También influyen otros factores, que reconozco. Yo misma, como lectora, reconozco que a cierta altura la información es tanta, tan abrumadora y tan dramática, que uno termina insensibilizándose o tratando de no tomarle todo el peso. Eso tiene consecuencias en la salud mental y en el ánimo, y cada uno tiene que seguir haciendo su vida y buscando el lado positivo. Así que tampoco le echo toda la culpa a la audiencia.
Pero sí fue una preocupación para nosotros. No hay ninguna duda de que lo que contamos es importante. Después, el caso en torno a Samuel Donoso saltó a la palestra porque entró en la querella del Consejo de Defensa del Estado, y ahí sí todos los medios hablaron de él. Y ahí estaban las investigaciones de Reportea para darle contenido a esas acusaciones. Influyen muchas cosas, pero lo importante es que podamos conversarlas y que existan espacios donde se le pone el énfasis que creemos que hay que ponerle.
Donoso, Zaliasnik y la tríada de los nombramientos
-¿Por qué hoy se vuelve a hablar de Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik?
Porque el mismo Hermosilla, en su declaración, los pone como ejemplo de otros abogados que operaban de esta forma: influyendo en nombramientos y cobrando favores en las cortes. Incluso dice que ellos podían llegar a tener más influencia que él en tribunales. En el caso particular de Zaliasnik, afirma que tenía más llegada que él a ciertos jueces.
Lo que nos está diciendo Hermosilla, a la Fiscalía y a todos, es "yo no soy el único". Este sistema de funcionar bajo la mesa, en la oscuridad del Poder Judicial, no es algo que partiera ni terminara con Hermosilla.
Donoso y Zaliasnik son figuras importantes porque durante el último gobierno de Sebastián Piñera participaron igual de fuerte que Hermosilla en los nombramientos judiciales, en una especie de tríada entre estos tres abogados. Después eran ellos mismos quienes litigaban frente a los jueces que habían ayudado a nombrar. No es que se les pidiera una opinión: activamente beneficiaban a estas personas, conseguían reuniones, se juntaban, hacían llamados telefónicos. Todo muy impropio, considerando que luego tenían que litigar frente a esos mismos jueces.
Los dos son abogados penalistas muy connotados hasta hoy, de tarifas muy altas. Uno puede preguntarse por qué esa tarifa tan alta: porque efectivamente tenían una llegada distinta a los jueces. Samuel Donoso, además, fue fundador del Partido por la Democracia, de centroizquierda, y terminó pasándose a la otra vereda, tal como Hermosilla, que viene del Partido Comunista. Ambos terminan con lazos muy fuertes con la derecha, trabajando con Piñera y defendiendo a autoridades de su gobierno perseguidas en tribunales por el estallido social, la pandemia y otros temas.
-Otro nombre en esa órbita es el de Andrés Chadwick.
Exacto. La llegada de Hermosilla a la derecha se explica porque se transforma en un tremendo amigo y "compañero de vida", como lo calificó Chadwick en su momento, del exministro del Interior.
Donoso y Zaliasnik también son conocidos por defender en tribunales a las esferas del poder: gente con poder que se ve envuelta en algún problema y que recurre a este tipo de abogados para salir de sus problemas judiciales.
El caso de Gabriel Zaliasnik tiene una connotación extra, porque durante muchos años fue presidente de la comunidad judía en Chile. Ese es uno de los antecedentes más importantes para el rol que cumple hoy: es embajador de Chile en Israel, por lo menos hasta ahora.
-Al momento de esta conversación, no está claro si se mantendrá en ese cargo.
Hasta ahora se ha mantenido, y uno se pregunta con justa razón por qué el Gobierno no lo ha cuestionado. Zaliasnik está imputado en la investigación de la Fiscalía y hay varias aristas en las que está involucrado. No solo está su influencia en nombramientos judiciales, sino también la defensa que hizo del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas.
-¿Por qué es polémica esa defensa?
