Nueva ley de aborto permitirá a matronas realizar atención clínica y prescribir medicamentos en la atención primaria
El proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso para despenalizar el aborto en Chile no solo abre un nuevo capítulo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, sino que propone avances concretos y urgentes en la atención de salud pública para las mujeres.
Uno de los cambios más significativos es la modificación del artículo 117 del Código Sanitario, que permitirá a las matronas y matrones —profesionales especializados en el cuidado de la salud sexual y reproductiva— realizar atenciones clínicas y prescribir medicamentos asociados a la interrupción del embarazo.
Este avance, destacado por organizaciones feministas y profesionales de la salud, es mucho más que una mejora técnica o administrativa: "Ampliar las facultades de la matronería no es solo una medida técnica, es una apuesta política por la autonomía, la salud comunitaria y el derecho a decidir", enfatiza Romina Suárez Madariaga, gineco-obstetra de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
Atención primaria
La propuesta reconoce el rol clave de la matronería en la Atención Primaria de Salud (APS), donde enfrentan a diario las consecuencias del miedo, la criminalización y el silencio que afectan a miles de mujeres que buscan terminar con un embarazo no deseado y no planificado.
Al permitir que estas atenciones se gestionen desde la APS, se descongestiona la red de salud secundaria y terciaria, se acortan los tiempos de espera y se garantiza una atención más cercana, oportuna e integral.
"Permitiría que la misma matrona que ya conoces, que te realiza tus controles preventivos, de embarazos pasados o de anticonceptivos, te entregue la información y la asistencia para llevar a cabo un aborto de manera ambulatoria y acompañada por quienes tú elijas", afirma la profesional.
Desde una mirada integral, este modelo de atención incorpora el control preventivo de ITS, la toma del PAP, la consejería en planificación familiar y el acceso a anticonceptivos modernos. Además, posibilita la detección de situaciones de violencia sexual y las derivaciones pertinentes, lo que resulta fundamental para un abordaje preventivo y digno.
Maternidad digna
"Las mujeres no consultan si sienten que serán juzgadas. No acceden a controles si temen ser criminalizadas. Esta ley se hace cargo de una realidad que ya existe y que urge atender: miles de mujeres abortan cada año en la clandestinidad, sin acompañamiento ni cuidado médico. Este proyecto no las empuja a abortar. Les permite hacerlo con dignidad, cuidado y sin miedo", enfatizan las profesionales que trabajan en la materia.
Incorporar estas prestaciones en la APS permite, además, tratar el aborto —ya sea espontáneo o voluntario— como parte del continuo de salud sexual y reproductiva de personas sanas, contribuyendo a su desestigmatización y despenalización social.
"Permite que los equipos de atención primaria hagan controles sin convertir la interrupción del embarazo en una enfermedad, conectando este evento con planificación familiar, prevención de ITS y del cáncer cervicouterino", señala Romina Suárez.
Acercar las atenciones a cada territorio no solo reduce derivaciones innecesarias: también evita traslados, exposición, estigmatización o revictimización, especialmente en casos de violencia sexual. Este avance normativo debe ir acompañado de inversión real en infraestructura, recursos humanos y formación.
"No se trata de ideología, sino de justicia y derechos humanos. Invertir en salud sexual y reproductiva es una obligación del Estado, no una opción. Si queremos avanzar hacia estándares de calidad recomendados para las mujeres y personas gestantes, es necesario dotar a los centros de salud primaria de más matronas, más tiempo para atenciones, y espacios físicos adecuados", alertan desde la Red de profesionales por el derecho a decidir.
Según las organizaciones, en un país donde el aborto sigue siendo criminalizado fuera de tres causales y donde persisten desigualdades territoriales en el acceso a la salud, esta ley es un paso hacia la justicia social, la seguridad médica y el respeto por la autonomía de las mujeres.
En el país, según cifras del Colegio de Matronas, hay 2,500 colegiados, agrupados en 20 Consejos Regionales a lo largo del país.
Uno de sus hitos a nivel internacional es mantener una de las tasas más bajas de Latinoamérica en mortalidad materna, lo que ha sido reconocido por la Confederación Internacional de Matronas (ICM), al misma que agrupa a asociaciones profesionales de matronas de todo el mundo.
La profesión, mayormente compuesta por mujeres según datos del Colegio de Matronas, es impartida como carrera de Obstetricia en 29 universidades, con más de 3.200 cupos disponibles solo el año pasado.
