Diputada Marzán insiste en urgencia de crear Registro Nacional de condenados por maltrato animal tras brutales casos en 3 regiones
Brutales casos de maltrato animal registrados en las últimas jornadas en las regiones de Valparaíso, El Maule y Tarapacá reactivaron el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes cometan este tipo de delitos. Ante esta situación, la diputada Carolina Marzán reiteró su petición al Ejecutivo para que otorgue urgencia al proyecto que crea el Registro Nacional de Condenados por maltrato animal.
Los hechos que motivaron la nueva gestión parlamentaria incluyen el hallazgo de un perro golpeado y herido de gravedad en la vía pública de San Antonio, además del caso registrado en Talca, donde un hombre dio muerte a tres perros utilizando un objeto contundente y posteriormente los abandonó en la calle.
En este contexto, la parlamentaria del Partido Por la Democracia ofició nuevamente a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, para que el Presidente de la República "tal como se comprometió en su última Cuenta Pública, otorgue urgencia a nuestro proyecto".
Marzán consideró que contar con este registro "es indispensable, estableciendo una serie de inhabilidades para los autores de estos crímenes repudiables tengan además sanciones que les impidan acceder a una serie de beneficios o cargos públicos". Si bien los casos se enmarcan en la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito), que contempla penas privativas de libertad y multas, la iniciativa busca fortalecer el marco sancionatorio.
¿Qué contempla el proyecto de registro de maltrato animal?
El objetivo de la iniciativa, según explicó la diputada, es "fortalecer la implementación de políticas públicas que pongan fin a las dolorosas escenas de animales abandonados, golpeados, hambrientos, encerrados, abusados y hacinados". Asimismo, destacó que "esta es una preocupación transversal, que cada vez más convoca a la ciudadanía y donde la ley Cholito evidentemente requiere modificaciones para abarcar la realidad actual".
El proyecto establece que las personas registradas quedarían inhabilitadas de por vida para adoptar o adquirir animales, además de ejercer cargos, empleos u oficios con contacto directo con animales. Adicionalmente, se permitiría a las policías coordinar con organizaciones de la sociedad civil para resguardar animales maltratados en calidad de tenedores temporales.
Por otra parte, la iniciativa dispone la incautación obligatoria del animal si está en riesgo inminente, mientras las policías podrían coordinar con organizaciones de rescate y adopción. También se establece el deber del Ministerio Público de resguardar la integridad física del animal durante los procesos judiciales.
El pasado 16 de abril se inició la tramitación del proyecto en la Comisión de Constitución, sesión a la que asistió la ministra Macarena Lobos, quien manifestó el patrocinio del proyecto por parte del Ejecutivo y entregó el informe financiero para la implementación del registro y su actualización anual.
No obstante, Marzán lamentó que "a más de cuatro meses de ese compromiso el Gobierno aún no da curso a la urgencia, debilitando con esto la confianza que se estableció al respecto". La parlamentaria insistió en que "contar con este registro de condenados y aprobar las inhabilidades a las que se exponen los infractores es clave" para abordar de manera efectiva los casos de maltrato animal en el país.
