Ley REP: Publican decreto que obliga a empresas importadoras de neumáticos a recolectar y reciclar el 90% de ellos
Tras dos años de trámite, ya se encuentra publicado en el Diario Oficial, el primer decreto de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), dando inicio oficial a la ley de reciclaje en Chile. Este primer decreto tiene por objetivo, que las empresas se hagan cargo de sus residuos, estableciendo metas de recolección y valorización de neumáticos que serán de cumplimiento obligatorio para los importadores de estos elementos al país.
En declaraciones emitidas por el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente, la ministra de la cartera Carolina Schmidt, comentó que estas exigencias “marcan un hito para el desarrollo sustentable del país porque es el primer decreto de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que entra en vigencia, estableciendo exigentes metas de recolección y reciclaje de neumáticos, lo que permitirá aprovechar los materiales para crear nuevos productos, disminuir la generación de basura y mejorar la calidad de vida de las personas”.
El decreto establece la obligación de que estas empresas –agrupadas en un sistema de gestión- organicen y financien la recolección de los neumáticos fuera de uso en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento en conformidad con la normativa vigente.
Para fijar las metas se establecieron dos clases de neumáticos. Por un lado, los más comunes, denominados categoría A, y que incluyen a los neumáticos que tengan un aro inferior a 57 pulgadas, con excepción los que tengan un aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas y a 51 pulgadas.
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Para la categoría A se estableció la obligación, durante el primer año, de recolectar el 50% de los neumáticos ingresados a Chile y valorizar un 25%. Esta meta irá aumentando gradualmente hasta llegar, en el octavo año de aplicación, al 90%, tanto de recolección como valorización. Además, y para asegurar que todas las zonas del país se vean beneficiadas por la regulación, se establecen porcentajes mínimos de recolección de neumáticos por regiones, en relación a su parque automotriz.
Por su parte, para la categoría B, que corresponde a los neumáticos mineros (aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas, a 51 pulgadas y aros iguales o mayores a 57 pulgadas), se reglamentó que, durante el primer año de aplicación de las metas, tengan que recolectar y valorizar un 25% del total de neumáticos hasta llegar al 100% al octavo ejercicio de vigencia de las metas.
“Actualmente la tasa de aprovechamiento de neumáticos usados llega al 17% y, del resto, una parte importante termina botado en cualquier parte, contaminando nuestro entorno y afectando la calidad de vida de las personas. Este decreto obligará a valorizar el 90% de los neumáticos categoría A que ingresen al país, los más comunes, y el 100% de categoría B, que corresponden a los utilizados en la industria minera”, enfatizó la ministra Schmidt.
El decreto estableció un plazo para las empresas de 24 meses para comenzar a cumplir las metas, por lo que el denominado año 1 será el 2023, mientras que el 2030 se alcanzará el máximo establecido por la regulación. Las empresas que no cumplan, arriesgan fuertes multas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
A su vez, para la categoría B, que corresponde a los neumáticos mineros (aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas, a 51 pulgadas y aros iguales o mayores a 57 pulgadas), la Ley REP establece que, durante el primer año de aplicación de las metas, tengan que recolectar y valorizar un 25% del total de neumáticos hasta llegar al 100% al octavo ejercicio de vigencia de las metas.
Si bien desde la industria del neumático valoraron la aprobación del decreto, advierten que la aplicación de este no será sencilla.
En una publicación realizada a principios de enero, la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), señala que la aplicación del decreto en su estado actual pondría en riesgo la efectividad de la Ley REP debido a que no se respetaría el principio de “el que contamina paga”, ya que a su juicio permite que “algunos productores no financien la cantidad total de neumáticos de cada tipo que hayan introducido en el mercado”.
En este sentido, desde la CINC señalan que el decreto no garantizaría el principio de libre competencia, introduciendo graves distorsiones al mercado de los gestores de residuos.