Marcelo Lagos por impacto de desastres naturales: "El día que haya responsables, las cosas cambiarán"

En esa época se entendían ciertos tipos de peligros: principalmente la inundación por desbordes del Mapocho —justo habíamos tenido años con fenómeno El Niño muy intensos— y el anegamiento en el poniente de Santiago, donde la cuenca está basculada y todo escurre hacia el Maipo. También estaban las remociones en masa o flujos de detritos. Esos son los principales peligros considerados como zonas de riesgo en el plan regulador.

Pero la falla de San Ramón no se entendía en esa época como un objeto peligroso, por lo tanto no existe en la normativa. Hoy podemos decir que gran parte del piedemonte —ampliamente urbanizado y densificado— está expuesto a un peligro sísmico nuevo que antes era incomprendido, pero que no está normado. Eso significa que yo puedo densificar, instalar infraestructura crítica como escuelas u hospitales en ese piedemonte sin ninguna restricción, porque todavía no hay ningún tipo de norma que diga que esa zona debería ser restringida o mitigada. Ese camino se está recorriendo, pero es lento, porque el valor del suelo del piedemonte de Santiago es altísimo.

A eso se suma la emergencia climática, con procesos hidrometeorológicos más extremos y frecuentes. Hoy el viento se perfila como un nuevo peligro: hace poco cayeron decenas de árboles en el sector de Puente Alto. Y recordemos que Puerto Varas tuvo un tornado que nadie vio venir. En la práctica, hay una serie de procesos que se están detonando —tanto conocidos como novedosos— que no comprendemos bien y que están en gran parte huérfanos en nuestra normativa. Los niveles de exposición aumentan y con ello el riesgo.

Los desastres naturales no son naturales

— Has planteado que no existen catástrofes naturales: es el ser humano el que no prevé suficientemente el curso de la naturaleza. ¿Puedes desarrollar esa idea?

Hay todo un marco teórico al respecto, que ya salió hace tiempo de la academia. Somos homo sapiens, una especie más entre casi tres millones de especies. Nos creemos excepcionales, y eso —el antropocentrismo— nos ha convencido de que somos capaces de controlar o gobernar la naturaleza. Entonces, cuando sencillamente la naturaleza nos sobrepasa, le llamamos "evento natural extremo", "peligro", y generalmente hacemos exógena la responsabilidad.

El titular de los medios de comunicación siempre va a ser "Inundación del río Mataquito", "Erupción del Villarrica", "Tsunami en Dichato", "Incendio en Viña del Mar", "Socavón en la duna de Concón". El titular nunca va a ser "Mala planificación urbana deficiente en la duna de Concón detona y genera socavones" o "Mala planificación urbana reconstruyó Chaitén en un territorio que fue borrado en 2008". Siempre la responsabilidad se hace exógena, y de ahí viene ese constructo de que el desastre es natural. Esa naturalización facilita hacer responsables a otros del problema. Pero el problema es endógeno, es nuestro, es estructural: un modelo de desarrollo constructor de riesgo de desastre.

El socavón de Concón no existiría si no hubiéramos construido y densificado en altura sobre una duna frágil. El Teletón no habría sido destruido por el tsunami de 2015 en Coquimbo si no lo hubieran instalado a orillas de playa. Chaitén no habría desaparecido por erupciones secundarias e inundaciones si no estuviera a diez kilómetros de un volcán activo. Son decisiones humanas, particularmente de algunos humanos que tienen el poder para decidir cómo se habitan los territorios.

— ¿Y cómo se aborda hoy esa brecha?

Con cosmética. Generalmente con tecnología: un aviso temprano que te llega al teléfono diciendo "corre, viene el incendio", señalizaciones de zona de peligro, vías de evacuación, zonas de seguridad. Pero la seguridad real se logra con una buena planificación urbana, con un buen ordenamiento del territorio anticipado. Y ese elemento —que es mucho más económico que todo lo que gastas en reconstrucción después de un desastre— todavía no atraviesa las decisiones políticas y estratégicas en este país.

La orfandad del borde costero

— Estás involucrado en la discusión sobre la nueva ley del Borde Costero, que está en stand-by. Es algo de sentido común: construir en la costa frente al mar es peligroso. ¿Por qué cuesta tanto que avance?

Principalmente porque habitamos un modelo de desarrollo económico neoliberal que tiene cosas buenas, pero también muchas externalidades negativas que paga la gran mayoría. Y lo otro es no comprender el riesgo. Comprender el riesgo implica que este debe ser un elemento que atraviese desde el inicio cualquier decisión, proyecto o inversión. No en el post. Cuando pienso en el terreno, imagino el proyecto, calculo si soporta un terremoto... nadie está pensando en la probabilidad de que pase algo que afecte ese emplazamiento. Esa mirada de convivir con el riesgo, de anticiparse, es algo que no existe en la práctica.

