Antes de reconocer que había inventado su diagnóstico, el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade declaró tener una deuda por 27 millones de pesos para financiar un “tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer", esa enfermedad que no justamente no padece.

Tras la polémica de envergadura que generó sus revelación, el exintegrante de La Lista del Pueblo quedó en entredicho, de hecho no han sido pocos los que pidieron su salida de la Convención Constitucional. En este contexto, su primera decisión fue dimitir a su cargo en la vicepresidencia de la mesa.

Pero… ¿Puede renunciar a su cargo de convencional o ser removido por sus pares?

Jaime Bassa, vicepresidente de la mesa directiva de la Convención, salió este lunes a despejar todas estas dudas, dejando claro que “lamentamos la situación y es importante separar la dimensión personal de la institucional. Empatizamos con el dolor que esto causa en la ciudadanía y en los familiares de quienes tienen cáncer y vieron en Rodrigo un apoyo”.

“También empatizar con él, pero acá no habrá defensas corporativas y vamos a iniciar todos los reglamentos internos para ver qué está sucediendo y tomar las acciones pertinentes. Tenemos que hacer más esfuerzos por recuperar la credibilidad en esta Convención”, añadió.

En ese sentido, Bassa explicó que “cuando el Comité de Ética esté constituido vamos a ver este caso y también veremos las responsabilidades penales y civiles que se desprendan de este caso, denunciando lo que deba denunciarse en la instancia pertinente. Pero insisto, queremos recuperar la fe pública”.

“Estamos en un proceso de discusión reglamentaria y parte de esas deliberaciones son las causales de renuncia y de sacar a alguien. No hay canales de destitución y no es bueno que entre pares nos podamos destituir. Pero sí debe haber una posibilidad de renuncia y de reemplazo. Por lo pronto, Rodrigo Rojas ya renunció a la vicepresidencia adjunta de la mesa”, prosiguió.

Por último, Jaime Bassa aclaró que “los parlamentarios tampoco pueden renunciar, sólo hay una causal de salud incompatible, que debe ser revisada por el Tribunal Constitucional. Nosotros podríamos seguir esa regla acá. Pero estamos trabajando en causales de renuncia de constituyentes que contemple un mecanismo de reemplazo”.

¿Qué sucede en el Congreso en estos casos?

Sobre cómo trabaja el Parlamento en situaciones parecidas a esta, el convencional Marcos Barraza, coordinador de la comisión provisoria de Ética de la Convención Constitucional, también aclaró el panorama.

“Transitoriamente, mientras no se apruebe el reglamento definitivo de la Convención Constituyente, se aplica el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Bajo el estándar del reglamento del Congreso, lo que podrían incurrir es algún tipo de amonestación escrita, algún tipo de censura o en defecto algún tipo de amonestación a su dieta, es decir, una multa a su salario”, declaró a CNN Chile.

“Si se presentara alguna queja, denuncia, esta sería traspasada al futuro comité de Ética, que sería el órgano que aplicara disciplina, pero lo tendría que hacer bajo los parámetros, bajo los estándares del actual reglamento que rige provisoriamente, que es de la Cámara con las sanciones que señalo. Si eventualmente esto estuviese adscrito al futuro reglamento, las sanciones son un poco más elevadas: van desde la censura, la remoción de algún cargo -por ejemplo, presidente, vicepresidente de la Convención o de alguna comisión- o incluso podría ser algún tipo de remoción de la palabra transitoriamente en alguna comisión”, agregó.

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Es por eso que Barraza aseguró que “el único mecanismo para que un o una convencional constituyente pueda ser removido, suspendido del cargo, implica que alguien tenga que pedir en tribunales de justicia su desafuero. Entonces, aplica el mismo mecanismo que aplica para una diputada o un diputado, significa que desde el punto de vista del reglamento de ética hay un tipo de sanciones que son las que señalo o las que pudiesen existir si se aprueba el reglamento de ética, pero la suspensión del cargo u otra no pasa por el reglamento de ética, tendría que irse a tribunales de justicia, en tribunales comprobarse que hay alguna función de delito y eso implicaría, a partir de aquello, un desafuero. Pero no es el caso de la Convención”.

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