La promesa de Kast de rebajar el impuesto corporativo: ¿Crecimiento o Acumulación?

En el Chile de 2026, el debate sobre el financiamiento de lo público parece atrapado en un bucle ideológico que desprecia la evidencia técnica y la historia económica reciente. La propuesta de José Antonio Kast, centrada en una reducción gradual del impuesto a las grandes empresas –prometiendo bajar la tasa del 27% al 23%, e incluso con la aspiración histórica de llegar al 17%– se presenta como un shock de libertad para el crecimiento.

Sin embargo, bajo la lupa del derecho y la economía política, esta receta es un anacronismo, ignorando que ningún mercado exitoso puede sobrevivir sin los cimientos de un Estado sólido y funcional. Mientras el fisco enfrenta un endeudamiento estructural y demandas sociales urgentes, insistir en que el bienestar vendrá matando de hambre al Estado a través de recortes draconianos del gasto, es una quimera que arriesga la sostenibilidad de nuestra democracia.

El espejismo del 27% y la trampa de la integración

Uno de los pilares de la retórica de la derecha radical es el supuesto agobio que sufren las empresas con la tasa del 27% del Impuesto de Primera Categoría (IDPC). Pero la realidad técnica es otra: en Chile, apenas el 3% de las empresas pagan efectivamente este máximo legal. Esta cifra no es únicamente un efecto de la integración, sino que responde principalmente al reducido tamaño del universo de firmas que están obligadas a tributar en el régimen general.

No obstante, el sistema incentiva que incluso empresas que no están obligadas a este régimen (PYMES) opten voluntariamente por él para acceder al beneficio del diferimiento. De esta manera, bajo la naturaleza de nuestro sistema integrado, el impuesto corporativo deja de ser un tributo final para operar como un mero crédito o anticipo de los impuestos personales de sus dueños, quienes pueden postergar su contribución al erario nacional de manera indefinida.

Como lo advirtió hace décadas Francisco Saffie, las empresas en Chile suelen actuar como meros agentes retenedores para la recaudación. Al proponer una rebaja en la tasa corporativa, lo que realmente se facilita es una transferencia directa hacia la acumulación de capital de los sectores más ricos, regalando liquidez a los accionistas sin garantía alguna de que ese dinero se reinvierta en el país. Si se pretendiera un alivio real a la producción, debería existir una obligación cierta de reinversión, algo totalmente ausente en el discurso libertario actual.

 El caso de EE.UU.

La promesa de que menos impuestos equivalen a más crecimiento es el corazón de la falacia neoliberal. Como señalan Joseph Stiglitz, Todd Tucker y Gabriel Zucman en su análisis sobre el Estado en “estado de inanición fiscal”, la mano invisible del mercado siempre ha dependido de la mano más dura del Estado para construir los cimientos del comercio.

En EE.UU., la reducción de los ingresos fiscales en los últimos años ha derivado en infraestructura desgastada, un ritmo de innovación más lento y una sensación de desesperación en la población. En pleno 2026, la situación fiscal estadounidense es crítica, marcada por las consecuencias de la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) de 2025, que consolidó recortes impositivos en un momento de fragilidad fiscal, llevando la deuda a superar los 38,7 billones de dólares.

La era Boric

Durante los últimos cuatro años, Chile ha intentado transitar un camino complejo hacia la justicia fiscal. Aunque la administración de Gabriel Boric vio rechazada su reforma estructural inicial, se lograron hitos que hoy están bajo amenaza, como el Royalty a la Minería (2023). Esta reforma permitió que el Estado capture una renta justa de sus recursos naturales –proyectando una recaudación del 0,45% del PIB– para financiar el desarrollo regional y la equidad territorial. Asimismo, la Ley de Cumplimiento Tributario (2024) otorgó herramientas vitales al SII, como el levantamiento del secreto bancario en casos de delitos tributarios.

Sin embargo, el sistema chileno sigue al debe. Si bien la desintegración del sistema es una reforma estructural pendiente para que empresas y personas tributen con justicia, el problema de fondo no radica únicamente en la integración. La baja carga efectiva de los sectores más ricos se explica por el diseño del régimen general y el uso estratégico del beneficio del diferimiento del impuesto personal.

Hoy, incluso empresas pequeñas que no están obligadas a este régimen optan por él para postergar indefinidamente el impuesto personal de sus dueños, permitiendo que administradores de capital paguen tasas efectivas menores que las de un gasfiter.

Esta realidad confirma la absoluta vigencia de las tesis planteadas por Saffie hace ya una década en trabajos fundamentales como An Alert from the Left: The Endangered Connection Between Taxes and Solidarity at the Local and Global Levels y en sus análisis sobre la necesidad imperativa de fiscalizar la elusión mediante una Cláusula General Antielusión (CGA).

A pesar del tiempo transcurrido, persiste esa desconexión entre impuestos y solidaridad, evidenciando cómo el Estado se ha reducido para garantizar sólo los efectos distributivos del mercado, protegiendo legalmente la acumulación de capital a través de estas estructuras de ahorro tributario corporativo.

Rentas apátridas y la soberanía fiscal

La propuesta de Kast es doblemente anacrónica, porque ignora la tendencia global hacia la transparencia fiscal. Hoy, las multinacionales –y figuras políticas con intereses en jurisdicciones opacas– trasladan cerca del 40% de sus ganancias a paraísos fiscales, una práctica denunciada por economistas como Brad Setser, siendo comparada con un deporte competitivo de los súper ricos.

Este fenómeno crea lo que se denomina rentas apátridas, que son beneficios que no tributan en ninguna parte, porque aprovechan la obsolescencia de las reglas internacionales. En este contexto, un país que reduce sus tasas corporativas voluntariamente sólo entra en una carrera hacia el fondo (race to the bottom), entregando su soberanía fiscal a cambio de capitales volátiles que no dejan huella en el desarrollo local.

Los tributos como cimiento del contrato social

El daño más profundo de la narrativa de Kast es la erosión del concepto de solidaridad. Al instalar la idea libertaria de que los impuestos son un robo, se destruye la noción de ciudadanía y pertenencia a una nación. Pagar impuestos es la forma en que reconocemos nuestra comunidad de destino.

Si un empresario utiliza las instituciones, se beneficia de un sistema legal que protege su propiedad y emplea trabajadores formados por el sistema público, alegar que su contribución es un robo es una contradicción ética insalvable. El fortalecimiento del Estado no es una amenaza distópica.

Es la única vía para que el capitalismo no termine consumiéndose a sí mismo por la vía de la desigualdad extrema. Chile necesita un Estado que, lejos de estar desprovisto de recursos, sea el motor de una sociedad justa, cohesionada y verdaderamente moderna.