Trata, seguridad y dignidad: Un debate impostergable
El trabajo sexual ocupa un lugar incómodo en nuestras discusiones públicas, entre la invisibilización y la estigmatización. Más aún cuando en la actualidad se ha transformado en un negocio lucrativo en el que, mayoritariamente, mujeres y niñas pasan a ser víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Se trata de una realidad que nos interpela desde una perspectiva de seguridad, por ser un fenómeno estrechamente vinculado con dinámicas más amplias de crimen organizado y vulneración de derechos fundamentales.
De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 50% de los casos de trata de personas en América Latina tienen como finalidad la explotación sexual, y la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. En Chile, los informes de la PDI y de la Fiscalía Nacional han advertido que este delito se conecta con redes transnacionales que también participan en narcotráfico, contrabando y lavado de dinero.
De hecho, entre 2023 y 2025 las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes se han triplicado. Ambos delitos son, por lo tanto, parte de una economía criminal que se sostiene en la cosificación de cuerpos de mujeres y niñas, muchas veces extranjeras en situación de migración irregular.
En efecto, las mujeres que terminan atrapadas en estas dinámicas enfrentan condiciones de pobreza, discriminación racial o étnica, ausencia de redes familiares, violencia previa y falta de oportunidades laborales.
La migración irregular las vuelve especialmente vulnerables: sin papeles, sin acceso a servicios y expuestas a la extorsión, son presa fácil para las redes de explotación. Así, la historia de cada una es el resultado de desigualdades múltiples que las convierten en blanco predilecto y víctimas de la trata.
Ya no se trata de regular o prohibir el trabajo sexual: se trata de proteger a las mujeres y niñas, y de desmantelar a las redes criminales.
En un contexto en que el crimen organizado se expande y busca siempre nuevas fuentes de financiamiento, ignorar el vínculo entre explotación sexual y seguridad pública es una irresponsabilidad.
Frente a esta realidad, el debate sobre el trabajo sexual adquiere nuevas implicancias en Chile, ligadas a estructuras criminales nacionales y transnacionales. Se requiere una aproximación compleja que ponga en el centro la seguridad y los derechos de las personas involucradas.
Prevenir el fenómeno fortaleciendo las políticas migratorias, avanzar en la coordinación interinstitucional para detectar tempranamente la trata, desarticular al crimen organizado con énfasis en el seguimiento financiero de las redes junto a la cooperación internacional, y proteger los derechos de quienes ejercen este trabajo garantizando su acceso a salud, seguridad y mecanismos de denuncia sin temor a ser criminalizadas, son parte de la mirada a considerar y de un debate que hoy es impostergable.
