El Plan Nacional de Búsqueda debe ser una política de Estado
Han pasado 52 años desde el golpe de Estado que quebró nuestra democracia. Y se instauró una dictadura que persiguió, torturó, asesinó y desapareció a miles de personas. El paso del tiempo no ha borrado ni el dolor de las familias ni la responsabilidad del Estado: aún existen mujeres, hombres, niños y niñas cuyo paradero permanece en la oscuridad. Esa deuda sigue siendo una herida abierta que interpela a toda nuestra sociedad, a nuestra democracia.
Por eso es crucial convertir la memoria en acción. El proyecto de ley que impulsamos junto a la Bancada del Frente Amplio busca transformar el Plan Nacional de Búsqueda en una política de Estado permanente, con respaldo institucional y financiamiento garantizado. Esto significa que la verdad y la justicia no quedarán sujetas al gobierno de turno.
Desde la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios hemos podido escuchar relatos que estremecen de familiares y de víctimas. Testimonios de dolor que nos recuerdan la magnitud de lo que ocurrió y la urgencia de seguir buscando respuestas. No se trata solo de historias individuales, sino de un trauma colectivo que atraviesa generaciones y que no puede ser relativizado ni negado, sino sanado con la verdad.
Hace pocos días, en la Región de Coquimbo, nueve familias recibieron carpetas investigativas sobre sus seres queridos gracias al Plan Nacional de Búsqueda. Son avances concretos, que reconstruyen historias y devuelven dignidad.
Pero también son una señal clara: este trabajo no puede depender de la voluntad política del momento. Se necesita asegurar su continuidad y fortalecer la memoria como base del país que queremos construir.
A 52 años del golpe, reafirmamos que los derechos humanos no son negociables. Escuchamos aún a sectores políticos que justifican lo injustificable, que hablan del golpe como un hecho inevitable o que callan frente a la brutalidad. Frente a ellos, debemos ser claros: la democracia no se sostiene en la negación ni en el silencio, sino en la memoria, la justicia y la verdad.
Nuestro compromiso es inquebrantable: seguir buscando hasta agotar todas las instancias, seguir defendiendo la memoria como base de nuestra convivencia democrática y reafirmar que en Chile no hay futuro sin verdad, sin justicia y sin garantías de no repetición.
Porque no se trata solo del pasado. Se trata del presente y del futuro. Y de un principio que no admite retrocesos: Nunca Más.
