¿Dónde está Julia Chuñil? A 9 meses de desaparición organizaciones alertan retrocesos graves en DDHH
A nueve meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, organizaciones sociales convocaron este jueves un punto de prensa en horas de la mañana, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores (Teatinos 180), para presentar un informe que alerta sobre retrocesos graves en derechos humanos y ambientales en Chile.
El documento, titulado “De la sociedad civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su 78º período de sesiones”, fue elaborado de manera colectiva por diversas organizaciones.
Estas son la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), el Centro Ecocéanos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la Plataforma Chile Mejor sin TLC y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).
El informe incluye una grave denuncia sobre la desaparición forzada de la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura, quien continúa sin ser ubicada tras casi nueve meses desde que se le perdió el rastro.
Las organizaciones señalan este caso como un símbolo de la violencia sistemática y la impunidad que enfrentan quienes defienden los territorios en Chile.
Además de abordar este caso emblemático, el informe documenta violaciones estructurales a los derechos humanos y ambientales, incluyendo:
La expansión del extractivismo bajo el discurso de la “transición energética”
Normativas que autorizan el uso letal de la fuerza por parte del Estado
Zonas de sacrificio ambiental que siguen activas
Falta de reparación efectiva a víctimas del estallido social
Se exponen situaciones concretas en comunidades afectadas por conflictos socioambientales, como Quintero-Puchuncaví, Calama, el Alto Biobío y los salares del norte, incorporando datos actualizados, testimonios de habitantes y recomendaciones dirigidas directamente al Estado chileno.
El informe, "es una herramienta de articulación entre comunidades, territorios y organismos internacionales, y un llamado urgente a frenar la impunidad estructural que amenaza a las poblaciones más vulneradas del país”, señalan las organizaciones firmantes.
