La OMS decidió mantener la hoja de coca en la Lista I de estupefacientes junto a la heroína y el fentanilo. Un estudio de la Fundación Lobeliana reconstruye las bases racistas de esa clasificación y el impacto sobre los pueblos andinos.
Hermanos Genaro y Ricardo Ccahuana, agricultores tradicionales de coca. Mazapata, La Convención, Perú.
A fines de 2025, el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó la solicitud presentada por Bolivia en 2023, con respaldo de Colombia, para reclasificar la hoja de coca y sacarla de la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.
La decisión —que mantiene a la planta junto a la heroína y el fentanilo— fue calificada de "profundamente decepcionante" por el International Drug Policy Consortium (IDPC), que señaló que ignora evidencia científica sobre los riesgos mínimos de la hoja en su forma natural.
Sin embargo, el debate tiene larga data. Un análisis publicado por la Fundación Lobeliana, firmado por su director cofundador Eugenio Figueroa, investigador independiente del fenómeno de las drogas, reconstruye la historia que llevó a la coca a ese listado: una cadena de prejuicios coloniales, ignorancia cultural y racismo institucional que, según el autor, define la política de drogas hasta hoy.
La inclusión de la coca en la Convención Única de 1961 no fue el resultado de una investigación científica rigurosa. Fue, según el análisis de Figueroa, consecuencia directa de informes elaborados en la década de 1950 por funcionarios de la OMS que nunca consultaron a las comunidades que utilizaban la planta. El más influyente fue Osvaldo Wolff, secretario del Comité de Expertos de la OMS en 1952 y 1954, quien describió al consumidor de hoja de coca como una persona "moral e intelectualmente anestesiada" y señaló el uso de la planta como una de las razones del "atraso y la miseria de la población india".
Esas afirmaciones, hoy reconocidas como abiertamente racistas, sustentaron la decisión que equiparó la hoja con la heroína y la cocaína.
Aunque esa confusión conceptual fue también técnica. La Convención de 1961 trató la coca como equivalente a su derivado: el clorhidrato de cocaína. Pero son cosas distintas. La hoja contiene alcaloides en baja concentración y su transformación en cocaína requiere un proceso de extracción química con ácidos y solventes. Lo que sería equivalente a prohibir el trigo porque puede transformarse en alcohol.
Sin embargo, esa simplificación se convirtió en la base de la política internacional de drogas y se ha mantenido durante más de seis décadas.
Mucho antes de que existiera el concepto de estupefaciente, la hoja de coca formaba parte de la vida cotidiana de los pueblos de los Andes y la Amazonía. Era medicina y alimento energético para el trabajo en altura, moneda vegetal en redes de intercambio entre comunidades de distintos pisos ecológicos, y elemento central de rituales espirituales y agrícolas. En el Amazonas, la preparación conocida como mambe —harina de coca con ceniza— acompañaba las deliberaciones comunitarias. Lo que hoy se llama "consumo tradicional" es una tecnología refinada durante milenios que permitió sostener civilizaciones en uno de los territorios más exigentes del planeta.
Ese vínculo tampoco pudo ser eliminado durante la colonia. Los conquistadores intentaron prohibir la planta por su asociación con prácticas religiosas indígenas, pero la economía colonial terminó dependiendo de ella: los trabajadores de las minas no podían sobrevivir sin coca. La planta fue así tolerada por conveniencia y despreciada por prejuicio. Esa contradicción se trasladó sin mayores modificaciones a los tratados internacionales del siglo XX.
Las campañas de erradicación forzada que siguieron a la guerra contra las drogas destruyeron economías rurales enteras en los países andinos. Familias que durante generaciones habían cultivado la planta fueron criminalizadas. El narcotráfico, en lugar de desaparecer, se desplazó: cada vez que se destruía un cultivo, aparecía otro en otro lugar. Este fenómeno, conocido como efecto globo, evidencia que la prohibición no redujo ni la oferta ni la demanda global de cocaína.
Las consecuencias ambientales tampoco son menores. Los laboratorios clandestinos instalados en zonas de cultivo —siempre cerca de fuentes de agua, esenciales en el proceso de extracción— han contaminado suelos y ríos de la Amazonía con acetona, éter, queroseno y gasolina, sin ninguna medida de protección ambiental.
Es así como la prohibición de la planta generó daños ecológicos que el uso tradicional jamás produjo.
Para la Fundación Lobeliana, la decisión de la OMS de mantener la coca en la Lista I va más allá de un error técnico: es la continuación de lo que el análisis define como un "etnocidio sofisticado". No se destruye directamente a un pueblo, sino los elementos que sostienen su identidad. Se criminaliza su medicina, se ridiculiza su ritual y se convierte su historia en un camino errado. La votación de marzo de 2026 en Viena será la próxima oportunidad para que los Estados miembros de la Comisión de Estupefacientes corrijan ese rumbo.
