Tribunal acoge denuncia penal contra Andrónico Luksic por el delito de usurpación de aguas
Este martes, el Juzgado de Garantía de Vicuña acogió y remitió al Ministerio Público la denuncia penal formulada por el abogado ambientalista Luis Mariano Rendón en contra de Andrónico Luksic.
La acción penal, que contó también con el patrocinio del abogado Cristián Hidalgo, fue presentada por la comisión del delito contemplado en el artículo 461 del Código Penal, esto es, extracción ilegal de agua.
De acuerdo con la disposición, la sanción por este delito es presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años, a los que “...teniendo derecho para sacar aguas o usarlas, se hubieren servido fraudulentamente, con tal fin, de orificios, conductos, marcos, compuertas o esclusas de una forma diversa a la establecida o de una capacidad superior a la medida a que tienen derecho”.
El delito en concreto se habría cometido en la empresa Agrícola El Cerrito, sociedad controlada por Luksic y ubicada en la comuna de Paihuano, en el Valle de Elqui, Región de Coquimbo.
La semana pasada, CIPER dio a conocer que en dicho predio existía un estanque artificial, un ducto y una bomba hidráulica que extraía clandestinamente agua desde el estero “El Derecho”. El agua era destinada al regadío de las plantaciones de uva de mesa que se cultivan en el lugar.
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La denuncia fue efectuada por pequeños regantes de aguas abajo de la empresa de Luksic, quienes reclamaron que no podían hacer efectivos sus derechos de agua, pues el canal quedaba sin el caudal suficiente después de pasar por el predio.
A modo de respuesta, la empresa denunciada reconoció que las instalaciones eran “inadecuadas” y las retiró. Luksic, por su parte, reconoció en su cuenta de Twitter que era el controlador de la empresa denunciada.
Julana, el controlador de esa compañía soy yo. Si Agrícola El Cerrito incurrió en una falta grave, debe ser sancionada por la autoridad con toda la fuerza de la ley !! https://t.co/47ovsEkQTE
— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) February 19, 2021
El abogado Rendón señaló que ahora correspondía que el Ministerio Público iniciase la investigación, la que a su juicio no presenta mayor complejidad, pues los hechos ilícitos estarían ya acreditados y al menos parcialmente confesos.
“Espero que exista una sanción ejemplarizadora, que se haga realidad en Chile el principio de igualdad ante la ley. Es realmente inaceptable que un multimillonario, para aumentar sus ganancias, despoje a pequeños agricultores de su legítimo derecho a regar sus tierras”, expresó.
El abogado ambientalista agregó que “hay quienes dicen que no hay sequía, sino saqueo. Están profundamente equivocados en lo primero, pues la sequía que golpea al país es muy real y dura. Sin embargo, sí están en lo cierto en que existe también un grave saqueo de los recursos hídricos del país”.
“Ha existido un saqueo legal, a partir del Código de Aguas de la dictadura y también existe un saqueo ilegal, como este caso y otros recientemente descubiertos dejan en evidencia”, cerró.
Denuncia de Greenpeace
Por su parte, Greenpeace presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de la ilegal extracción de agua que realizaba la Agrícola El Cerrito, y solicitó “que se inicien los procedimientos de investigación que sean del caso”, para determinar si la acción es constitutiva de delito y se sancione a los responsables.
La directora política de Greenpeace, Josefina Correa, afirmó que “algunos testimonios señalan que dicha bomba había estado instalada por más de 15 años. La afectación de un robo de agua, en caso de configurarse, es de magnitudes económicas, sanitarias y humanas inconmensurables que el Ministerio Público debe investigar en el uso de sus facultades”.
Correa agregó que “sería relevante que comience a aplicarse el sistema penal para quienes abusan y atentan gravemente contra el interés público en el aprovechamiento de bienes comunes naturales”.
En el escrito presentado por la ONG ambientalista se destaca que la zona donde se realiza la extracción ilegal de agua corresponde a “una cuenca sobre otorgada” y a una zona del país “continuamente afectada a decretos de escasez, catástrofe o emergencia hídrica”.