En Chile somos cátedra en el tema sísmico: el último terremoto grande, en 2015, de magnitud 8.4, cobró la vida de entre 15 y 16 personas. En cualquier parte del mundo un terremoto de esa magnitud puede matar a miles y botar miles de edificios. Es el único ejemplo que tengo donde realmente sabemos hacerlo. Pero todos los otros peligros —el incendio, el aluvión, el tsunami, el volcán— están huérfanos en la legislación. Ni hablar del tornado de Puerto Varas, ni de las olas de calor, ni de todo lo que viene para quedarse en un contexto de emergencia climática.

Incendios: el peligro más letal

— Vemos una asimetría clara: el riesgo sísmico tiene normativa, educación cívica, preparación. Los incendios, que son igualmente periódicos y cobran más vidas, no. ¿Por qué?

Toda nuestra normativa sísmica arrancó a partir del terremoto de Talca en 1928. Se fortaleció con el de Chillán en 1939, después con el gran terremoto del 60 y su maremoto, con Valparaíso en 1985, con el 27F en 2010. Cada terremoto ha logrado fortalecer y mejorar la normativa y los aprendizajes.

Los incendios, en cambio, comenzaron a dispararse recién ahora. Si miras la estadística de los 70, 80, 90 a hoy, la curva va casi exponencial. Se conecta con las altas temperaturas, con el monocultivo, con la empresa forestal, con la precariedad de habitar en tomas, en lugares donde no se puede habitar pero hacia donde el modelo expulsa a quienes no califican para vivir con dignidad. Ese cóctel hace que el incendio se dispare a tal velocidad que incluso la ley de prevención de incendios forestales y rurales sigue parada en el Congreso, siendo que lleva más de dos años guardada. El incendio hoy día en Chile es lejos más letal que el terremoto. En febrero de 2024 cobró más de 130 víctimas en Viña del Mar; este año, los incendios en Penco y Lirquén.

— El entonces diputado Diego Ibáñez impulsó un proyecto para impedir la construcción en terrenos quemados y evitar la especulación inmobiliaria. ¿Cuál es el gran desafío legislativo en materia de uso del suelo?

Esto trasciende iniciativas individuales. Es un tema país, y el Ejecutivo debería priorizarlo, porque el costo que pagamos todos cuando hay un desastre es gigantesco: fondos destinados a desarrollo humano, a salud, a becas e infraestructura tienen que redirigirse a reconstrucción y rehabilitación.

Pero la prevención políticamente no se reconoce de forma inmediata. Si no ocurre un incendio, si no se quema nada, nadie va a saber que en algún momento hubo una modificación del uso del suelo. Si hay reconstrucción, hay corte de cinta, hay viviendas nuevas; eso sí es visible. Entonces la forma en que entendemos el reconocimiento político de nuestros saberes y quehaceres debe cambiar. Este es un tema que debe partir desde el Estado, presentarse al Congreso, y desde republicanos hasta comunistas todos de la mano deberían priorizarlo, porque esto está a la vuelta de la esquina. Cada año es más probable.

En cuanto a los contenidos legislativos, depende del peligro. El incendio es particularmente complejo: puede alcanzar una categoría donde modifica la meteorología local y su comportamiento se vuelve impredecible. En ese escenario, el uso residencial no debería estar en áreas de influencia donde hay combustible. Pero no está regulado, y si la empresa privada hace un cortafuego, al día siguiente aparece tomado. El Estado no tiene capacidad ni recursos para fiscalizar. Hay mucha gente que vive en la informalidad, especialmente por los procesos migratorios, y esa informalidad generalmente se localiza en usos de suelo que no son aptos para habitar.

Senapred: avances y recursos pendientes

— ¿Cómo evalúas el desempeño de Senapred en sus primeros años? ¿Cuáles son sus desafíos más relevantes?

Senapred es una tremenda institución. Pasó de ser una oficina a un servicio del Estado, lo que le da más relevancia, dependiendo del Ministerio del Interior. Sin embargo, cuando Piñera aprobó la creación de Senapred antes de dejar el gobierno, lo dejó sin recursos. Lo dejó con mucho poder, con las mismas personas, pero sin presupuesto; quedaron atados de manos porque la nueva ley les exigía mucho más de lo que podían cumplir.

