escrito.

Previamente, Valencia ya había sido flanco de críticas por los casos en los que había actuado como defensor. Por esto mismo, solicitó al Colegio de Abogados un pronunciamiento para reivindicar el derecho a la legítima defensa.

Al respecto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ya se había referido al tema, asegurando que para el Ejecutivo “no es un obstáculo que una persona se haya dedicado al oficio de la defensa letrada en el sistema penal, en ningún caso”.

Sobre las preocupaciones manifestadas por la ministra Orellana, Ríos señaló que “otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso. E insisto, no existe ningún veto”.

El miércoles, luego de conocerse la nominación de Valencia, el senador Matías Walker (Demócratas) defendió el “derecho constitucional a la defensa letrada de todo imputado y eso fue ratificado por el Colegio de Abogados y me parece correcto que, junto a la persona, se haya defendido ese principio”.

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