Una reforma de la Constitución provincial de Jujuy, redactada en tres semanas sin participación ciudadana y aprobada una madrugada, desató una ola de protestas que fue reprimida con un nivel de violencia que puso a la comunidad internacional en alerta.

Los artículos aprobados buscaban limitar el derecho a reunión y manifestación, exigir a comunidades indígenas títulos de propiedad sobre sus tierras, y dejar de lado la consulta previa e informada de las comunidades respecto a los recursos naturales que se extraen.

Jujuy se ubica dentro del denominado Triángulo del Litio, y las tierras ocupadas ancestralmente por los pueblos originarios albergan yacimientos de este mineral. La presión de la industria de la extracción de litio en la zona es fuerte: de las tres plantas de litio en funcionamiento en Argentina, dos están en Jujuy.

Las comunidades indígenas jujeñas están enfrentando desde hace años la extracción de litio; actividad cuestionada por sus posibles impactos en los ecosistemas y en el ciclo hidrológico de los salares, que también podría poner en jaque el abastecimiento de agua para las comunidades y sus modos de vida.

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