Denunció que le cerraron paso a terreno que ocupa hace 7 años y que dice haber comprado por $47 millones: Corte ordenó despeje
Durante más de siete años, una familia trabajó y vivió en un terreno del Valle de Azapa, donde cultivaba hortalizas y realizaba labores agrícolas de forma permanente.
Según se expuso en el recurso, el predio era utilizado tanto para habitación como para la producción, lo que permitía sostener su actividad económica.
El conflicto comenzó el 24 de enero de 2026, cuando quienes se presentaban como dueños del terreno ingresaron al lugar e instalaron estacas, cercos y un vehículo en el acceso.
Estas acciones, de acuerdo a lo denunciado, bloquearon el paso hacia el predio, impidiendo el retiro de productos agrícolas y dificultando el riego de los cultivos, lo que ponía en riesgo la cosecha.
Por su parte, los recurridos negaron haber realizado un bloqueo y sostuvieron que solo ejecutaban trabajos propios del terreno.
Además, afirmaron que no existía una compraventa válida, sino un contrato de mediería que ya habría terminado.
El caso llegó a la Corte de Apelaciones de Arica, donde se analizó si estas acciones afectaban derechos fundamentales.
El tribunal estableció que no estaba en discusión que la familia ocupaba el terreno y que el 24 de enero se instalaron estacas y cercos en el lugar.
En ese contexto, la Corte explicó que, aunque exista un conflicto sobre la propiedad o el tipo de contrato, este tipo de disputas debe resolverse en un juicio correspondiente y no mediante acciones de hecho.
En el fallo se señala que realizar actos por cuenta propia para cambiar la situación existente constituye una autotutela, lo que está prohibido por la ley.
Además, el tribunal consideró fotografías que mostraban que las estacas fueron instaladas en el camino de acceso, reduciendo su ancho y dificultando el tránsito hacia el predio.
Con estos antecedentes, la Corte acogió el recurso y ordenó retirar las estacas del acceso, junto con instruir que los recurridos se abstengan de realizar acciones que afecten la ocupación pacífica del terreno mientras el conflicto no sea resuelto por la vía judicial correspondiente.
