El imperativo del norte para Jeannette Jara

Quedan apenas cuatro meses para las elecciones presidenciales en Chile y, al menos hasta ahora, la candidatura de Jeannette Jara no cuenta con un programa definido. Esta ausencia es preocupante, especialmente considerando la escasa ventana temporal que queda para presentar una propuesta seria y articulada.

No se trata sólo de un asunto formal o técnico, sino del sustento político e ideológico que debiera acompañar a quien representa a la izquierda en esta contienda: la candidata única del pacto Unidad por Chile.

A mi juicio, Jeannette Jara enfrenta el imperativo -más bien ético que electoral- de conectar con las realidades territoriales más complejas del país. Su posición como figura gravitante en la izquierda chilena exige una estrategia que demuestre comprensión profunda y propuestas concretas para aquellas zonas históricamente postergadas.

Durante la época de la Unidad Popular, por ejemplo, el norte minero ocupaba un lugar central de la “segunda independencia nacional”. Esa memoria histórica debiera hoy reaparecer no como nostalgia, sino como clave de lectura del presente. Jara, en este sentido, haría bien en situar su eje de su relato político al norte de Chile. Estas zonas se han convertido en un epicentro de desafíos críticos que resuenan en todo el país.

Una visita a este territorio, más que un gesto simbólico, podría convertirse en una oportunidad estratégica para cumplir múltiples propósitos. En primer lugar, permitiría un diagnóstico en terreno y una escucha atenta que le acerque, sin mediaciones, a problemáticas largamente denunciadas: la ausencia del Estado, la crisis migratoria irregular y la expansión del crimen organizado.

Esta aproximación requiere, desde luego, una interacción directa y significativa con comunidades locales, autoridades regionales, organizaciones de la sociedad civil y -crucialmente- con las víctimas de la inseguridad y precariedad.

Por tanto, dentro de la construcción de su relato y plataforma programática, Jara debiera, al menos en parte, asumir el riesgo de implicarse en la experiencia vivida por los habitantes de nuestro norte.

En segundo término, una eventual visita contribuiría a visibilizar problemáticas que suelen ser banalizadas o tergiversadas en el debate público santiaguino. Sería una oportunidad para poner en el centro de la agenda nacional las urgencias del norte, desmitificar percepciones estereotipadas y presentar la complejidad de una realidad que exige soluciones integrales.

Este acercamiento debiera culminar con la presentación de propuestas coherentes, con anclaje territorial, que aborden causas estructurales y se articulen con el ideario del Partido Comunista, que históricamente ha insistido en la equidad territorial y en un rol activo del Estado como garante del bienestar colectivo.

En virtud de todo lo anterior, desde mi posición como académico en la Universidad Católica del Norte, observo cotidianamente los efectos de la débil presencia estatal en la región. Se trata de déficits estructurales persistentes y de una preocupante falta de adaptación territorial en la provisión de servicios públicos esenciales.

En la región de Coquimbo, por ejemplo, esta situación responde a una combinación de inversión insuficiente, gestión ineficiente y un marco de políticas centralistas que no logra responder a las particularidades geográficas, climáticas y sociales de las zonas más alejadas y fronterizas.

Las brechas en infraestructura y servicios públicos son palpables. Aunque existen iniciativas como el Plan Brecha Digital Cero -que busca extender la conectividad de fibra óptica a 202 comunas, entre ellas en las regiones de Los Lagos y Antártica-, persisten vastas zonas rurales aisladas con graves dificultades de acceso a la información, la educación a distancia y oportunidades económicas. Ello no hace sino ahondar la brecha digital y profundizar la desigualdad territorial.

Otro asunto crítico es la escasez hídrica. El problema no radica sólo en la disponibilidad del recurso, sino en la escasa capacidad institucional para gestionarlo con eficiencia mediante infraestructura adecuada para su almacenamiento y distribución. La falta de inversión en este ámbito, sobre todo en las zonas interiores, impacta negativamente tanto en la calidad de vida como en el desarrollo agrícola e industrial de la región.

El sistema de salud enfrenta dificultades similares. Muchas comunidades del norte cuentan con un solo hospital público (como en todo Chile), lo que genera una presión excesiva sobre una infraestructura ya de por sí limitada. La situación se repite con la educación: en zonas rurales escasea el acceso a una enseñanza de calidad. La inmigración reciente, además, ha incrementado la demanda sobre el sistema educativo público, particularmente en regiones como Antofagasta y Tarapacá.

A ello se suma una insuficiente presencial policial. Los vecinos denuncian una baja capacidad de respuesta incluso en sectores cercanos a las comisarías. Los propios gobernadores han advertido que los criterios de distribución policial deben considerar la extensión territorial y los desafíos específicos, como el narcotráfico que ingresa por el desierto.

Pese a ciertos esfuerzos del gobierno central y a la existencia de equipos especializados -como el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH)-, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente frente a la compleja geografía y a las nuevas dinámicas criminales que operan en la macrozona norte.

En suma, los déficits en calidad de vida y desarrollo local son profundos. La precariedad de los servicios básicos, la inseguridad y el abandono institucional socavan el bienestar social y obstaculizan cualquier horizonte de desarrollo económico sustentable. La crisis migratoria, intensificada desde 2017 con el éxodo venezolano, ha añadido nuevas tensiones: presión sobre los servicios públicos, aumento del empleo informal, hacinamiento y una creciente percepción de inseguridad que se traduce en tensiones sociales cada vez más difíciles de contener.

Estos son, a mi entender, los elementos que una candidatura presidencial responsable debiera tomar en cuenta con seriedad y coraje. La agenda de norte no puede seguir siendo postergada, y su integración efectiva al proyecto país es, en última instancia, una cuestión de justicia histórica.