Este miércoles senadoras y senadores de oposición ingresaron al Congreso un proyecto de ley que establece un indulto general para quienes hayan sido apresados en el contexto del estallido social, y que, según argumentan las y los legisladores, estarían siendo víctimas de una vulneración por parte del Estado.

"Los actos que revisten características de delito, cometidos por ciudadanos y ciudadanas, son punibles desde la perspectiva penal; sin embargo, respecto de estos delitos en el contexto que se indica, se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de normalidad", dice la iniciativa.

Este proyecto fue presentado en el Senado por Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (PDC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), quienes buscan que, en el período desde el 7 de octubre de 2019 a la actualidad, se conceda un indulto a las personas imputadas o condenadas por supuestos delitos como “alzarse a mano armada en contra del gobierno legalmente constituido” o el buscar “cambiar la Constitución del Estado”, entre otros de diferentes gravedades.

Además de lo anterior, las y los parlamentarios proponen que la amnistía aplique para adolescentes que hubieran incurrido en alguno de los delitos señalados, y que hoy estuvieran siendo investigados de conformidad con la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

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Al respecto, y en un punto de prensa a la salida del Congreso, se pronunció también la diputada Camila Vallejo, quien aseguró que "estas personas están presas no por ser terroristas, ni por ser delincuentes, están presas por luchar (...) nos parece inaceptable que el gobierno siga negando esa realidad".

A esto, la diputada comunista agregó que también se está tramitando un proyecto para la reparación mediante la justicia civil para estas personas afectadas.

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Por su parte, desde la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1 sostuvieron que, junto a diversas organizaciones sociales, se encuentran en un ayuno para exigir la libertad de quienes fueron detenidos en la revuelta.

"Hoy en Chile la prisión política se está utilizando (...) no existen pruebas contundentes en muchos de los casos y tenemos más de 5.000 jóvenes procesados a nivel nacional, y más de 230 aún en prisión preventiva", explican desde la agrupación.

"Es necesario que la fuerza política se complemente con nosotros, y que llevemos adelante esta demanda", concluye la vocería.

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