El senador Jorge Pizarro (DC) cuestionó el proyecto presentado por parlamentarios de oposición que busca el indulto general a detenidos del estallido social.

Pizarro afirmó que “estamos frente a una moción que propone un indulto sin distinguir condenados de imputados. Aquello impacta en la prohibición que tiene el Congreso de abocarse a causas pendientes, si el asunto está sometido a un tribunal, es éste el que debe resolverlo”.

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“Aquella es potestad de los Tribunales de Justicia, Fiscalía y Defensoría Penal Pública, a quienes les corresponde agilizar los procesos para determinar las responsabilidades en cada uno de los casos”, agregó.

El senador DC aseguró que “tal moción parlamentaria acerca peligrosamente los efectos del indulto general con la amnistía, al suprimir la calidad de condenado para todo efecto legal, pasando a llevar con ello la coherencia de nuestro sistema al enfrentar futuras regulaciones. Lo que se propone es indultar a quienes atentaron no sólo contra bienes públicos y privados, sino contra la democracia”.

En ese sentido, Pizarro subrayó que “bajo estas circunstancias no puedo concurrir con mi apoyo a cualquier instancia de tales características como la mencionada moción, que además extingue la posibilidad de perseguir esos delitos”.

“No hay democracia sin condena a la violencia. No estoy disponible para permitir que aquellos casos en que hubo daño a compatriotas- a su patrimonio, a su trabajo, a su seguridad- puedan ser catalogados como un acto de lucha por un país mejor”, complementó.

El legislador insistió en que “las causas que desataron el estallido social de octubre de 2019, y todas las manifestaciones violentas, no se eliminan ni reducen con este indulto general. Al contrario, esta acción ampara un acto de profunda injusticia para las víctimas”.

“Se han sobrepasado límites, y hubo quienes incurrieron en un comportamiento netamente delictual. La legítima movilización social debe distinguirse de los hechos vandálicos y el Congreso no puede prestarse para justificarlos”, señaló.

Pizarro indicó que “lo que se espera de nuestro sector es una condena irrestricta a cualquier manifestación que atente contra la paz social y un proyecto de esta naturaleza es una señal de impunidad”.

“Una instancia como ésta nos divide al colocarnos en situaciones contradictorias, dejando en un segundo plano lo que debieran ser nuestros objetivos principales desde la oposición, como es ser un permanente motor del fortalecimiento de nuestra democracia y avanzar hacia niveles de justicia social. Sobre todo, cuando el país ha decidido encaminarse hacia una nueva Constitución, una Convención Constituyente y con procesos participativos ciudadanos donde podemos elegir libremente a cada una de nuestras autoridades”, sentenció.