Red de corrupción que marcó al piñerismo y capturó la justicia

El 5 de junio de 2018, Sebastián Piñera, en el ejercicio pleno de sus atribuciones presidenciales, designó a Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, a la luz de los antecedentes judiciales conocidos, ese acto no puede seguir siendo presentado como un simple nombramiento institucional. Fue una decisión política que contribuyó directamente a la instalación de una red de corrupción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, una red que operó bajo la lógica del blindaje mutuo y la captura de instituciones clave del Estado.

Vivanco fue ratificada por el Senado con 30 votos, a propuesta del entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, pese a no provenir de la carrera judicial y mantener un historial de participación política activa. En cualquier democracia sana, estos antecedentes habrían exigido un estándar de escrutinio mucho mayor. Sin embargo, durante el segundo gobierno de Piñera, el objetivo no era fortalecer la independencia de los poderes del Estado, sino asegurar lealtades en espacios estratégicos, particularmente en aquellos capaces de resolver conflictos donde estaban en juego intereses económicos de gran magnitud.

En ese diseño, Andrés Chadwick, ministro del Interior y primo del presidente, cumplió un rol determinante. Chadwick fue el principal articulador político del piñerismo, el encargado de ordenar filas, administrar crisis y operar como nexo entre el poder político, el mundo empresarial y las instituciones del Estado. No se trató de una figura decorativa: fue el hombre fuerte del gobierno, el garante de que el proyecto político de Piñera se sostuviera incluso a costa de debilitar los contrapesos democráticos.

La posterior acusación constitucional que destituyó a Chadwick, dejándolo fuera de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas, confirmó lo que ya era evidente: el piñerismo ejerció el poder con una lógica autoritaria y carente de responsabilidad política. Aquella destitución, motivada por su rol durante el estallido social y las graves violaciones a los derechos humanos, no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de desprecio por la legalidad y la ética pública.

Ese mismo patrón es el que hoy se refleja en la imagen de Ángela Vivanco ingresando esposada a tribunales, imputada por cohecho y lavado de activos en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”. La Fiscalía sostiene que Vivanco dictó y firmó fallos judiciales favorables al consorcio Belaz-Movitec a cambio de pagos ilegales, canalizados a través de su pareja, Gonzalo Migueles, actualmente en prisión preventiva. Los montos investigados —decenas de millones de pesos por resolución— revelan una práctica sistemática: la compraventa de sentencias judiciales, algo impensable sin una percepción previa de protección política e impunidad.

A este cuadro se suma el antecedente del caso Cascadas, donde Vivanco participó en un fallo que rebajó drásticamente la multa impuesta a Julio Ponce Lerou, uno de los símbolos históricos de la colusión entre poder económico y político en Chile. Aunque la cifra de 60 millones de dólares no ha sido confirmada por la Fiscalía, el beneficio económico fue evidente y reforzó la percepción de que ciertos sectores empresariales contaban con una justicia a la medida de sus intereses.

Sebastián Piñera no fue imputado antes de su muerte, pero ello no borra su responsabilidad política. Fue su gobierno el que impulsó estos nombramientos, el que defendió a sus operadores y el que construyó un clima donde la corrupción no solo fue tolerada, sino funcional al proyecto de poder. El legado de Piñera es, en este sentido, un legado de captura institucional, debilitamiento democrático y normalización de prácticas corruptas.

Por eso resulta profundamente ofensivo el intento de erigir una escultura en honor a Sebastián Piñera. Los monumentos buscan consagrar ejemplos, no encubrir fracasos éticos. La historia no se escribe en bronce, sino en la memoria colectiva y en los hechos. Y los hechos indican que Piñera será recordado como un presidente estrechamente vinculado a redes de corrupción que aún hoy siguen repercutiendo en la confianza pública y en la credibilidad del sistema de justicia chileno. No haber sido juzgado no equivale a ser absuelto por la historia.