El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) contra un ex cabo 2° de la Armada por su presunta responsabilidad en el incendio de la Iglesia San Francisco de Borja, uno de los hechos más llamativos suscitados el pasado 18 de octubre en medio de la conmemoración del primer aniversario del estallido social.

El recinto de uso de Carabineros para efectos de ceremonias institucionales, fue uno de los dos templos siniestrados en los alrededores de Plaza de la Dignidad luego de la masiva manifestación que congregó a más de 100 mil personas para conmemorar un año del inicio del movimiento social.

El ex funcionario de la Armada fue detenido en los alrededores de la iglesia realizando desórdenes públicos y al momento de su arresto, portaba una resortera, una máscara y lentes de protección, informó personal de la institución liderada por Mario Rozas en esa ocasión.

Por su parte, la entidad a la que pertenecía el acusado, informó que el cabo era parte de la dotación de la base aeronaval de Concón, y que esa jornada tenía día libre, circunstancia en la que se le detuvo en calle Ramón Corvalán, en Santiago Centro.

Acusado quedó con firma bimensual tras hechos del 18-O

Al día siguiente la justicia lo dejó con firma bimensual por los desmanes en los que participó, mientras que el 20 de octubre, la Armada lo dio de baja.

Específicamente desde la institución apuntaron al "grave incumplimiento de la normativa vigente en nuestra reglamentación, al haber participado directamente en actos que se apartan de la disciplina militar, no reflejan los principios y valores que nos guían, y afectan gravemente el prestigio institucional".

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Posteriormente, la Cchdh presentó una querella por el delito de "incendio agravado" contra el ex cabo, una acción que se hace extensiva a "todos los funcionarios públicos que resulten responsables, sea en la calidad de autores, cómplices o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión, en razón de los hechos y los argumentos de derecho", asegura la publicación de la emisora.

"Esta inaceptable conducta debe necesariamente llevarnos a analizar y preguntarnos acerca de cuál es la determinación que impulsa a un funcionario de las Fuerzas Armadas y de orden, a infiltrarse en manifestaciones pacíficas para transformarlas en actos delictivos, y en consecuencia criminalizar el legítimo derecho a la libertad de reunión, de expresión y de manifestación, cuyo contenido está consagrado en el ordenamiento jurídico nacional y supranacional", dice el documento.

En este sentido, la querella de la Cchdh también menciona como "hecho indiciario" lo sucedido con Oscar Cifuentes, alias "Giovanny Arévalo Álvarez", perteneciente a Inteligencia de Carabineros y quien se infiltró en ollas comunes en Lo Hermida. De acuerdo a la acción presentada en tribunales, operó "como verdadero agente provocador, figura delictual y ajena a la normativa vigente que permite infiltraciones o revelaciones en contexto de organizaciones expresamente definidas en la ley, para causar diversos delitos".