Trump elimina límites a los gases de efecto invernadero vigentes desde 2009 y golpea la política climática de EE.UU.

Según explicó el mandatario tras reunirse con el actual administrador de la EPA, Lee Zeldin, la decisión pone fin a todas las normas sobre emisiones ecológicas aplicadas a modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027, y también a las proyectadas para años posteriores.

Trump calificó la medida como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense”, asegurando que reducirá significativamente los costos para fabricantes y consumidores.

Impacto económico y críticas del mundo ambiental

Durante una comparecencia en la Casa Blanca, Trump afirmó que la derogación permitirá ahorrar billones de dólares a los consumidores y que el precio promedio de un vehículo nuevo bajará cerca de 3.000 dólares.

Además, recordó su promesa de campaña de eliminar múltiples regulaciones antiguas por cada nueva normativa, señalando que su administración ha superado ese objetivo.

La decisión no tomó por sorpresa a los sectores ecologistas, que ya en marzo de 2025 habían reaccionado con dureza cuando la EPA anunció la revisión de una treintena de regulaciones relacionadas con gases contaminantes.

Aun así, el anuncio supone un golpe relevante para los esfuerzos internacionales de mitigación del calentamiento global, especialmente considerando que Estados Unidos volvió a retirarse del Acuerdo de París tras el regreso de Trump a la presidencia.

El fin de estas normas también afecta al sector de los vehículos eléctricos, que durante la administración de Joe Biden recibió un fuerte impulso mediante bonificaciones fiscales.

Esos incentivos ya habían sido eliminados, y la nueva decisión confirma el abandono de una estrategia orientada a competir con China en la industria de tecnologías limpias.

Retroceso climático y escenario jurídico incierto

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha reiterado su postura crítica frente al concepto de cambio climático, al que ha calificado en distintas ocasiones como un engaño.

En paralelo, su administración ha promovido recortes normativos, respaldado el uso del carbón y favorecido el desarrollo de combustibles fósiles, mientras bloquea o cancela proyectos de energías renovables como la solar y la eólica.

La derogación de la declaración de peligro elimina en la práctica los requisitos federales de medición, reporte y certificación de emisiones de gases de efecto invernadero para los automóviles, aunque en una primera etapa no necesariamente se aplicaría a fuentes fijas de generación de energía, como las centrales eléctricas.

Según datos de la EPA, los sectores del transporte y la energía son responsables cada uno de cerca de una cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

La agencia estima que la eliminación de estas normas generará un ahorro de 1,3 billones de dólares para los contribuyentes.

Sin embargo, expertos jurídicos advierten que el cambio de política podría abrir la puerta a nuevas acciones legales, como demandas por daños o “molestias públicas”, en un escenario de mayor incertidumbre regulatoria.