Dirigentes de organizaciones de estudiantes de secundarios y universitarios manifestaron su preocupación por el proyecto "Aula Segura" que buscará que buscará proteger a directores, alumnos y profesores de actos de violencia extrema.

El proyecto pretende modificar el DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, permitiendo que ante hechos graves de violencia, el director o directora del establecimiento puedan expulsar y cancelar la matrícula del estudiante afectado, notificando de esta situación por escrito a los padres o apoderados responsables.

Sin embargo, esta medida no fue aceptada dentro del movimiento estudiantil por ser considerada ineficiente, represiva y no buscar construir una mejor educación.

Juan Pablo De la Torre, presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) y Vocero Confederación de estudiantes de Chile (Confech), afirmó que “el Gobierno no entiende lo que ocurre en esos colegios, porque el presidente, la ministra, todas las autoridades y sus familias estudiaron o estudian en colegios para ricos. Pensar que el problema se va a solucionar con represión, es pensar de manera errada. Van a expulsar a ese estudiante ¿y luego qué?, ¿dónde irá ese adolescente expulsado? ¿a la calle, al Sename? Lo más probable, es que vaya a otro colegio y se continúen los mismos ciclos, porque el Estado nunca se ha preocupado de ese adolescente. Con esto, el gobierno nos demuestra que es incapaz de pensar soluciones que vayan en la línea de planes formativos y cambios culturales”.

En esta misma línea, Amanda Opazo, vocera de La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), expresó que “esto, no soluciona el problema de fondo, es una medida parche a todas estas circunstancias coyunturales. Ya que, actualmente estos casos de violencia muy grave pasan porque la educación no está cumpliendo el rol formativo como corresponde”.

Junto con esto señaló que “las medidas deben apuntar al rol formativo de la educación, plantearse nuevos protocolos y obviamente todo se puede solucionar a través del diálogo. Es importante apuntar a que participe toda la comunidad educativa”.

Por su parte, Amanda Cea, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), afirmó que “el gobierno está actuando de manera represiva, es evidente, que está queriendo criminalizar al movimiento estudiantil. Actúa de manera oportunista porque lo que le interesa no es el futuro de esos jóvenes, sino que reprimir a los de las clases más vulnerables de nuestro país”.

Para cerrar, concluyó que “esta es una medida unilateral del gobierno, no ha sido interactuada, ni conversada con ninguna de las actorías sociales. En esa línea, es que como movimiento estudiantil estamos dispuestos de trabajar en soluciones a estas problemáticas pero para eso tenemos condiciones. Primero, que se aborden los temas con la profundidad y la seriedad que merecen, desde un Estado que no entienda a sus ciudadanos como criminales, sino que como sujetos con derechos y en esa línea la solución debería abordar los planes formativos que generen cambios culturales y no medidas de represión hacia la cultura chilena”.