El sacerdote jesuita Felipe Berríos ha asumido un rol dialogante en medio de un debate abierto sobre una ley de indulto para los presos de la revuelta social que comenzó el 18 de octubre del 2019. A juicio del referente del ala menos tradicional de la Iglesia Católica, la discusión al respecto se ha extraviado, manteniéndose lejos de una discusión más central que exige una solución para los chilenos en prisión preventiva que no disponen de una sentencia ni debido proceso.

De hecho, de acuerdo a lo que establece un informe del Ministerio Público, 648 personas se encuentran en prisión preventiva, mientras que 725 han sido condenadas, de un total de 5.084 formalizadas.

Entre ellas, Berríos aborda el emblemático caso de Felipe Santana, un joven de 19 años encarcelado durante los últimos 11 meses a la espera de una condena de al menos siete años de presidio por su presunta participación en la quema de una banca de la catedral de Puerto Montt, pese a cuestionables evidencias y testimonios de los mismos policías que lo detuvieron.

“Son seres humanos que están siendo tratados injustamente“

Para el sacerdote este ejemplo revela que muchos de los jóvenes encarcelados tras el estallido social no han tenido una defensa justa y se les ha sometido al abandono político. “El Estado de Chile acusa a estos chiquillos de delincuentes, pero no se ha respetado su presunción de inocencia. Por otro lado, está el juicio social, con gente que les tiene rabia a estos jóvenes a quienes primero se les trató de héroes y después se los olvidó. Son seres humanos que están siendo tratados injustamente antes de tener un juicio justo, cuando la prisión preventiva ya ha sido un gran castigo”, cuestiona.

Paralelamente, apunta a cómo la figura de los jóvenes que saltaron torniquetes al inicio de la movilización social mutó rápidamente ante la necesidad de encontrar responsables y la urgencia por votar y conseguir el 10% de las pensiones como prioridad.

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Alega, incluso, un desequilibrio emocional colectivo que ha llevado a la sociedad a dejar de tener sueños y a cuestionar un bono de emergencia para los más pobres, pero que a la vez aplaude la gestión de las ollas comunes. “Ese mismo espíritu ha criminalizado a estos jóvenes y no sólo es la propaganda detrás de la cobertura de muchos de estos hechos, sino que es producto de una sociedad desideologizada políticamente que yo comparo con una persona sin piel, que queda expuesta a lo que venga“, aseguró en el contexto del conversatorio “DD.HH. y garantías ciudadanas de los presos de la revuelta”, organizado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, aludiendo a las noticias y temas enfocados en las “drogas, los mensajes de odio, etcétera”.

“Los camioneros violaron las mismas leyes antibarricadas de estos jóvenes“

Sobre una búsqueda de solución a través de la discusión de una Ley de Indulto para los detenidos por la revuelta, lamenta las trabas políticas con las que se ha encontrado. “He pedido, he rogado, he hablado con políticos de todos los colores, pero me piden que esperemos que pasen las elecciones para intervenir. Mientras, hay chicos que han intentado suicidarse en la cárcel. En este momento requerimos revertir este juicio social y no permitir al gobierno que siga poniéndolos como culpables”, dijo transparentando una cruda realidad, recordado su reciente visita a un adolescente de 15 años que intentó suicidarse en la cárcel de Antofagasta y que hoy está hospitalizado y encadenado a su cama.

Recordó también otras ocasiones en que el Ejecutivo ha logrado acuerdos políticos ante situaciones que involucran delitos graves, como fue el caso de último paro de camioneros que paralizó las carreteras o las condenas mínimas en casos de financiamiento ilegal de la política. “Yo le pediría al gobierno que hiciera lo mismo en este caso. Los camioneros violaron las mismas leyes antibarricadas de estos jóvenes, un delito grave, como se ha asegurado, pero el gobierno se dio cuenta que había un origen político en la demanda y decidió no aplicar la ley, sino que buscó una salida política“, criticó Berríos.