Este miércoles, la Contraloría Regional entregó su informe final sobre la fiscalización del programa “Alimentos para Chile” a cargo de la Intendencia regional de Tarapacá.

Entre sus conclusiones, el organismo encontró deficiencias en el proceso de evaluación de los proveedores invitados a cotizar para el suministro de cajas de alimentación para la segunda etapa del programa de “Alimentos para Chile”, iniciativa del gobierno que pretendía ir en ayuda de las familias vulnerables y de clase media afectadas por la crisis económica generada por la pandemia global de COVID-19.

Esto, en lo referente a la acreditación de las condiciones establecidas por la Intendencia para la contratación de la empresa E- FOOD SPA.

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Asimismo, la Contraloría General de la República (GCR) constató la existencia de productos con menor gramaje que los ofertados por el proveedor, los cuales la Intendencia no habría advertido, por lo tanto, no aplicó sanciones.

Por otro lado, descubrieron que el proveedor no dio cumplimiento al cronograma definido en el contrato, originando la aplicación de una multa, la que fue rebajada por parte de la entidad auditada, sin acreditar fundadamente las causas que originaron el menor cobro.

Debido a lo anterior, la Contraloría Regional iniciará un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en los hechos observados, según consignó el medio digital EnEstrado.

Cajas duplicadas y entregadas a personas con vínculos con el Estado

Entre las irregularidades que descubrió la Contraloría está la duplicación de 274 cajas de alimentos, según lo informado por municipalidades de la región. Debido a lo anterior, la Intendencia Regional deberá requerir la información correspondiente a todos los municipios con los que suscribió convenio de cooperación, considerando además los datos de las entregas efectuadas directamente por esa entidad.

Esto para proceder a analizarla y justificar todos aquellos casos en que hubo duplicidad en la entrega, de lo cual tendrá que informar documentadamente en un plazo de 60 días hábiles, a contar de la fecha de recepción del Informe Final del Organismo.

Incluso, revelaron que se entregaron a lo menos, 952 canastas de alimentos a personas con vínculo laboral con la Administración del Estado, respecto las cuales no se acreditó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en los convenios de colaboración suscritos con las entidades edilicias. Las razones tras esta decisión igualmente deberán informarse al entre contralor con documentación correspondiente.

De salmón y té en bolsa a jurel y té en hoja

Durante el trabajo en terreno de la Contraloría Regional, descubrieron una serie de cambios en las cajas de alimentos, revisando el contenido de una muestra aleatoria. Así, detectaron que los contenidos de las canastas eran menores a los informados, y que habían alimentos reemplazados por otros de menor costo.

En una de las revisiones, “las cajas contenían tarros de fruta en conserva, con un peso neto de 415 gramos, en circunstancias que el contrato estableció un peso de 590 gramos“, y en otra “el cereal incluido en las cajas correspondía a un peso de 450 gramos, mientras que el contrato indica que debía ser de 500 gramos“.

Asimismo, informaron que “en relación con los requerimientos que habría efectuado el proveedor para realizar cambios de productos, esta aportó el documento denominado ‘Acta de cambio de productos’, sin número y de fecha 30 de julio de 2020, en la cual se autorizó la sustitución de 20 tarros de jurel y té en hoja, en desmedro de tarros de atún y té en bolsa que requería el contrato, situación que fue advertida por esta entidad en registro fotográfico de beneficiario (…) no se visualizó que se haya aplicado alguna multa por parte de la Intendencia, dado el incumplimiento en la realización”.