Durante 2019, una funcionaria de planta de la Municipalidad de Iquique atravesó un complejo cuadro de salud mental.
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Durante 2019, una funcionaria de planta de la Municipalidad de Iquique atravesó un complejo cuadro de salud mental.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, sufrió angustia y depresión, lo que derivó en varias licencias médicas ese año.
Las licencias fueron rechazadas y, tras reincorporarse en 2020, continuó trabajando en el Primer Juzgado de Policía Local de la ciudad.
El 23 de abril de 2025 recibió una notificación desde la Sección de Personal del municipio. En ella se le informaba que se aplicarían descuentos por “remuneraciones mal percibidas”, detallando diez licencias médicas rechazadas en 2019 y dos en 2022.
Desde agosto de 2025 comenzaron los descuentos mensuales en su sueldo.
La funcionaria reclamó ante la Contraloría Regional de Tarapacá. En el documento, el órgano contralor concluyó que los descuentos vinculados a las licencias rechazadas en 2019 eran improcedentes, por encontrarse vencido el plazo para efectuarlos conforme al artículo 2515 del Código Civil.
El dictamen fue ingresado a la municipalidad en octubre de 2025, pero los descuentos continuaron.
Ante esta situación, se presentó un recurso de protección contra la Ilustre Municipalidad de Iquique, solicitando el cese de los descuentos y la devolución de $6.092.413.
La municipalidad sostuvo que actuó conforme al artículo 63 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que obliga al reintegro de estipendios indebidamente percibidos cuando una licencia es rechazada.
Argumentó que el descuento es una potestad administrativa y no una acción judicial de cobro.
La Corte de Apelaciones de Iquique recordó que el recurso de protección procede frente a actos ilegales o arbitrarios que afecten derechos fundamentales.
En el fallo indicó que bastaba para acoger la acción el hecho de que la Contraloría ya había determinado la improcedencia de los descuentos por licencias de 2019, criterio que resulta obligatorio para el municipio.
Señaló que la entidad edilicia continuó aplicándolos “de manera unilateral y tardía”, afectando garantías como la igualdad ante la ley.
Por ello, el tribunal acogió el recurso solo respecto de los descuentos vinculados a las licencias rechazadas en 2019 y ordenó restituir esos montos dentro de cinco días desde que la sentencia quede firme.
En cambio, rechazó la acción en lo relativo a las licencias de 2022, al no haberse cumplido el plazo de prescripción mencionado por la Contraloría.