El Tribunal Supremo de los Estados Unidos autorizó este viernes 30 de mayo al presidente de esa nación, Donald Trump, a aplicar una dura medida contra cientos de miles de inmigrantes.
De acuerdo a los medios de ese país norteamericano, aceptó la petición del Gobierno para retirar el estatus de protección temporal, concedido por la anterior administración de Joe Biden, a 532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Esto se suma a la decisión adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que publicó una lista completa de jurisdicciones santuario, que incluye ciudades, condados y estados, a los que la Casa Blanca acusa de obstruir deliberadamente la aplicación de las leyes migratorias por no colaborar y busca penalizar.
La lista incluye a 36 de los 50 estados del país con California siendo el estado con más ciudades y condados incluidos que tienen políticas santuario que limitan la colaboración de sus policías locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Illinois y Colorado también hacen parte de los estados con más gobiernos locales que han aprobado leyes para proteger a los indocumentados.
La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
La Administración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este "parole humanitario", que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE.UU., sin analizar el procedimiento caso por caso.
En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que "el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy".
"(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes", escribe la jueza.
Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora "dos opciones insostenibles". Por un lado, pueden optar por abandonar EE.UU. y enfrentarse a “peligros en sus países de origen”, tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su "parole" "y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva".