Por cómo se habría financiado. Hay una coincidencia temporal que se ve muy claramente en los chats de Hermosilla con Chadwick y de Hermosilla con Zaliasnik. Rozas, que recordemos era el general director durante el estallido, estaba querellado por violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas, y se decide que Zaliasnik lo defendería en tribunales.
Zaliasnik dice que necesitaba que se le pagaran esos honorarios. De hecho, reconoce que a otros carabineros los representó pro bono, gratis. Pero en el caso de Rozas estaba pidiendo dinero.
En esas conversaciones, para conseguir el dinero, se menciona reiteradamente a Loreto Silva, en ese entonces presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), una empresa estatal. Y en ese mismo periodo el estudio jurídico de Zaliasnik firma un contrato millonario para representar a ENAP en un arbitraje internacional con una empresa española.
Hasta ahora es una coincidencia, pero lo pusimos sobre la mesa porque el mismo Zaliasnik aparece en otros chats pidiendo acceso a fondos reservados, algo que no corresponde, porque son defensas privadas. Cabía al menos preguntarse si salió dinero desde ENAP para financiar la defensa de Rozas y pagarle a Zaliasnik. Hemos podido comprobar que eso lo está investigando la Fiscalía, porque podría existir un posible fraude al fisco.
Todavía no hay certeza; eso se tiene que probar. Tele13 publicó hace poco un reportaje con otros detalles. La defensa de Zaliasnik dice que esa defensa la financió una corporación privada creada para ayudar a los carabineros perseguidos por la justicia. El problema es que la persona que fundó y administra esa corporación niega cualquier participación de Loreto Silva, según ese mismo reportaje. Hay que seguir escarbando, y la Fiscalía debería realizar diligencias para aclarar ese escenario.
Las instituciones bajo la lupa
-El abogado Mauricio Daza dijo en El Desconcierto que es inentendible que Chadwick no esté formalizado en la arista Manuel Guerra. Son abogados como Daza y María Inés Horvitz quienes presionan para que no se cierren los casos, e incluso el fiscal nacional, Ángel Valencia, está en entredicho. ¿Las instituciones no están a la altura?
Uno puede concluir lo mismo respecto de muchas instituciones del Estado chileno. Es cierto que hay un patrón muy claro: muchas aristas del caso Hermosilla se abren no por iniciativa de la propia Fiscalía, sino como consecuencia de una publicación de prensa, generalmente del periodismo de investigación.
Pero también hay fiscalías que han hecho un excelente trabajo, diría yo. La Fiscalía de Los Lagos, que investiga la trama bielorrusa, las posibles coimas que habría recibido Vivanco en el litigio en que Codelco salió muy mal parado frente al consorcio bielorruso Belaz Movitec, ha hecho un trabajo bastante impresionante y contundente.
Así que tengo fe en las instituciones que componen nuestra justicia: cortes, Ministerio Público y las mismas policías. Hay que decirlo, Carabineros y la PDI tienen un rol fundamental, porque los fiscales les piden que realicen las diligencias.
-Pero las policías también han sido cuestionadas por casos de corrupción.
Es tremendamente complejo, porque tenemos a policías de la propia brigada antinarcóticos del aeropuerto traficando cocaína y éxtasis a través del aeropuerto. Pero creo que dentro de esas instituciones todavía hay personas que le hacen justicia a la labor que les ha encomendado la República y que tratan de hacer las cosas bien.
El gran problema es que vemos caso de corrupción tras caso de corrupción y no se toman medidas. Ese es el conflicto, porque la experiencia internacional muestra que es muy difícil echarlo atrás. Llegamos a un punto de no retorno y simplemente constatamos que el crimen organizado, por ejemplo, ya se metió en las profundidades del sistema. Eso es lo que estamos viendo ahora.
Sí, tengo cierta fe, pero las autoridades tienen que sacar lecciones, aplicar medidas y cambiar cómo funcionan las cosas para evitar que estos casos se sigan repitiendo.
