El caso de la introducción de la variante Delta a nuestro país y, específicamente, la aplicación de los respectivos protocolos aplicados a la persona que trajo la mutación, una chilena residente en Estados Unidos que viajó de emergencia para asistir al funeral de un familiar, suma contradicciones entre versiones diversas y desmentidos que han puesto en entredicho a la autoridad sanitaria, un tema que no sólo ha generado molestia en distintos sectores, sino que ahora llega a la justicia con una querella criminal contra el ministro de Salud y la subsecretaria de la cartera, Enrique Paris y Paula Daza, respectivamente.

Quien judicializó el tema es Luis Mariano Rendón, abogado que decidió llevarlo a tribunales asumiendo su envergadura y los riesgos que implicaría para la población la falta de control y seguimiento real y ajustado a los protocolos del caso comprobado de la mutación del COVID-19 que va camino a consolidarse como la predominante en el mundo por su alto nivel de contagiosidad.

"En virtud de lo dispuesto en los artículos 111 y 113 del Código Procesal Penal, vengo en interponer querella criminal en contra de Enrique Paris Mancilla, ministro de Salud (...) Paula Daza Narbona, subsecretaria de Salud (...) Paula Labra Besserer, secretaria regional ministerial metropolitana de salud y de todos los otros funcionarios del Ministerio de Salud que resulten responsables de los delitos de violación de normativa sanitaria y omisión de denuncia, contemplados en los artículos 318 del Código Penal y 177 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 175 del mismo Código y con el artículo 494 del Código Penal, y del ilícito de falsificación de documento público en su modalidad ideológica, contemplado en el artículo 193 N°4 del Código Penal, respectivamente, todo conforme a los fundamentos de hecho y de derecho", se lee en el escrito de Rendón.

Los antecedentes del caso

En un detallado relato de los hechos, el abogado expone cómo tras el 24 de junio, fecha en la que las autoridades de Salud informaron la detección de la variable Delta en Chile, asegurando que la portadora había cumplido cuarentena de cinco días en Santiago, se dio curso a una narrativa de los mismos que no se ajustaría a las circunstancias reales, luego del surgimiento de una versión distinta el 25 de junio, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de El Maule.

"Existe una gran contradicción entre la primera y la segunda versión de las autoridades sanitarias. Ella consiste en que de acuerdo a la última versión, la persona portadora del virus no realizó una cuarentena de cinco días en Santiago, sino '…se le autorizó a salir del hotel de tránsito el 5 de junio por la tarde (al día siguiente de su ingreso) para seguir su cuarentena en su domicilio", detalla Rendón en medio de su exposición de lo sucedido, hechos que incluso motivaron al alcalde de San Javier, Jorge Silva, a refutar la veracidad de lo transparentado por el Ministerio de Salud.  

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Según el jefe comunal, esta persona no realizó cuarentena tras llegar al país y se fue directamente del Aeropuerto de Santiago hacia San Javier, incumpliendo el protocolo del Minsal.

Adicionalmente y de acuerdo a las palabras del alcalde, la mujer tampoco fue testeada en el aeropuerto y solamente se sometió a una PCR tras cumplir siete días en el país.

"Tenemos antecedentes que la persona ingresó al aeropuerto a las 06:00 y fue trasladada por un familiar en un auto particular el mismo día 4 (…) en el sistema Epivigila no se registran cuarentena en la comuna de Santiago”, explicó el director de Salud de San Javier, Carlos Estrada, complementando las declaraciones de la autoridad comunal en medio de declaraciones cruzadas que se incrementan poniendo en entredicho a la autoridad sanitaria.

"Es inaceptable que la variante Delta haya entrado por una violación de la normativa sanitaria"

En conversación con El Desconcierto, el abogado patrocinante de la querella, quien busca perseguir penalmente a los responsables de esta situación, asegura que "resulta completamente inaceptable que la cepa más peligrosa del virus, la variante Delta, haya entrado a Chile por una violación de la normativa sanitaria".

Y agrega que "tenemos una normativa que contempla específicamente que todos los chilenos o extranjeros chilenos residentes que ingresan al país, deben guardar una cuarentena de cinco días en un hotel de tránsito. Eso está acreditado que no ocurrió, que hubo una autorización completamente anómala para esta persona portadora que venía de Estados Unidos y eso no puede quedar sin ninguna sanción".

"Se le ha provocado un daño grave a la salud del país, tenemos un sistema hospitalario colapsado y no es posible que eso ocurra", asegura luego.

"Yo como ciudadano, abogado, hago lo que está a mi alcance, pero sin duda que aquí, además de la responsabilidad penal, (por lo) que estoy pidiéndole al Ministerio Público y a los tribunales que se impongan, también hay responsabilidades políticas", señala Rendón antes de apuntar a la inacción del Poder Legislativo tras los hechos constatados.

Por último y respecto de la actitud de los parlamentarios, plantea que "la Cámara de Diputados ya debiese haber presentado la respectiva acusación constitucional en contra del ministro de Salud por una seguidilla de actos que vulneran sus obligaciones y atentan contra la salud pública y por su responsabilidad en esto, que si no lo autorizó él directamente, al menos no ha cumplido con las labores buscando fiscalizar y sancionar que el sistema funcione de manera adecuada".