Las movilizaciones que desde hace 51 días llevan a cabo trabajadores del puerto de Coronel, el mayor terminal marítimo de la Región del Biobío, en el Pacífico, han puesto en alerta a las autoridades de los dos lados de la cordillera por las pérdidas millonarias que el bloqueo está causando en las exportaciones de la fruta argentina y apuntan a un posible nuevo punto de conflicto entre ambos gobiernos.

La empresa Puerto Coronel, ubicada más de 500 kilómetros al sur de la capital, respondió este miércoles el emplazamiento para solucionar el conflicto expresado el martes por la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, pero pidió al gobierno de Gabriel Boric "asegurar el orden público" y a "actuar con decisión".

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"Hemos gestionado tres mesas de diálogo con el fin de poder resolver el conflicto, pero sin éxito. Tenemos interés en que el puerto pueda retomar sus funciones y por lo mismo hemos realizado múltiples llamados a las autoridades y al gobierno para que aseguren el orden público y ante delitos flagrantes actúen con decisión", señaló en un comunicado la compañía.

El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, mostró el martes su "preocupación y decepción" por el conflicto laboral que enfrenta los tres sindicatos de trabajadores eventuales con la empresa portuaria y que –dijo– involucra "un perjuicio de más de tres millones de dólares”.

"Se ha puesto en duda el hecho de que toda una cadena de exportación, que se generó a través de ese puerto, no se pueda llevar adelante o no pueda tener la continuidad que se esperaba", lamentó Faurie en una entrevista a un medio local.

El diplomático expresó que los fruticultores argentinos, que han pedido a su canciller, Diana Mondino, que intervenga en el asunto, necesitan que los 110 contenedores con frutas frescas y concentrado de fruta detenidos salgan "rumbo a otro puerto chileno”.

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"Son contenedores que van a mercados del área pacífico, en especial en la costa oeste de los Estados Unidos", precisó.

Los trabajadores apuntan que entre las razones del paro hay la eliminación de 40.000 turnos al año, "lo que significaría la destrucción de los sindicatos eventuales", el impago del sueldo mínimo garantizado y la no tramitación de licencias médicas. Además, otro foco de tensión fue la aplicación de un nuevo protocolo de control de uso de drogas y alcohol dentro de las instalaciones portuarias.