La "Agencia de Nombramientos"
-Reportea publicó esta semana una nueva arista del caso Vivanco, bautizada como "Agencia de Nombramientos", donde aparece Héctor Mery. ¿De qué se trata?
Primero, el nombre "Agencia de Nombramientos" no lo pusimos nosotros. Es el que le da la propia Fiscalía a la interna, porque lo que se investiga es la compra y venta de cargos dentro del Poder Judicial: conservadores, notarios, jueces, etcétera.
Lo que trae novedad es una declaración de Héctor Mery. Para quienes no lo recuerdan, era el jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia en el último gobierno de Piñera, por la que pasaban todos estos nombramientos. Era la mano derecha del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y apoyaba a Piñera en la decisión de quiénes iban a ser nombrados.
Mery declara que efectivamente recibió llamadas de Ángela Vivanco para favorecer los nombramientos de Sergio Yáber en Puente Alto y de Yamil Najle, cuando este intentaba llegar al Conservador de Iquique. Najle no lo consigue en esa ocasión; después entra al Conservador de Chillán.
Desde esas posiciones, Najle en Chillán y Yáber en Puente Alto, ellos ayudan a lavar el dinero que habría recibido Vivanco por los fallos a favor del consorcio CBM y en contra de Codelco. Esa es la teoría de la Fiscalía. Lo que declara Mery es importante porque ahí se empieza a configurar el escenario de soborno: una ministra de la Corte Suprema interviene para que ellos consigan un cargo, y luego ellos contratan a su pareja para que preste servicios en sus conservadores.
-¿Cómo operaban esos pagos?
Estos dos conservadores le pagaban 3 millones de pesos mensuales a Gonzalo Migueles, por varios años. El caso de Yáber ha dado mucho más material. Cuando empezamos a mirar quiénes trabajaban en ese conservador, nos dimos cuenta de que no solo estaba Migueles con vínculos con el Poder Judicial. También había familiares de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel que tenían que armar la terna para ese cargo, es decir, que jugaron un rol en su nombramiento.
También estaba, por ejemplo, la hija de Sergio Gahona, senador de la UDI. Y apareció el vínculo con Gahona y con el senador Matías Walker, de Demócratas, con quienes Yáber tiene una relación de camaradería: en sus cuentas bancarias se ven pagos a estos dos personeros políticos. Ellos lo justificaron diciendo que Yáber era el padrino de uno de sus hijos y que los apoyaba.
-¿Cuánto dinero movía Yáber?
La cartera era muy grande. Puente Alto no es el conservador más grande, el más grande es Santiago, pero aun así sus trabajadores nos dicen que ganaba por lo menos 50 millones de pesos mensuales. Recuerdo haber visto, en la documentación del caso Hermosilla, los informes que generan los bancos sobre el perfil financiero de sus clientes. En el de Yáber decía que su entrada mensual era de 80 millones de pesos. Era una billetera bastante cargada, y es parte de lo que tendrá que mirar la Fiscalía.
Además de esos dos nombramientos, se están revisando los de otros dos conservadores con vínculos con Ángela Vivanco: el de Viña del Mar, Luis Fischer, y el de Concón, Carlos Swett. Se le complica el escenario a la exministra de la Corte Suprema.
-¿Qué ha dicho Vivanco?
Siempre ha negado haber beneficiado a estos conservadores. Ahora Mery lo descarta: dice "no, ella me llamó". Y agrega que probablemente ella no sabía que esto no lo hacen los ministros de la Corte Suprema. No hay una norma que lo prohíba, pero Mery explica que los ministros de carrera no lo hacen. Vivanco no llegó a ese cargo por hacer carrera en cortes y juzgados, sino desde fuera del Poder Judicial. Quizás no conocía esos códigos no escritos, dice, pero efectivamente llamó. Me permito citar al exfiscal Carlos Gajardo: "Somos tontos hasta las 12".
