El mismo día en que el Gobierno confirmó que no expropiará los terrenos de Colonia Dignidad y el Presidente José Antonio Kast reiteró su intención de otorgar indultos en casos vinculados al estallido social, el Ministerio de Justicia desvinculó a las principales jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda.
Despiden jefaturas del Plan de Búsqueda en medio de decisiones de José Antonio Kast que tensionan agenda de DDHH
Despidos en Plan Nacional de Búsqueda se dan en jornada marcada por definiciones de José Antonio Kast en materia de derechos humanos.
La medida afectó a tres funcionarias que cumplían roles clave en el programa encargado de ubicar a personas detenidas desaparecidas.
Se trata de la abogada Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos; Magdalena Garcés, jefa del área de Búsqueda y Trayectorias; y Tamara Lagos, jefa del área de Archivos e Investigación Documental.
El Plan Nacional de Búsqueda fue anunciado en 2023 como una política pública destinada a avanzar en la localización de restos de víctimas de desaparición forzada. Su ejecución recae en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
José Antonio Kast y cambios en el Plan Nacional de Búsqueda
La salida de Zamorano fue formalizada mediante una resolución firmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con fecha 31 de marzo. En el documento se señala que la decisión responde a que la funcionaria no cumpliría con las aptitudes requeridas para la nueva etapa del programa.
El texto también menciona la necesidad de una relación de confianza entre la jefatura del programa y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, en atención a las funciones que cumple el cargo, entre ellas la conducción del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Durante la misma jornada se concretaron también las salidas de las otras dos jefaturas vinculadas al plan. Tras los despidos, las funcionarias no pudieron regresar a las dependencias del programa, ubicadas en el centro de Santiago.
Según antecedentes conocidos, una nueva jefatura asumiría en los próximos días, tratándose de una abogada que actualmente se desempeña como asesora en el Ministerio Público.
La decisión se suma a otras medidas anunciadas recientemente por el Ejecutivo, en un contexto marcado por definiciones en materia de derechos humanos que han generado reacciones en distintos sectores.
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