Un poblador fue golpeado por un efectivo de Carabineros durante un procedimiento de detención ocurrido en julio de 2017. El hecho derivó en una demanda contra el Estado y, tras pasar por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una indemnización total de $16.822.690 que deberá pagar el fisco.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el caso fue resuelto en primera instancia por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad estatal y fijó las reparaciones por daño emergente y daño moral.
Respecto de este último concepto, determinó una compensación de $13 millones, aunque ordenó descontar $3 millones que ya habían sido pagados debido a una suspensión condicional del procedimiento decretada en la causa penal relacionada con los hechos.
Tanto la parte demandante como el Fisco de Chile apelaron. El poblador buscaba aumentar la indemnización por daño moral, mientras que el Estado solicitó reducirla y modificar la forma en que debían calcularse los reajustes e intereses.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime de su Decimocuarta Sala, confirmó lo resuelto. La instancia estuvo integrada por los ministros Juan Ángel Muñoz, Mauricio Olave y Leonardo Varas.
Respecto del daño moral, los jueces señalaron que la Corte “concuerda con los razonamientos expresados por el juez de primer grado” que llevaron a determinar la compensación de $13 millones y descontar los $3 millones previamente pagados.
El tribunal también descartó que los documentos presentados por la parte demandante en segunda instancia permitieran cambiar lo decidido, debido a que se referían a la extensión del daño emergente, asunto que no había sido objeto de las apelaciones.
La Corte sí modificó la forma de calcular los reajustes e intereses. Explicó que “la determinación de la obligación de indemnizar solo queda establecida cuando la sentencia que la declara adquiere mérito ejecutorio”.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Santiago y mantuvo la indemnización total de $16.822.690 que deberá pagar el Fisco de Chile, estableciendo que los reajustes se contabilizarán desde que el fallo quede ejecutoriado y que los intereses deberán calcularse según lo establecido en la resolución.