-¿Se puede decir que Mery está colaborando con la investigación?
Uno podría decirlo con esta declaración. Pero recordemos que al inicio del caso Hermosilla, cuando todavía no tenía la envergadura que tiene ahora, la justicia requisó el teléfono de Mery. Él recurrió a la misma justicia para frenar eso, consiguió que se lo devolvieran y ese teléfono nunca se perició. Yo me pregunto de cuántas otras cosas nos habríamos enterado si se hubiera periciado en ese momento.
-Después de todo lo que reveló el teléfono de Hermosilla, uno esperaría lo contrario: avanzar en fiscalizar. ¿Por qué la reacción fue protegerse?
Mery reaccionó completamente a la defensiva. Lo único que trató de hacer fue recuperar su teléfono, y lo consiguió.
Chimeneas: una fiscalización desigual
-Reportea también reveló que la fiscalización de chimeneas a leña es mucho menor en el sector oriente que en comunas como San Bernardo o Puente Alto. ¿Qué encontraron?
Después de este invierno le pedimos a la Seremi de Salud, por Transparencia, las cifras de fiscalizaciones y multas de los últimos 10 años por uso de chimeneas en la zona urbana de Santiago. Recordemos que esa es justamente la zona donde está absolutamente prohibido. Fuera de ella, alrededor de la ciudad, en Melipilla, Talagante o Curacaví, sí está permitido, excepto en episodios críticos como alertas ambientales y preemergencias.
Lo que encontramos nos sorprendió. La cantidad de fiscalizaciones en la zona oriente, la zona acomodada de la capital, es completamente distinta a la de fiscalizaciones y multas en el resto de las comunas, especialmente las más populosas, como Maipú, Puente Alto y San Bernardo.
Para sopesar estas cifras revisamos los estudios que calculan cuántas chimeneas hay por comuna. El más reciente a nivel comunal es de 2012, y hay que hacer esa prevención porque son cifras antiguas. Pero no hay nada que compruebe que hayan bajado más en Las Condes que en Puente Alto, y en ese momento la cantidad de chimeneas en ambas comunas era la misma.
El gran problema es que, según las cifras de la seremi, en Las Condes no se aplicó ninguna multa en 10 años, mientras en Puente Alto se aplicaron casi 80. Los expertos nos dicen que incluso esas 80 son muy pocas para 10 años. Pero el énfasis del reportaje está en esta disparidad tan grosera. Según las cifras de 2012, en San Bernardo había menos chimeneas que en Vitacura. Aun así, la seremi fiscalizó solo 20 veces en Vitacura en 10 años y más de 570 en San Bernardo.
Esa disparidad la tiene que explicar la autoridad, porque las razones para fiscalizar en San Bernardo o Puente Alto son las mismas que en Las Condes y Lo Barnechea. Los expertos nos dicen que en esa zona se sigue ocupando leña. Yo misma estuve ahí el último invierno y el olor a leña se siente. Uno de los expertos nos dijo: "Yo vi las chimeneas encendidas". No podemos pensar que eso está erradicado en la zona oriente como para no ir a fiscalizar.
Agrego otro dato: también pedimos las cifras de este invierno. Cero fiscalizaciones en las comunas de la zona oriente. Cero. Ahí queda la pelota en la cancha de la seremi para explicar por qué.
-Es una desigualdad que afecta incluso a los propios vecinos de esas comunas. ¿Hay temor a fiscalizar a quienes tienen más poder?
Hay que mirar los criterios que ocupa la seremi para fiscalizar. Le da mucha importancia a las denuncias. Pero yo me pregunto: si un vecino de Las Condes, Lo Barnechea o Vitacura ve que su vecino prende la chimenea, quizás decida prender la suya antes que ir a denunciarlo, si total no pasa nada.
*Puedes ver la entrevista completa en esta nota o en nuestro canal de Youtube, donde además puedes dejarnos tus comentarios y opiniones.
