El proyecto que regula la prevención y mitigación de incendios forestales deberá ser revisado por una comisión mixta, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara parte de las modificaciones introducidas por el Senado.
La Sala respaldó la mayoría de los cambios propuestos en el segundo trámite, pero rechazó tres materias específicas.
Entre ellas, la eliminación de la indemnización a propietarios por el “daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley”.
También se descartaron, por no alcanzar el quórum de 76 votos (74 a favor, 58 en contra y 3 abstenciones), normas sobre reclamación de ilegalidad y modificaciones a los planos reguladores respecto de áreas de riesgo o protección.
La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo el 3 de octubre de 2023 y aprobada en primer trámite por la Cámara el 6 de marzo de 2024, fue modificada por el Senado el 27 de enero de 2026.
Su objetivo es fortalecer la prevención de incendios mediante ajustes en planificación territorial y gestión forestal, además de fijar atribuciones del nuevo Servicio Nacional Forestal y obligaciones para propietarios de predios.
Entre sus disposiciones se contempla que la determinación de áreas de riesgo sea pública y notificada a los dueños de terrenos involucrados.
También se faculta a los Comités Comunales para la Gestión del Riesgo de Desastres a proponer medidas en zonas de amortiguación o de interfaz urbano-rural, y se establece un marco sancionatorio, regulación del uso del fuego, incentivos a la agroforestería y patrullajes preventivos a cargo de Senapred.
En el debate, parlamentarios destacaron la incorporación de participación ciudadana y educación para la prevención, pero también surgieron críticas por la eliminación en el Senado de la ayuda técnica de Conaf y por las obligaciones impuestas a los propietarios, como mantener cortafuegos y planes de manejo.
La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, lamentó el rechazo parcial y llamó a continuar la tramitación durante el próximo Gobierno, señalando que se trata de una política de Estado orientada a fortalecer la gestión del riesgo y ordenar el uso del territorio.