Gradualmente ha ido avanzando. Hoy los municipios tienen por obligación una dirección de reducción del riesgo de desastre, cosa que antes no existía. En el papel están las herramientas. El gran desafío viene en recursos, tanto económicos como humanos, que les permitan hacer cumplir lo que dice la ley. Si se cumpliera por escrito, los niveles de riesgo disminuirían de forma sustantiva en el país.

El fetiche del terremoto

— El terremoto es algo así como un fetiche nacional. ¿Por qué nos conmueve tanto y otros peligros igualmente periódicos no?

Porque a diferencia del incendio en Penco o del aluvión en la quebrada de Macul, el terremoto es sentido por mucha gente al mismo tiempo: afecta un territorio gigantesco. Y dependiendo de su duración, puede hacerte aparecer la finitud. Cuando llevan un minuto ahí, se ve quién corre y quién no, si el periodista va a seguir en cámara o no. Eso hace que el terremoto tenga una sensibilidad especial que no tienen los otros peligros.

Pero somos una sociedad que rápidamente olvida. Y ese olvido también está conectado con los aprendizajes de convivir con terremotos. Este edificio donde estamos tiene fácilmente 60 años, y ha aguantado el del 85, el del 2010. Cuando nuestras estructuras soportan, se genera una ilusión de invulnerabilidad, como que lo olvido porque estamos protegidos. Tiene una parte buena: estructuralmente los edificios no colapsan, el terremoto no mata a la gente en Chile, lo que mata gente son las estructuras mal mantenidas o el adobe descuidado. Pero de alguna forma eso también es un arma de doble filo: caemos en el relajo.

— ¿Cuál sería el escenario sísmico más preocupante para Chile hoy?

La zona metropolitana de Chile está incubando probablemente un gran terremoto. No sabemos cuándo, pero podría ser tan grande como el de 1730, que todo indica que fue comparable al de Valdivia en 1960. El escenario sería mucho más complejo que el de Illapel en 2015 o el 27F: aquí está concentrado el 50 o 60% de la población del país, el Congreso, los medios de comunicación, la fibra óptica, el gas. Un terremoto importante, gigante, con tsunami en la zona central de Chile metropolitana, es un escenario que no tiene nada que ver con los anteriores.

Pero nadie está pensando en eso, porque estamos en esta ilusión de invulnerabilidad. A mí lo que más me preocupa, más que lo sísmico en sí, es esa ilusión de que las cosas no van a pasar. Chaitén fue borrado en 2008 y hoy tiene un nuevo plan regulador que permite casi todos los usos de suelo que había antes, con hospital, con escuela, en zonas donde evidentemente por mucho tiempo hubo restricción al habitar. ¿Dónde están los aprendizajes? ¿Dónde está la disminución del riesgo desde el Estado?

Cuando no hay responsables, no hay cambios

— En minería hay consecuencias jurídicas ante accidentes graves, y los estándares suben. En los desastres urbanos, no. ¿Cómo se explica esa diferencia?

Exactamente eso es lo que pasa: cuando no hay consecuencias, no hay cambios. Si mañana aparece un socavón en la duna de Concón, la empresa inmobiliaria, la constructora, el director de obra, no tienen consecuencias. En cambio, en minería, si hay un accidente grave, inmediatamente las hay, y los estándares de seguridad se mueven hacia arriba.

El colapso de la represa de Brumadinho en Brasil mató a cerca de 270 personas. Las acciones de BHP Billiton cayeron y desde ese día gran parte de las empresas mineras del mundo están atentas con sus relaves, porque saben que el problema ya no es solo hacia adentro de la mina, sino hacia afuera. En cambio, cuando un aluvión sepulta un asentamiento humano, un río desborda el hospital, no hay responsables. Así es como lo estamos abordando.

El día que haya responsables, el día que el alcalde vaya a la cárcel, el día que el ingeniero que calculó y el arquitecto que firmó tengan consecuencias reales, las cosas cambian. Algo de eso se vio, parcialmente, en el caso del edificio Alto Río en Concepción, que colapsó con el 27F. El calculista fue buscado. Ese es un camino fértil que la normativa debería profundizar.

Los seguros también son una alternativa: permiten compensar y vivir con el riesgo. Pero no todo el mundo puede pagar un seguro y hay peligros que ya nadie quiere asegurar. En Estados Unidos, el seguro contra incendios forestales está dejando de ser cubierto porque el escenario de peligrosidad ya se disparó. La sorpresa es la nueva normalidad y tal como aseguras tu vehículo, el seguro puede ser una forma de buscar equilibrio, pero evidentemente no es para todos, sobre todo en países con mucha precariedad como los nuestros.