Ley de Aborto: 1.500 firmas feministas exigen al Congreso abordarla “sin prejuicios” y como "tema de salud pública"
El debate por el proyecto de Ley de Aborto legal que anunció el gobierno de Gabriel Boric volvió a tomarse la agenda política esta semana, la cual culmina con la última Cuenta Pública que brindará al país el actual Ejecutivo.
En ese sentido, diversas organizaciones feministas respaldaron la medida y pidieron al espectro político avanzar con altura de miras hacia una ley justa y sin criminalización.
Las firmantes son 1.500 representantes, organizaciones y activistas nacionales e internacionales entre los que están desde Amnistía Internacional y Católicas por el Derecho a Decidir, hasta militantes de la Democracia Cristiana y la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.
Por una Ley de Aborto legal
Las organizaciones feministas, de derechos humanos y de salud pública emitieron una declaración pública conjunta, donde expresan su respaldo a esta nueva etapa democrática.
En su declaración pública, destacaron la urgencia de reconocer el aborto como un tema de salud pública y como un derecho fundamental que debe estar garantizado por ley, sin criminalización ni barreras.
“Este proyecto no nace de la nada. Es parte de una historia larga y valiente que ha sido empujada por generaciones de mujeres en Chile. Nosotras hemos estado ahí, y seguiremos estando: acompañando, cuidando y transformando”, señala el grupo.
“El Estado tiene una deuda histórica con los derechos sexuales y reproductivos. Es momento de saldarla con una ley justa, digna y libre de discriminación”, añaden.
Las organizaciones apoyaron además "la apertura de un debate democrático que hoy se reinicia en Chile. Ante una nueva discusión legislativa sobre el aborto, es urgente alzar las voces para defender nuestro derecho a que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y un derecho garantizado por ley, sin criminalización, sin miedos ni barreras".
Finalmente, hicieron un llamado a las fuerzas políticas a avanzar sin prejuicios hacia una legislación basada en plazos, que priorice el bienestar de las mujeres, niñas y personas gestantes.
